CIDH exhibe condiciones en las cárceles en El Salvador
En su más reciente informe, la Comisión registró encarcelamientos ilegales bajo el gobierno de Nayib Bukele, quien presume de la baja de homicidios gracias a su mano dura
Fernanda MuñozEn El Salvador, las detenciones arbitrarias y con violaciones a los derechos humanos siguen perjudicando al gobierno de Nayib Bukele.
El ejemplo más claro sobre las detenciones se registró del 27 de marzo a inicios de noviembre del 2023, cuando se detuvieron a 73 mil personas; antecedentes contempladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través del informe “Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador”, la organización sin fines de lucro especificó que las detenciones del año pasado se trataban de encarcelamientos ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas. Asimismo, aseguró que hubo allanamientos ilegales de moradas, abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Comisión recibió información sobre desafíos en el acceso a la justicia frente a las detenciones realizadas y sus implicaciones en la garantía de los derechos de las personas salvadoreñas a las garantías judiciales y protección judicial, las cuales incluyen la falta de elementos probatorios para apoyar los cargos imputados, prisión preventiva, la realización de audiencias judiciales masivas, limitaciones en el ejercicio del derecho de defensa, entre otros.
El trato a personas detenidas debe ser vigilado, y considerar las condiciones de vulnerabilidad que presenten.
El #InformeElSalvador detalla denuncias de muertes, torturas y malos tratos a #personasprivadasdelibertad durante el estado de excepción.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) September 14, 2024
‘Condiciones deplorables’ para los detenidos salvadoreños
Con las detenciones a supuestos integrantes del crimen organizado, aunque el gobierno federal presume la baja de homicidios a nivel nacional, en el informe se puntualiza que existe una preocupación por las “condiciones deplorables de detención”, los altos niveles de hacinamiento en determinados centros y la aplicación excesiva de la prisión preventiva.
“La CIDH observa que la población carcelaria se habría triplicado en pocos meses y, ante la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, llama al Estado a priorizar la revisión de las prisiones preventivas decretadas, implementando una política criminal que utilice la privación de la libertad como medida de último recurso”, se lee en el documento.
De acuerdo con la Comisión, en las prisiones “hay condiciones inhumanas, malos tratos y tortura denunciados por organizaciones de la sociedad civil y diferentes personas entrevistadas“.
La condición de las cárceles arroja a la posible muerte de 189 a 200 personas privadas de libertad y preocupaciones por falencias en las investigaciones de estos casos, así como sobre los procedimientos de notificación de familiares y manejo de los cuerpos.
Ante las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas por parte de las fuerzas de seguridad, así como de otras violaciones de derechos en las instancias de administración de justicia y espacios de privación de la libertad, la CIDH considera necesario identificar las circunstancias que generaron ese cuadro de presuntas violaciones, las posibles responsabilidades institucionales e individuales. También las víctimas y los daños sufridos a fin de brindarles una reparación integral y adoptar las garantías para su no repetición.
La Comisión remarca que existe un falso dilema entre adoptar acciones efectivas para enfrentar la criminalidad organizada y observar las obligaciones legales e internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
“El Estado debe abordar las causas y consecuencias de la criminalidad desde una perspectiva integral e intersectorial, adoptando medidas de prevención, control y respuesta dentro de los límites y procedimientos que garanticen el respeto a los derechos humanos, incluyendo los enfoques de género e interseccional y con mayor participación de la ciudadanía.
“Asimismo, urge al Estado a restablecer los derechos y garantías suspendidos por los decretos legislativos del régimen de excepción, reafirmando que este mecanismo excepcional no puede convertirse en parte de su política de seguridad ciudadana permanente”, se lee en el informe.
Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Con esto, ya son 4,000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo. pic.twitter.com/A2oTUIYubW
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 15, 2023
Restricciones a la prensa salvadoreña
En materia de libertad de expresión y periodismo, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hallaron restricciones al derecho de acceso a la información a partir de obstáculos diversos, incluyendo el presunto aumento en el número de reservas sobre información pública por las instituciones del Estado, sin dar cumplimiento a las normas y estándares internacionales en la materia; así como la ausencia de información disponible, periódica y desagregada; y la negativa de acceso frente a solicitudes de información sobre las medidas adoptadas en el contexto de excepción.
Del mismo modo, se presentan desafíos para la cobertura periodística y de defensa de los derechos humanos que incluyen relatos de un ambiente hostil para ejercer estas labores en el país, con discursos estigmatizantes recurrentes desde las autoridades estatales.
La Relatoría Especial ha tenido conocimiento sobre alegadas intimidaciones y amenazas de judicialización contra periodistas y comunicadores que investigan sobre asuntos de criminalidad en El Salvador, en virtud de las reformas legislativas aprobadas el 5 de abril de 2022 en el marco del estado de excepción.
A criterio de la Comisión y su Relatoría Especial, durante la vigencia de esas normas se habría producido un efecto inhibitorio sobre el discurso público, especialmente en el caso de periodistas, escritores y medios de comunicación social.
Al respecto, la CIDH ha sostenido que en periodos de excepción los Estados deben abstenerse de restringir el trabajo periodístico, pues constituye una herramienta fundamental para informar a la ciudadanía, velar por el cumplimiento del Estado de Derecho y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades.
