Este martes, congresistas de Estados Unidos se lanzaron contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la reforma eléctrica, por lo que enviaron una carta al embajador Ken Salazar.
Y es que de acuerdo con los congresistas estadounidenses, el gobierno de México debe cumplir con los principios claves del tratado comercial con Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
Entre estos principios está que garantice que las empresas del sector energético estadounidenses puedan exportar bienes de manera justa y puedan continuar impulsando la inversión privada y el crecimiento del empleo en toda la región.
De hecho, en una carta al Embajador de los Estados Unidos fechada este martes, August Pfluger, Henry Cuellar, miembros del Congreso, y los senadores John Cornyn y Ted Cruz expresan su preocupación.
“Las acciones recientes tomadas por la administración mexicana para favorecer a las empresas estatales (EPE) y desplazar la inversión estadounidense”, se lee.
Estas acciones, añaden, “violan el espíritu y la letra del T-MEC y deben ser discutidas”.
Señalan que no son empleadas con igualdad las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un acuerdo comercial entre países que debe poner primero a los negocios, las familias y los trabajadores, situación que no se observa en la actualidad.
“Por eso nos queremos asegurar en la completa implementación del T-MEC, y estamos preocupados por las recientes acciones tomadas por el Gobierno Mexicano en favor de las empresas paraestatales, y con presión para las inversiones estadunidenses. Estas acciones violan el espíritu y el acuerdo del T-MEC, lo que necesita ser aclarado”, añade.
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“En el inicio de esta nueva encomienda, respetuosamente le pedimos que lleve las serias preocupaciones de los productores estadounidenses de energía y continúe defendiendo la fuerte aportación agrícola incluida en el T-MEC”, dice la carta.
Los legisladores señalan que México discrimina a los productores de energía que proceden del país vecino al norte y favorece a los inversionistas nacionales, como se observa en las modificaciones de las leyes de hidrocarburos recientemente modificadas, que permiten al gobierno mexicano suspender y revocar permisos de operación privada.