Con permiso para espiar

Al más puro estilo de los años oscuros de la Unión Soviética, se ventila una orden gubernamental que permite a la administración de Barack Obama vigilar los registros telefónicos de millones de usuarios del gigante de las telecomunicaciones Verizon –con el auspicio de la conocida Acta Patriota– bajo el argumento de estar velando por la seguridad nacional y evitar posibles ataques terroristas. 

Un artículo del diario británico The Guardian reveló un documento en el que la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) concedía un plazo de tres meses para que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) diera rienda suelta al monitoreo de  las llamadas.

La publicación de Guardian dio a conocer también que tres importantes instancias de gobierno –el Departamento de Justicia, la Inteligencia Nacional y la corte FISA– están involucradas en la autorización  y recolección de datos a fin de “asegurar que se cumpla la Constitución y las leyes de EU”.

Un alto oficial de la administración del presidente demócrata dijo que la “información descrita en la publicación de Guardian es una herramienta crítica para proteger a la nación de amenazas terroristas” y que “permite al personal encargado en la lucha contra el terrorismo de encontrar si sospechosos de terrorismo han estado en contacto con otras personas que estén involucradas con actividades de esta índole, particularmente dentro de Estados Unidos”.

La orden de la corte FISA da pie a que la NSA recolecte durante tres meses –de abril a julio de este año– la metainformación telefónica de Verizon Business Network Services.

Ésta  puede ser la duración de las llamadas, los números telefónicos de los usuarios y la locación donde las realizan.

Verizon es una de las empresas más importantes en el ramo y es uno de los proveedores de servicios en telecomunicación más grandes en el mercado para las corporaciones.

El documento emitido por el tribunal y dado a conocer el pasado miércoles por la noche no especifica si la Agencia de Seguridad Nacional también tiene permitido acceder a registros de telefonía móvil.

No obstante, sí dejaron claro que supeditaron las revisiones a datos cuantitativos, ya que el contenido de las llamadas no puede ser vigilado.

De momento, ningún oficial y agente del gobierno ha salido a responder los cuestionamientos de diferentes medios que se han desbordado por obtener una contestación al respecto.

“Responderemos tan pronto como podamos”, dijo Marci Green Miller, vocera de la NSA, a The New York Times..

¿Y la privacidad?

Desde que inició la lucha contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos se ha nutrido de ciertas “concesiones” para revisar a sus ciudadanos.

El Acta Patriota, elaborada durante la estancia en el poder de George W. Bush, precursor de la todavía vigente estrategia contra el terrorismo, expandió los poderes de diferentes agencias gubernamentales para “interceptar y obstruir” posibles actividades terroristas.

Durante el mandato de Bush hijo, se presentaron episodios como el de las revisiones de Verizon, sin embargo, es la primera vez que un hecho de este tipo se ventila durante el gobierno de Obama.

“Es la primera vez durante la administración de Obama que se recolecta, de manera indiscriminada y en masa, millones de registros telefónicos”, escribió Glenn Greenwald de The Guardian en su revelador artículo.

En 2011, Barak Obama firmó una extensión del Acta Patriota por cuatro años más y dotó de facultades a las autoridades federales de escuchar conversaciones de sospechosos de terrorismo.

En ese momento, el Senado de EU vivió un intenso debate sobre los alcances que debía tener el gobierno en pos de la seguridad nacional.

Mientras tanto, miembros del Comité de Inteligencia del Senado han mostrado su descontento por la decisión del gobierno.

“No puedo corroborar los detalles de este reporte en particular, pero este tipo de vigilancia a gran escala debe preocuparnos a todos ya que estos excesos gubernamentales son los que cualquier estadounidense encontraría desconcertante”, dijo Mark Udall, miembro demócrata de la Cámara Alta y del Comité de Inteligencia.

A pesar de que el plazo del permiso de vigilancia vence el próximo 14 de julio, la corte puede extender la duración.

Sí es la primera vez, pero no

A pesar de que no se había presentado un suceso similar en los cinco años de gobierno de Barack Obama, ya hay registro de una situación parecida, ocurrida semanas atrás.

En mayo del presente año, la agencia de noticias norteamericana The Associated Press (AP) presentó una queja por los dos meses de espionaje telefónico que el Departamento de Justicia, al mando del procurador Eric Holder, realizó a sus reporteros y editores.

Tal episodio tiene el mismo argumento que el de Verizon: lo hicieron para proteger la seguridad nacional e investigar una fuga de información clasificada.

La “intromisión sin precedentes” –como calificó el presidente ejecutivo de AP Gary Pruitt a las escuchas– se originó por cierta información que la agencia noticiosa tenía en sus manos de un atentado terrorista frustrado en Yemen por las fuerzas estadounidenses, la cual no publicó por orden gubernamental.

La polémica que se desató costó caro a la administración de Obama, que se metió en una racha de errores políticos, incluida la estrategia discriminatoria del Servicio de Recaudación Interna (IRS, por sus siglas en inglés) contra grupos republicanos y conservadores, también ventilada por las mismas fechas.

Todo esto se le une a la iniciativa PRISM, programa clasificado que recolecta información de nueve importantes compañías de Internet como fotografías, textos, audios y correos electrónicos para rastrear a las personas.

Sin duda alguna, el ciudadano promedio de Estados Unidos se estará preguntando en estos momentos: ¿Y mi privacidad dónde queda?

¿Qué es el Acta Patriota?

El nombre oficial es USA PATRIOT, acrónimo en inglés que significa: Uniendo y Reforzando a Estados Unidos para Proveer las Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir el Terrorismo”. 

Creada en 2001 después de los atentados del 11 de septiembre tiene el propósito de detener y castigar los actos terroristas en suelo norteamericano y en el mundo. Para ello, faculta al gobierno de EU con herramientas para rastrear el lavado de dinero destinado a financiar el terrorismo. Asimismo, permite detenciones vinculadas a identificar terroristas potenciales dentro de Estados Unidos, además, integra la definición de terrorismo doméstico, como lo ocurrido en el maratón de Boston.