Conflicto post electoral en Guatemala

Los guatemaltecos escogieron un cambio en sus pasadas elecciones con la victoria de Bernardo Arévalo, un político que hizo de la anticorrupción su campaña; sin embargo, el camino para que el presidente electo tome posesión no ha sido sencillo.

Antes de las elecciones generales, el poder judicial de Guatemala investigó al partido del entonces candidato, Movimiento Semilla, y por algún tiempo suspendió su estatus como grupo político. Ahora, la Fiscalía pidió a un juez retirar la inmunidad del presidente electo, lo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció como un golpe de Estado.

Arévalo es doctor en Sociología y antes de competir por la presidencia fungió como secretario general de su partido político, donde fue un firme opositor al gobierno ultraconservador de Alejandro Giammattei, actual mandatario de Guatemala.

La inclinación de izquierda de Arévalo lo diferenció de las opciones oficialistas y tradicionales de la política guatemalteca; sin embargo, su perfil no es similar a los políticos populistas de la región. Sin gesticulaciones exageradas, promesas de cambio radicales u otras herramientas populistas, se colocó como un líder de izquierda moderada en un país donde los gobiernos conservadores han dejado profundos estragos.

Una vez inscrito en la contienda electoral, el panorama no lucía prominente para el ahora presidente electo. Meses antes de la primera ronda de balotaje, Arévalo solo contaba con el siete por ciento de la preferencia de los votantes, pero una vez realizados los comicios se elevó al segundo lugar con el 15 por ciento de los votos consignados. 

Una elección turbulenta

Con la sorpresa de los resultados de la primera ronda fue que comenzó el intento de descarrilar a Arévalo. Representantes de varios partidos, la mayoría de derecha, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para evitar la adjudicación de los cargos que Movimiento Semilla obtuvo en las votaciones, donde consiguió 23 de los 160 escaños del Congreso; sin embargo, los tribunales desestimaron los alegatos.

A pesar de la decisión tomada por la Corte, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, organismo que ha sido señalado por estar cooptado por la presidencia de Giammattei, instó a un juez a suspender la personalidad jurídica y la participación de Movimiento Semilla en los comicios por la supuesta falsificación de cinco mil firmas para la adhesión de sus militantes.

Estas acusaciones sirvieron de motivo para que la Fiscalía, encabezada por Rafael Currunchiche, quien se encuentra en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos de Centroamérica, allanara las oficinas del partido y solicitara órdenes de captura contra dos de sus militantes.

Antes de la segunda vuelta de las elecciones, aunque la Corte Suprema de Justicia de Guatemala restituyó la personalidad jurídica de Movimiento Semilla al dejar sin efecto la orden judicial, la Fiscalía anunció que la investigación seguiría su curso.

La victoria electoral de Arévalo el 21 de agosto pasado no detuvo los embates de la Fiscalía en contra suya y de su partido. En semanas recientes, las autoridades guatemaltecas han arrestado a varios miembros de Movimiento Semilla y tan solo el pasado viernes 8 de diciembre la Fiscalía pidió retirar la inmunidad al presidente electo argumentando irregularidades que podrían anular la elección.

De inmediato, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala se pronunció en contra de la Fiscalía asegurando que los resultados de los comicios eran “inalterables” y que las personas elegidas deben tomar posesión de sus cargos el próximo 14 de enero.

El uso faccioso de la ley

Ante la crisis política en Guatemala, la OEA y varios países de la región, entre ellos México, condenaron el intento de la Fiscalía por revertir la voluntad popular de los guatemaltecos con estrategias de “lawfare”.

Para José Joel Peña, doctor en Derecho con orientación en Derecho Internacional Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el concepto de lawfare hace alusión al uso y abuso de principios legales e instrumentos jurídicos para perseguir a enemigos políticos, desacreditarlos públicamente y que los inhabiliten de manera que no puedan ocupar cargos de elección popular.

“En Guatemala existen múltiples casos de intervención de la justicia con fines políticos. Por ejemplo, lo que sucede cuando contrarios al presidente electo acuden a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad para presentar demandas sin argumentos legales sólidos. También se considera un caso de “lawfare” que el fiscal y la juez que llevan el caso de Arévalo hayan violado su derecho de defensa al negarle el acceso al expediente de la investigación en su contra”, explica el especialista.

El también académico apunta que el uso de estrategias legales con fines políticos no es privativo de Guatemala, al contrario, es una práctica que cada vez se vuelve más común en la región.

El doctor comenta que de todos los intentos por impedir que Arévalo tome posesión, esta es la más preocupante, debido a que son funcionarios cercanos al gobierno actual quienes impulsan estas medidas.

“Demuestran la intransigencia del gobierno actual. Arévalo es un candidato que se presentó con la bandera de la lucha contra la corrupción; entonces, muchas y muchos políticos del gobierno actual tienen miedo de que eventualmente los comiencen a investigar por delitos cometidos durante el ejercicio de sus cargos públicos”, señala el experto.

Si la Fiscalía logra retirar la inmunidad a Arévalo, se podría dar incluso su aprehensión; sin embargo, el doctor Peña señala que esta es solo una posibilidad entre tantas.

“Es uno de los escenarios, si se le llega a retirar la inmunidad judicial y comienza un proceso que lleve a una inhabilitación política, no podría tomar posesión del cargo y se tendría que nombrar a un presidente interino hasta que se llamen a nuevas elecciones”, remata Peña, quien añade que por el bien de la población guatemalteca lo mejor sería una transición pacífica.