Colectivo ecuatoriano propone medidas en favor de las mujeres a candidatos presidenciales

En Ecuador, la violencia contra las mujeres sigue siendo una exigencia de la sociedad civil hacia las autoridades, sobre todo en el marco de las próximas elecciones presidenciales.

Ante el panorama que le ofrece Ecuador a sus ciudadanas, con 332 casos de muertes violentas por razones de género, 134 feminicidios y nueve transfemicidios solo en 2022, el colectivo Mujeres Ecuatorianas Organizadas lanzó una propuesta a los binomios presidenciales enfocado en el cuidado de las mujeres.

Las sugerencias están desglosadas en la Agenda común Mujeres, publicada este mes y elaborada en agosto pasado por cerca de 200 mujeres de las 24 provincias de Ecuador, todas pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, de defensa de los derechos de la naturaleza, así como de colectivos feministas, políticas y ciudadanas independientes.

La Agenda se divide en seis ejes: Social, Económico-Productivo, Ambiental y Desarrollo Sostenible, Género, Seguridad, institucional y lucha contra la corrupción, y Política y gobernanza.

El propósito es que los candidatos que pasaron a la segunda vuelta de las elecciones, el empresario Daniel Noboa y la correista Luisa González, tomen en cuenta las necesidades de las ecuatorianas y en las últimas cuatro semanas que restan de campaña presenten nuevas propuestas.

“No violencia de género”, la cátedra que debería integrar las asignaturas en Ecuador

En el eje de Género, el colectivo de mujeres ecuatorianas concluyó que para erradicar la agresión desde su origen se debería integrar la cátedra de “No violencia de género” en asignaturas relevantes como Ética, Educación cívica, Formación ciudadana y Ciencias sociales.

El contenido de las clases se discutiría a través de una alianza integrada por organizaciones de la sociedad civil y expertos en género.

Bajo la misma línea, se podrían desarrollar políticas públicas de prevención que incluyan programas de sensibilización en escuelas, comunidades y medios de comunicación y esté inmerso el tema de las nuevas masculinidades.

Para que la erradicación de la violencia esté presente en las decisiones de las autoridades, en la Agenda se propone impulsar la influencia del Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), estableciéndolo como un organismo consultivo de referencia para el gobierno.

También, se sugiere contratar y capacitar a un equipo de expertos técnicos en igualdad de género que estén ubicados en diferentes zonas geográficas del país para brindar asesoramiento y apoyo localizado.

De acuerdo con datos publicados por la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA), la provincia de Guayas fue la que más feminicidios registró en 2022 con 177.

Para que los ministerios se encarguen de los asuntos de género, se pretende ampliar la asignación presupuestaria y, con ello, desarrollar un trabajo efectivo en la capacitación de identificación de problemas y coordinarse con los gobiernos autónomos descentralizados de manera parcial y sin influencias políticas.

Empoderar a las mujeres rurales y a las comunidades

Entre las propuestas incluidas en el eje Económico-Productivo, destaca implementar planes y proyectos que empoderen a las mujeres rurales, como garantizar su participación en la toma de decisiones, acceso a la tierra y recursos productivos, y promover la equidad de género en todas las actividades agrícolas.

Asimismo, se pide garantizar la inclusión de las mujeres en las estrategias de fomento productivo a nivel nacional y generar fuentes de empleo para las ecuatorianas, especialmente aquellas mayores de 50 años.

Respecto al punto de Ambiental y Desarrollo Sostenible, las ecuatorianas remarcan la importancia de garantizar la participación de los pueblos y comunidades en las decisiones ambientales.

Del mismo modo, sugieren realizar una campaña nacional de difusión sobre la protección de derechos de los pueblos, la naturaleza y el medio ambiente.

Finalmente, en Política y gobernanza, se pide establecer un mecanismo de coordinación interinstitucional con las autoridades, bancadas legislativas y demás funciones del Estado para una respuesta estatal frente a los principales problemas de la sociedad, y darle seguimiento al cumplimiento de los compromisos presidenciales en respuesta a las demandas de la ciudadanía y los gobiernos autónomos descentralizados.