Control de armas de fuego: el dilema para el próximo presidente de Estados Unidos

Cuatro personas fueron asesinadas y otras 17 resultaron heridas hace una semana al registrarse un tiroteo en un barrio nocturno en Birmingham, Alabama; desde entonces, en Estados Unidos se han registrado más de 100 ataques con armas de fuego que involucraron a cuatro o más ciudadanos.

Los tiroteos son facilitados en la Unión Americana por la Segunda Enmienda de la Constitución, que otorga a los estadounidenses el derecho a poseer y portar armas, una facultad que no debe ser infringida por el Estado. Con esa garantía, la violencia armada en el país ha llevado a la mayoría de sus habitantes a favorecer leyes que restrinjan el acceso a lo que una minoría considera un derecho fundamental.

De acuerdo con un estudio realizado por PEW Research Center en 2023, 61 por ciento de los estadounidenses considera que conseguir un arma en su país es demasiado sencillo y 58 por ciento favorece endurecer las leyes de posesión de armas; opiniones que dividen las líneas partidistas del país, lo que favorece a administraciones demócratas para que aboguen por medidas más restrictivas.

Durante la presidencia de Joe Biden, el mandatario firmó el Acta para comunidades más seguras, un esfuerzo bipartidista que amplía la revisión de antecedentes y otorga recursos a instituciones de salud mental. De acuerdo con la Casa Blanca, en el año que lleva en operación la Oficina de Prevención de la Violencia Armada, las más de 300 mil revisiones de antecedentes han bloqueado la venta de tres mil 500 armas de fuego, algunas de ellas a agresores domésticos.

Las víctimas de las armas de fuego en Estados Unidos

A pesar de que la oficina del Ejecutivo considera el bloqueo de venta de armas como un éxito de su programa, la organización Gun Violence Archive reportó, hasta el 26 de septiembre pasado, 403  tiroteos masivos y 24 asesinatos en todo Estados Unidos.

Aunque los incidentes de este año son menores que los ocurridos para ese mismo momento del 2023, aún con la baja en la prevalencia de tiroteos estos han causado la muerte de 12 mil 556 personas y han herido a casi el doble.

Aunque la mayoría de la población estadounidense está a favor de al menos una propuesta para restringir el acceso a las armas, gran parte de las medidas formuladas para atender lo que se ha denominado “una crisis de salud pública” continúan siendo bastante divisivas.

El Centro para la Solución de la Violencia Armada de la Universidad Johns Hopkins ha propuesto cinco medidas, con base en evidencia previa, que podrían ayudar a salvar vidas. Entre ellas destacan una licencia para quienes busquen comprar un arma (este requisito no solamente incluiría un periodo de espera y revisión de antecedentes comúnmente aplicados en la mayoría de los estados), el registro ante la policía local y un curso de seguridad para prevenir accidentes.

Más allá de medidas que infrinjan en la facultad de los ciudadanos de poseer y portar armas, las propuestas de la Universidad Johns Hopkins buscan solucionar de manera integral la violencia armada con intervenciones en comunidades y grupos propensos a ser víctimas o participar en ella, sin limitar los derechos de quienes poseen armas de manera legal y sin intenciones lícitas.

Diferencias entre republicanos y demócratas en el control de armas

Las diferencias partidistas en torno al uso de las armas de fuego complican la discusión de reformas que puedan llevar a amainar la violencia armada en Estados Unidos.

La posesión de armas es el tema que más divide a los votantes de la elección de este año, pues mientras un 85 por ciento de los votantes republicanos favorece una amplia interpretación de la Segunda Enmienda, 80 por ciento de los demócratas prefiere regular el acceso a las armas.

Gustavo Ramírez Paredes, internacionalista del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, opina que la relación que tienen los estadounidenses con las armas de fuego está fundida con su identidad individual y nacional, haciendo que los alcances de la Segunda Enmienda y las protecciones que esta tiene hacen complicadas las discusiones respecto a sus límites.

“La Segunda Enmienda es muy poderosa para la sociedad en su conjunto, viene desde la Constitución de 1787 y es considerada como un derecho individual porque en sus inicios como país el Ejército no tenía la capacidad para responder a las necesidades de seguridad; aún así, hay diferencias entre los dos partidos: Para los republicanos es tan importante que consideran que si los demócratas llegan al poder atentarían contra las libertades de los estadounidenses” señala el académico.

Ramírez Paredes también menciona que los intereses armamentísticos tienen gran influencia en los tomadores de decisiones, no solo mediante el cabildeo que ejercen entre los legisladores, donde encabezan comités que financían campañas de candidatos afines, sino también en el bienestar económico del país en su conjunto.

“El complejo militar industrial es un sector clave en su economía. Históricamente, la guerra ha servido para dinamizar su economía cuando está en etapas de recesión, como en la actualidad, y también hay grandes intereses políticos que cierran una discusión al respecto. Los republicanos apoyan y son apoyados por este complejo, y por parte de los demócratas esto llevaría a una discusión muy profunda en la que la posibilidad de acceder a las armas ha llevado a incidentes muy graves.

“Es una discusión que tendría que haberse planteado con más tiempo, y ahora, con las elecciones próximas, no veo la posibilidad de una discusión de fondo”, admite el especialista.

El pragmatismo de la industria armamentística estadounidense y su relación con los tomadores de decisiones estadounidenses, muchas veces con conflictos de interés, no son los únicos obstáculos para evitar más tiroteos en territorio estadounidense.

“A parte de los aspectos políticos está la cuestión legal. La legislación estadounidense protege a los ciudadanos, pero también lleva al control ineficiente de la comercialización de armas; entonces, aunque se ha intentado ejercer una mejor regulación esta está lejos de lograrse porque las leyes actuales limitan a las autoridades, de manera que protege a la industria y no a las víctimas de la violencia o a la sociedad que ve como los incidentes que involucran armas de fuego se multiplican”, remata el académico.