México aún tiene temas pendientes en su agenda legislativa para proteger los derechos de las mujeres mexicanas y garantizar independencia económica y que vivan en condiciones iguales que los hombres.
Las más afectadas en este tema son las mujeres que trabajan en la informalidad porque no tienen acceso a derechos laborales básicos. Entre ellas se encuentran las trabajadoras del hogar, quienes aún no tienen asegurada por ley la reinstalación en caso de despido injustificado.
Más de la mitad de las mexicanas se encuentran en esta situación. El 60 por ciento de las mujeres en el país trabajan en el sector informal sin protección social y con poco acceso a puestos de decisión, de acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Otras mujeres en el país no tienen empleo de ningún tipo. En este tema, las mexicanas se encuentran en desventaja en comparación con las mujeres de América Latina y el mundo.
La tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral en México fue del 45 por ciento en el segundo trimestre de 2019, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi.
Esta cifra es menor que el promedio de América Latina, región en la que el 67 por ciento mujeres entre 25 y 54 años se encuentran integradas al mercado laboral, mientras que a nivel mundial el 63 por ciento tienen trabajo, según cifras de ONU Mujeres.
Las mujeres mexicanas también se encuentran en desventaja frente a los hombres. El 77 por ciento de la población masculina en México tuvo trabajo en el segundo trimestre de 2019, de acuerdo con los datos más recientes del Inegi.
Además, las mexicanas ganan menos que los mexicanos: la brecha salarial de género es de 11.1 por ciento, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“México no está ni mal ni bien. Es un país que ha evolucionado de forma positiva en los últimos años. La tasa de participación de las mexicanas en el mercado laboral es baja si la comparamos con la región, pero está subiendo y eso es una buena tendencia”, explica María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para América y el Caribe.
Vaeza; Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México; y Rebeca Grynspan, secretaria General Iberoamericana, presentaron este lunes al Congreso mexicano una propuesta para que el gobierno mexicano modifique algunas leyes y adopte convenios internacionales para proteger los derechos de las mujeres.
El documento que entregaron a las dos cámaras mexicanas se titula Ficha México: Legislación en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres en Iberoamérica.
Vaeza y Sanz aseguran que la iniciativa se enfoca en que las mujeres tengan mejores oportunidades laborales para garantizar su autonomía económica.
En este sentido, la ficha establece que el gobierno mexicano debe asegurar que las mujeres obtengan salarios iguales que los hombres cuando realicen los mismos trabajos que ellos.
A pesar de que la igualdad salarial está regulada en la Constitución mexicana, su aplicación implica un criterio más restrictivo que el del Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre igualdad de remuneración.
Derechos laborales para las mujeres y hombres
Otra de las reformas que propone ONU Mujeres es que la legislación mexicana garantice que el descanso de maternidad sea mínimo de 14 semanas como establece la OIT en su convenio 183 porque el periodo establecido hasta ahora en México es de dos semanas menos.
Esta recomendación también se relaciona con la necesidad de incrementar los días de las licencias de paternidad, que a nivel federal actualmente solo contemplan 5 días.
Otro punto es ampliar la Ley de Seguro Social que reconoce que las mujeres trabajadoras tienen derecho a guarderías. La petición de la agencia de Naciones Unidas es que esta norma también incluya a hombres viudos o divorciados y a las personas que judicialmente tienen la custodia de un niño.
Otra sugerencia de ONU Mujeres para el gobierno mexicano es regular algunas disposiciones que limitan la autonomía de las trabajadoras del hogar como que son excluidas del reparto de utilidades y no tienen derecho a la reinstalación en caso de despido injustificado.
Por otra parte, Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México, detalla que uno de los desafíos en la legislación mexicana es el trabajo doméstico remunerado porque corresponde a 2.4 millones de personas en México y el 90 por ciento son mujeres que no tienen acceso a la seguridad social.
Vaeza añade que es importante incorporar lo estipulado en las convenciones internacionales de la OIT como parte de la legislación nacional.
En su ficha para México, la agencia para Naciones Unidas recomienda que México adopte los convenios 156, 183 ,189 y 190 de la OIT, por ejemplo, el 190 establece que todo miembro del organismo debe prohibir legalmente la violencia y el acoso en contextos laborales.
Vaeza asegura que el Congreso recibió bien las propuestas de la ficha y que ONU Mujeres insistirá para que se cumplan. La directora regional también espera que las dependencias correspondientes para hacer estos cambios reciban el presupuesto necesario para favorecer a las mujeres.
“Para nosotras es muy importante continuar este trabajo en un país maravilloso que llegó a la paridad en la política… Las distintas secretarías están hablando de cómo transversalizar la igualdad en las políticas públicas. Esto es un gran adelanto que espero se manifieste en una dotación presupuestaria adecuada”, concluye la directora regional de ONU Mujeres.