Colombia acusa a Gustavo Petro de presionar elección de nueva fiscal general

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una nueva acusación en su contra a menos de dos años de tomar posesión de su país.

Se cree que el político de izquierda le ordenó a sus partidarios acudir ante la Corte Suprema de Justicia para exigirle a los magistrados, a través de protestas, que elijan a una de sus tres nominadas para ser la próxima fiscal general.

El gobierno colombiano está interesado en que Angélica Pérez, Ángela Buitrago o Luz Adriana Camargo releven a Francisco Barbosa, un hombre que admitió ser crítico de la administración actual.

Hasta el pasado viernes 9 de enero, los magistrados no lograron elegir a la sucesora de Barbosa, y no se prevé que logren hacerlo al menos en el corto plazo. Mientras que se vuelvan a reunir, será Martha Mancera, aliada del exfiscal, quien representará a la justicia colombiana.

Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema, declaró que los magistrados no eligieron a la nueva fiscal porque ninguna obtuvo los 16 votos que requerían para obtener el cargo. Además, respecto a las protestas lideradas por los partidarios de Petro, añadió que las manifestaciones pusieron en riesgo la vida e integridad de los integrantes del órgano.

“La democracia queda en filo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia”, dijo Chaverra en conferencia de prensa.

El presidente de la Corte le pidió al gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que los magistrados continúen con su trabajo “sin presiones, hostigamientos o amenazas”.

Según la perspectiva de la Corte, los partidarios de Petro impidieron que los magistrados abandonaran el edificio en el que se encontraban cuando votaban a la nueva fiscal general con el objetivo de que no salieran de la edificación hasta no elegir a una de las nominadas por el presidente.

“La Corte Suprema siempre contará con el apoyo del gobierno”; Petro responde a acusaciones

Sobre las protestas que presuntamente lideró, Gustavo Petro declaró que no era inconstitucional presentar una terna de mujeres “decentes” a ser fiscal general de la nación, así como tampoco que la gente se manifestara para aludir un golpe contra él, a quien “eligieron legítimamente”.

Asimismo, el mandatario de izquierda señaló que alrededor de Colombia se llevaron a cabo 71 manifestaciones, todas ellas pacíficas a excepción de dos momentos en Bogotá y Medellín donde se registraron gases.

“No hubo violencia en el país, ningún herido, como solía suceder, y no son ciertas las noticias acerca de secuestros de magistrados o violencia sobre ellos. Nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados (…) Cuando se hizo presente un grupo de ciudadanos frente a la Corte, violando las decisiones de los organizadores de las marchas, fueron los integrantes de mi gobierno a acompañar a los magistrados. No hay ineptitud ni arrogancia. La Corte Suprema siempre contará con el apoyo del gobierno”, publicó Petro en su cuenta de X.

Se cree que los partidarios del presidente decidieron salir a las calles originalmente a protestar contra los ejercicios que había estado llevando a cabo la Fiscalía de la Nación en contra del gobierno en turno.

En enero pasado, por ejemplo, la Fiscalía comenzó inspecciones en la sede de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) y del partido del mandatario para investigar si la campaña del presidente recibió financiación de parte de grupos criminales.

Fue en agosto del año pasado cuando, a través de la revista Semana, se difundió la noticia de que la campaña de Petro recibió hasta 500 millones de pesos, los cuales fueron recibidos por su primogénito Nicolás Petro Burgos, quien actualmente está en manos de las autoridades colombianas para ayudar a que las investigaciones en su contra continúen.

Sobre el caso de la entrega de dinero ilegal a su campaña, el jefe de Estado ha declarado que nunca estuvo enterado de que su hijo tuvo interacción con grupos criminales, por lo que aceptó su retención como una medida democrática.

Petro vive persecuciones por ir en contra de los gobiernos colombianos de derecha

Ante las acusaciones contra Petro, el doctor Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, opina que se tratan de persecuciones contra el primer mandatario de izquierda que va en contra de lo que ya estaba establecido en el país.

“Hay actores que con el anterior gobierno se quedaron callados y toleraban procesos de corrupción (…) Las manifestaciones contra los magistrados tienen que ver con que los ciudadanos se sienten inconformes con que la Corte no elija a una fiscal teniendo buenas candidatas y simplemente alargando el periodo de Barbosa”, declara el doctor.

Desde la perspectiva del latinoamericanista, la llegada de Petro a la presidencia puso tensos a los órganos de poder que llevaban año tras año con sectores de derecha y extrema derecha, los cuales representaban sus intereses.

“Esta es una práctica que ha empezado a agarrar mucha fuerza en América Latina. Hay personas que no aceptan la decisión en las urnas y quieren que a toda costa sus candidatos se mantengan en el poder al precio que sea”.