No es una segunda entrega en versión moderna del clásico de Alexandre Dumas “El Conde de Montecristo”, es una posibilidad real.
Al igual que Guántanamo o que algunas cárceles ya míticas como la de la Isla del Diablo en la Guayana Francesa o la de Alcatraz en la Bahía de San Francisco, ahora el gobierno australiano planea reabrir cárceles ubicadas en ínsulas del océano Pacífico para trasladar allí los centros de detención para solicitantes de asilo.
La noticia, difundida el pasado lunes 3 de este mes a través del portal de noticias Periodismo Humano y de la Agencia de Noticias Inter Press Service (IPS), que se define como “una gran fuente mundial de información sobre temas globales” y que “cuenta con el respaldo de una red de periodistas en más de 100 países”, ha puesto a organizaciones de derechos humanos en alerta.
Según declaró Pia Oberoi, consejera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en conversación con IPS, reabrir esos centros “podría derivar en graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo una detención potencialmente infinita”.
El objetivo no sería otro que influir en la decisión de los migrantes que tuvieran pensado intentar llegar al país.
Más de 100 solicitantes de asilo han muerto ahogados en lo que va de año. Sin embargo, según declaró también Oberoi a IPS, “no hay evidencia empírica de que la detención disuada la inmigración irregular o de que desaliente a la gente de buscar asilo”.
El gobierno australiano tiene definida una cuota para la cantidad de personas que pueden ingresar al país cada año. En vistas de la situación, este año decidió aumentarla. Ésta pasó de 13 mil 750 a 20 mil y se comprometió a elevarla en 27 mil en 2017.
Sin embargo, muchos consideran que esos límites siguen siendo insuficientes y temen que, de nuevo, en las cárceles alejadas del territorio, suceda lo que ya había pasado anteriormente: que los refugiados pasaban meses detenidos sin saber qué iba a ser de ellos. Hasta marzo de 2011, según informa IPS, el tiempo promedio de los detenidos en estos centros era de 213 días.
