La reforma al Poder Judicial de la Federación, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido un tema controversial en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
El embajador estadounidense, Ken Salazar, criticó la posibilidad de la elección directa de los miembros del Poder Judicial, pues, de acuerdo con el diplomático, “representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México” y advirtió que pondría en riesgo la relación comercial entre los dos países al desestabilizar el marco legal del cual dependen las inversiones.
En respuesta a las críticas del embajador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, recordó en su cuenta de X que en 43 de los 50 estados de la Unión Americana se eligen jueces por voto popular. El excanciller y futuro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también interpeló a Salazar para señalar que en su país la elección de juzgadores es una tradición con más de siglo y medio de arraigo.
Pese a las palabras de la presidenta electa y el excanciller, en Estados Unidos no hay un método único para la elección del Poder Judicial. Existen dos grandes métodos para selección de jueces, la designación y la elección popular.
A nivel federal los miembros del Poder Judicial son nominados por el presidente, aprobados por el senado y sirven de por vida; a nivel estatal cada entidad selecciona a sus jueces de manera distinta, pero de los más de 10 mil juzgadores estatales el 87 por ciento de ellos se somete a una elección durante el tiempo que ocupan su cargo; de acuerdo con un estudio de la Universidad de Chicago.
Así se eligen a jueces en EU por voto popular
En los estados donde sus jueces son elegidos por voto popular existen tres tipos de selección. En los procesos partidistas los miembros de la judicatura estatal son nominados por partidos políticos y votados por los ciudadanos como por cualquier otro cargo público; sólo 12 entidades en Estados Unidos eligen a sus jueces de esta forma. La mayoría de los estados que eligen a sus jueces lo hacen por elecciones no partidistas, en donde los aspirantes a formar parte de la judicatura se postulan sin el apoyo formal de un partido político, 27 entidades utilizan este tipo de selección.
La última forma de votación es aquella llevada a cabo en las Legislaturas de los estados, ahí los jueces estatales son seleccionados por los legisladores sin que el gobernador o los ciudadanos intervengan en las elecciones; solo dos entidades eligen a sus jueces de esta forma.
En la mayoría de los estados, 27 de los 50 que conforman la Unión, los jueces son designados por el gobernador ya sea directamente, en 5 de ellos, o con base en las recomendaciones de una comisión no partidista.
Este último método se conoce como selección meritoria o Plan de Missouri, en él la comisión que nomina a los jueces está conformada por ciudadanos designados por el gobernador y barras de abogados que en su conjunto revisan las solicitudes de los aplicantes y con base en su experiencia nominan a tres personas, de esa terna el gobernador selecciona una opción. Una vez seleccionados por el gobernador los jueces tienen que ser confirmados ya sea por el Legislativo o por los ciudadanos después de servir por un periodo de prueba.
Las críticas a la elección popular
La elección popular de jueces es prácticamente única en Estados Unidos y, a pesar de lo arraigado de la tradición, ha sido criticada desde la década de 1930 por las consecuencias negativas que esta tiene, en particular con los sectores más desprotegidos de la población. Estudios han demostrado que los jueces que son sometidos a elecciones tienden a ser más punitivos, desproporcionadamente con grupos minoritarios y en particular en años de elección.
Más allá de los efectos punitivistas de la elección popular, las votaciones abiertas pueden llevar a los juzgadores a encontrarse en medio de conflictos de interés al momento de emitir un fallo. En los últimos 14 años, dinero externo, es decir no coordinado por los comités de campaña, ha sido utilizado en la mayoría de las votaciones para jueces estatales; en 2020 se rompió el récord de dinero designado por intereses especiales en las campañas de los juzgadores.
Influencia de intereses particulares en la elección de jueces
Ejemplos de la influencia de intereses especiales para inclinar la balanza de los jueces abundan en Estados Unidos. En 2016, compañías petroleras apoyaron la campaña para la Suprema Corte de Louisiana de Marilyn Castle, quien fue derrotada por un margen muy estrecho por el actual juez James T. Genovese. En 2020 Leonard Leo, en ese entonces miembro del grupo conservador Federalist Society, gastó 10 millones dólares para inclinar las cortes hacia la derecha.
En el caso mexicano, la influencia de dinero ilícito es una de las mayores preocupaciones del embajador estadounidense, quien advierte de la influencia que el crimen organizado podría tener en los juzgadores nacionales.
“Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política” escribió el representante estadounidense en México.
Un estudio de la Universidad de Chicago menciona que la elección de los miembros del Poder Judicial es la principal preocupación de quienes abogan por una reforma judicial en Estados Unidos, pues existe una discusión entre los beneficios y las desventajas entre la independencia judicial y la rendición de cuentas en un sistema democrático.
