Corte Suprema de Estados Unidos mantiene Título 42 que permite expulsión de migrantes

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema estadounidense mantendrá por ahora los límites al asilo que fueron impuestos durante la pandemia, frustrando las esperanzas de migrantes de América Latina y de otras partes del mundo que han estado huyendo de la violencia y la desigualdad en sus países de origen y tratando de llegar a Estados Unidos.

El fallo del martes preserva una política implementada durante el gobierno de Donald Trump que estaba programada para expirar el 21 de diciembre por orden de un juez. El caso se debatirá en febrero en el máximo tribunal, y la suspensión impuesta la semana pasada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se mantendrá vigente hasta que los jueces tomen una decisión.

Con base en las restricciones al asilo, que suelen denominarse Título 42 en referencia a una ley de salud pública de 1944, Estados Unidos ha expulsado a solicitantes de asilo que estaban dentro del país en 2,5 millones de ocasiones con el argumento de prevenir la propagación del COVID-19.

Defensores de los inmigrantes interpusieron una demanda para poner fin a la aplicación del Título 42, argumentando que va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución. También han señalado que la política es obsoleta debido a la mejoría en los tratamientos contra el coronavirus.

La decisión de la Corte Suprema por votación de 5-4 se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, saturando los albergues y preocupando a los activistas que buscan la manera de brindarles atención.

“Estamos sumamente decepcionados por todos los solicitantes de asilo desesperados que seguirán sufriendo debido al Título 42, pero continuaremos luchando para ponerle fin a la política”, dijo Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, que había propugnado para que se pusiera fin al Título 42.

En un comunicado de prensa emitido el martes, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, elogió la decisión del tribunal, aunque dijo que no es una solución permanente a los problemas de inmigración del país.

“Estoy agradecida de que el Título 42 siga en vigor para ayudar a disuadir la entrada ilegal en la frontera sur de Estados Unidos. Pero no se equivoquen, esto es sólo una solución temporal a una crisis que el presidente Biden y su gobierno han ignorado durante dos años”, aseveró.

En el fallo del martes se especificó que la Corte Suprema revisará el asunto de si los estados tienen derecho a intervenir en la disputa jurídica en torno al Título 42. El gobierno federal y los defensores de los inmigrantes han alegado que los estados esperaron demasiado para intervenir, y que aun si no hubieran esperado tanto, carecen de categoría jurídica para hacerlo.

En un disentimiento, los jueces Neil Gorsuch y Ketanji Brown Jackson dijeron que, incluso si el máximo tribunal determinara que los estados tienen derecho a intervenir y el Título 42 hubiese sido adoptado legítimamente, “la emergencia con base en la cual se fundamentaban esas órdenes ha caducado hace tiempo”.

Los jueces señalaron que la “crisis fronteriza actual no es una crisis por el COVID”.

“Las cortes no deberían estar dedicadas a perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia sólo porque funcionarios electos no han logrado resolver una emergencia distinta. Somos un tribunal de leyes, no creadores de políticas de último recurso”, escribieron los jueces en el disenso.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el martes que el gobierno de Biden “ por supuesto, cumplirá la orden y se preparará para la revisión de la corte”.

“Al mismo tiempo, estamos avanzando en nuestros preparativos para gestionar la frontera de forma segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se levante, y seguiremos ampliando las vías legales para la inmigración”, añadió Jean-Pierre. “El Título 42 es una medida de salud pública, no una medida de inmigración, y no debería prorrogarse indefinidamente”.

En noviembre, un juez federal falló a favor de los activistas pro inmigrantes y fijó el 21 de diciembre como fecha para poner fin al uso del Título 42. Un grupo de estados de tendencia conservadora recurrieron a la Corte Suprema para evitar que se eliminaran dichos límites, advirtiendo que un aumento de la inmigración afectaría los servicios públicos y causaría una “calamidad sin precedentes” ante la cual el gobierno federal carecía de un plan para atenderla, según dijeron.

Roberts, que se ocupa de los asuntos de emergencia que llegan de los tribunales federales de la capital del país, dictó una suspensión para dar tiempo al tribunal a examinar más a fondo los argumentos de ambas partes.

El gobierno federal pidió a la Corte Suprema que rechazara la postura de los estados, aunque también reconoció que poner fin a las restricciones de forma abrupta probablemente provocaría “trastornos y un aumento temporal de los cruces ilegales de la frontera”.

La cuestión precisa que el máximo tribunal tiene ante sí es una interrogante complicada, en gran medida procesal, de si se les debería permitir a los estados intervenir en la demanda, en la que activistas en favor de los migrantes habían estado enfrentados con el gobierno federal. Un grupo similar de estados ganó el fallo de un tribunal de menor instancia en un distrito judicial distinto, en el cual se impedía el fin de las restricciones después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron en abril que habían decidido poner fin a la política.

Hasta la orden del juez en noviembre en la demanda de los activistas, los estados no habían buscado participar en ese caso. Pero dicen que en esencia el gobierno ha abandonado su defensa de la política del Título 42 y que deberían poder participar. El gobierno ha apelado el fallo, aunque no ha intentado mantener operando el Título 42 en lo que se resuelve el caso.