A Chile llegó un tema polémico, y no solo para el país ubicado al sur de América, sino para casi todo el mundo: la regulación del cannabis.
Fue este fin de semana que cientos de personas salieron a las calles de Santiago bajo el lema “Contra el Narcotráfico, Cultiva tus Derechos, Regulación por la Paz”, sosteniendo globos y pancartas verdes por toda la zona.
Según los protestantes, su objetivo es que en un futuro cercano el gobierno federal pueda regular la marihuana para que ningún usuario tenga la necesidad de acercarse al narcotráfico o al mercado negro para adquirirla de manera ilegal.
“Urge una nueva mirada centrada en las personas y sus necesidades, e implementar una política de drogas basada en la reducción de daños, la gestión de riesgos y también de los placeres, alejándose de la abstención como única opción, para así diseñar una regulación que no deje la calidad ni el acceso en manos del crimen organizado”, comentó Francisca Gaete, directora ejecutiva de la Fundación Daya, una de las principales asociaciones en favor de la regulación del cannabis en el país.
Ayer marchamos en comunidad con miles de usuari@s adultos y medicinales, buscando avanzar juntos hacia una #RegulaciónPorLaPaz que deje de castigar a las personas y haga frente de una buena vez al narcotráfico.
¡Gracias a tod@s por el apoyo! 🌱 #CultivaTusDerechos pic.twitter.com/otLLfNjmmV
— Fundación Daya (@FundacionDaya) July 4, 2022
Desde 2005, Chile ha manejado el tema a través de la Ley 20000, con la cual se le ha permitido poseer, transportar, guardar o portar consigo pequeñas cantidades de cannabis a toda persona que justifique su uso por un motivo medicinal.
“Se entenderá justificado el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de las drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, para la atención de un tratamiento médico”, se lee en el Artículo 50.
A pesar de eso, nadie puede consumirla en lugares públicos, pues ello representa una falta que llevaría al usuario a pagar una multa, como asistir a cursos de prevención o servicios a la comunidad.
Ana María Gazmuri, diputada por el distrito 12 de Santiago y quien participó en la manifestación, aseguró que era esencial que se reformara la Ley 20000 para que el cannabis fuera legal para personas mayores de edad.
“Los estados que han cambiado de enfoque en sus políticas de drogas, reconocen que el prohibicionismo ha generado más narcotráfico, crimen organizado, violación a derechos humanos y corrupción de las autoriades”, describió.
Bajo esa línea, funcionarios como Gazmuri podrían ir detrás del gobierno federal, con el propósito de que el presidente entrante, Gabriel Boric, actúe a su favor.
Los estados que han cambiado de enfoque en sus políticas de drogas, reconocen que el prohibicionismo de drogas ha generado más narcotráfico, crimen organizado, violación a DDHH y corrupción de las autoridades, jueces y policías#ContraElNarcotráfico #CultivaTusDerechos pic.twitter.com/QbP1sRDFGU
— Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) July 3, 2022
Cannabis, ‘tema delicado’ para el Ejecutivo
En 2015, el entonces diputado por el distrito 60, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Gabriel Boric, se pronunció a favor de que en su país se legalizara el autocultivo de marihuana, pues para él los más interesados en mantener la prohibición eran los narcotraficantes.
Hoy, bajo el cargo del presidente de la República, el mismo tema podría volver al escritorio de Boric, en espera de que la regulación del cannabis sea aprobada.
Sin embargo, ese paso podría ser complejo aun cuando se tiene en el Palacio de La Moneda a un jefe de Estado liberal.
Para la maestra Norma Soto Castañeda, internacionalista de la Universidad La Salle, el tema de la regulación de la marihuana es muy delicado, pues no sólo debe enfocarse en los beneficios que obtenga la sociedad con ello, sino el propio gobierno.
“(La regulación) debe tratarse de manera muy específica, de tal forma que quede contenta la sociedad y a su vez el gobierno pueda mantener un aparente control sobre esta situación, porque sabemos que este tipo de temas se les puede salir de las manos a cualquier administración”, dice la académica.
De acuerdo con ella, para empezar a abordar el tema, es esencial que el jefe de Estado comience a reunirse con los involucrados, haciéndoles ver que siempre va a tomarlos en cuenta.
De esa manera, Soto Castañeda describe que el presidente puede aprovechar un poco el tiempo para analizar no sólo a los actores principales, sino la situación en la que se encuentra su país y las condiciones que traería consigo la regulación.
“Sacar una ley no es tan rápido, se tienen que considerar muchísimas situaciones, entre ellas a los autores, las condiciones, y que esto sea favorable para todos, entre ellos el gobierno y los ciudadanos”, señala la internacionalista.
Se prevé que sea en el corto plazo que se dé a conocer la postura que tome el gobierno federal en torno al tema, en espera de que el presidente se manifieste en favor de los protestantes, siempre y cuando su petición no perjudique su salud y seguridad.
