El Covid-19 se infiltró en las cárceles de El Salvador. El gobierno de ese país informó sobre 36 casos confirmados entre los presos de los penales de San Vicente y Quezaltepeque, lo que ha encendido las alarmas en grupos de derechos humanos, que consideran que estos lugares pueden ser incubadoras para el virus.
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) confirmó que 25 reos enfermos del Penal de San Vicente y 11 de la cárcel de Quezaltepeque, reservada para presos que pertenecen a la pandilla conocida como los Mara Salvatrucha, son atendidos por personal médico en áreas aisladas para evitar riesgos.
Los convictos contagiados estuvieron en contacto con trabajadores de los penales con Covid-19, quienes ya fueron identificados. Por ahora, comenzaron con sus tratamientos y fueron separados del resto de los internos, de acuerdo con Osiris Luna Meza, director general de la DGCP.
El también viceministro de Seguridad dijo que los primeros casos de coronavirus entre el personal fueron asintomáticos, por lo cual no fue posible detectarlos pese a los protocolos sanitarios que se han implementado entre quienes trabajan en las cárceles.
Por ahora, los 36 reos contagiados se reportan estables y la Dirección General de Centros Penales asegura que sus familiares son informados de su estado de salud, mientras otros internos realizan jornadas de limpieza y sanitización para minimizar los riesgos de propagación del virus.
Además, el gobierno inició la distribución de 10 mil mascarillas en los centros penales fabricadas por los propios internos. Sin embargo, para los actores internacionales los focos rojos están encendidos ante la sobrepoblación que hay en las cárceles del país.
El gobierno de Nayib Bukele ha sido muy enérgico respecto a sus acciones para evitar una crisis sanitaria como la que viven otros países de América Latina. Como primera medida, declaró cuarentena obligatoria antes de que se registrara el primer caso en el país, mientras las fuerzas policiales arrestaban a quienes no cumplían con el confinamiento para obligarlos a permanecer 30 días en un centro de contención.
Las medidas se han endurecido conforme la emergencia sanitaria avanza en el país y por ahora, los salvadoreños sólo pueden salir dos veces a la semana a comprar alimentos y medicinas, en horarios determinados por sus números de identificación nacional.
El primer caso de coronavirus en la nación latinoamericana se registró el 19 de marzo; ahora suman dos mil 019 casos confirmados, 873 recuperados y 37 víctimas mortales, de acuerdo con el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins.
“Con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con las molestias que genere, con los ataques que le hagan. En esta cuarentena nos jugamos el futuro de nuestro país y la salud y las vidas de nuestras familias”, escribió el presidente Bukele en su cuenta de Twitter el pasado 7 de mayo.
La otra epidemia en las cárceles de El Salvador
Los casos de coronavirus en los penales se registran en medio de las acusaciones al gobierno salvadoreño de dar un trato inhumano a los reclusos después de que ordenó el encierro en celdas hacinadas, insalubres y sin luz a miembros de pandillas que se encuentran detenidos.
Fotografías difundidas por las autoridades penitenciarias el 26 de abril mostraban a cientos de convictos detenidos, semidesnudos y amontonados en el piso sin ningún tipo de distanciamiento social o mascarillas, mientras la policía revisaba sus celdas como parte de una estrategia de seguridad en los penales.
Entonces, diferentes organizaciones alzaron la voz y dijeron que conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, las autoridades deben asegurarse de que los reclusos tengan acceso a luz y ventilación adecuadas, a medidas de higiene y a un espacio personal adecuado, así como la posibilidad de hacer actividad física al aire libre.
“Las requisas policiales tras la declaración de emergencia en los establecimientos penitenciarios, que dieron lugar a que se amontonara a internos sin mascarillas, pueden haber contribuido a exacerbar el riesgo ya elevado de que se propague el Covid-19 en las hacinadas prisiones salvadoreñas”, refirió Human Rights Watch.
Las cárceles de El Salvador tienen una capacidad para 18 mil 051 reclusos, pero el sistema actualmente tiene más de 38 mil, sobrepoblación que hace imposible establecer medidas de distanciamiento social entre los internos.
El país que gobierna Bukele es uno de los más peligrosos en el mundo a causa de la guerra entre pandillas que se vive desde hace décadas y que en la actualidad son catalogadas como grupos terroristas con influencia en las zonas más pobres del país.
Durante 2019, El Salvador se ubicó como el segundo país en la región con más sobreocupación de reos, que es de 333 por ciento de los centros penitenciarios, de acuerdo con datos de la consultora alemana Statista. El hacinamiento en el que viven los presos hace de estos lugares el clima perfecto para la dispersión del virus.
“Del mismo modo que el virus se hace cargo de nuestras células para convertirlas en sus replicadores, puede emplear células carcelarias hacinadas y poco saludables para transformar las instalaciones en incubadoras de virus. Esto podría tener consecuencias terribles, no solo para los reclusos sino también para el personal y para la población en general”, dijo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
