El presidente de Colombia, Iván Duque, hace una de sus primeras grandes apuestas como mandatario. Este martes, el Congreso de su país empezó a discutir el alza del IVA en la canasta básica al 80 por ciento, un acto que podría perjudicar a las clases medias y bajas.
“El proyecto de ley es supremamente importante, yo no diría que para el gobierno, sino para los colombianos, porque busca financiar o encontrar los recursos necesarios para poder tener los programas sociales que los ciudadanos están acostumbrados a recibir”, declaró a Noticias Caracol Luis Alberto Rodríguez, viceministro de Hacienda.
El gabinete de Duque vio necesario mejorar los ingresos para poner en marcha o mantener algunos proyectos sociales de alimentación escolar, construcción de infraestructuras, créditos educativos, inversión en el sector agrícola y los subsidios en los servicios públicos.
Si el Congreso aprueba finalmente la reforma, los colombianos pagarán el IVA por productos básicos como arroz, leche, carne, huevo, frutas y verduras
Cuestionado por la prensa sobre la situación actual, el exrival político de Duque, Gustavo Petro, propuso dos alternativas a la aplicación del IVA a la canasta básica. En primer lugar, reformar el sistema de pensiones para que los trabajadores con hasta cuatro salarios mínimos coticen. En segundo lugar, gravar a los dueños de tierra fértil no productivos, a dividendos, a utilidades financieras, y al carbono en las importaciones.
La toma de decisión por parte del presidente de subir el IVA a la canasta básica se basó en que hace unas semanas estudiantes universitarios se manifestaran alrededor del país sudamericano con el fin de pedirle al gobierno que les incremente a 3.5 billones de pesos colombianos el ingreso para mejorar las condiciones escolares.
Además, días después los profesores de nivel medio y superior le recordaron al nuevo gobierno que no olvidara cumplir con los convenios económicos y sociales que había firmado su antecesor Juan Manuel Santos.
En ese sentido, el Ejecutivo busca recaudar cerca de cuatro mil 500 millones de dólares para programas sociales, infraestructura e implementación de los acuerdos de paz.
