El covid 19 -o coronavirus– no reconoce fronteras. El virus, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo, continúa su avance por el mundo y para frenar los contagios, países en los cuales los números de enfermos confirmados aún no son tan altos, decidieron cerrar sus fronteras.
En América Latina, la mayoría de los gobiernos apostaron a cerrar el acceso a ciudadanos extranjeros y bajar los niveles de movilidad, pero destaca El Salvador, en donde sólo hay un caso confirmado hasta el cierre de esta edición. Se suman Honduras, Perú, Ecuador, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y Colombia, que en conjunto reportan 736 casos de personas con coronavirus, de acuerdo con datos de la OMS.
Otros gobiernos que también cerraron las fronteras son Canadá, Estados Unidos y los que conforman la Unión Europea, en donde el brote se incrementó de forma exponencial en las últimas semanas.
Las acciones tomadas van desde difundir medidas preventivas, como lavarse las manos, suspender eventos masivos o el cierre de centros de reuniones como escuelas o restaurantes, y escalan hasta la prohibición de la entrada vía aérea o terrestre a ciudadanos extranjeros o connacionales que viajan entre regiones en una misma nación, para evitar la propagación de la pandemia.
La medida tiene dos aristas, la primera que busca atender un tema de salud pública en cada país para detener una pandemia, por tanto, cada nación tiene derecho a desarrollar una estrategia propia para garantizar el derecho a la salud, explica Andrés Camino, especialista en relaciones internacionales de la Universidad La Salle.
El académico añade que, con el objetivo de atender una pandemia, las relaciones bilaterales pasan a segundo término, no obstante, los gobiernos deben justificar los cierres de fronteras de acuerdo al nivel en el cuál se encuentra la pandemia.
“La idea es que cada país justifique sus medidas de protección con relación en sus leyes, y pueden tener conflicto con no permitir el derecho al libre tránsito, aunque se justifica porque garantizan que su población acceda al derecho a la salud”, comparte Camino.
En países fuera de Asia, en donde los contagios alcanzaron números críticos, las acciones emprendidas por los gobiernos son más duras y consideran la prohibición del libre tránsito por las calles de sus comunidades, como sucede en Italia y España, dos de los países con un mayor número de contagios en el viejo continente.
En China, donde hay 81 mil 174 casos registrados de personas infectadas, las autoridades mantuvieron sin sellar los cruces fronterizos, sólo se tomaron acciones de aislamiento. El siguiente país en estado crítico es Italia, en donde las acciones de emergencia han sido escalonadas y, hasta ahora, sólo permanecen abiertos lugares para adquirir víveres y hospitales. En este país, en un día reportaron el deceso de 427 personas.
En el mundo hay 166 países en donde se registran 207 mil 860 portadoras del virus. De las personas infectadas, ocho mil 732 perdieron la vida, de acuerdo con datos de la OMS.
ONU alza al voz ante denuncias por cierres de fronteras
Ante las acciones de contingencia, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alzaron la voz para recordar a los gobiernos que cualquiera de las medidas de emergencia tomadas como respuesta para contener la crisis sanitaria deben ser proporcionadas, necesarias y no discriminatorias.
En un documento, los expertos en derechos humanos de la organización señalaron que las declaraciones de estado de emergencia, por razones de seguridad no deberían usarse como base para atacar a grupos particulares, minorías o individuos, dado que, no deben funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud.
“El uso de poderes extraordinarios en situaciones de emergencia debe ser declarado públicamente y debería ser notificado a los órganos de tratado correspondientes cuando derechos fundamentales, que incluyen el movimiento, la vida en familia y la asamblea, se vean significativamente limitados”, declaran los expertos de la ONU.
Para evitar excesos de poder, los expertos de la ONU consideran que las medidas deben ser lo menos intrusivas y al mismo tiempo proteger la salud publica.