El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró estar personalmente en contra del aborto, pero a favor de tratar el tema como un asunto de salud pública. Foto: Especial

Brasil pugna por criminalizar el aborto

Una propuesta de ley impulsada por legisladores conservadores castigaría a las mujeres que decidan terminar con su embarazo con penas de hasta 20 años, sin importar las condiciones

Durante los últimos años, en toda Latinoamérica la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres ha dado grandes avances; Brasil, va en sentido contrario.

Grupos conservadores dentro de la Legislatura propusieron una ley que criminalizaría la interrupción del embarazo después de las 22 semanas. La iniciativa de ley acusaría de homicidio a las gestantes, por lo que miles de mujeres tomaron las calles de todo el país para expresar su inconformidad.

Las protestas comenzaron después de que la Cámara de Diputados brasileña, de mayoría conservadora, aprobara el pasado 12 de junio el proyecto de ley, sin debate, en menos de 30 segundos y sin pasar por comités.

En Brasil, el aborto está prohibido por los articulos 124 y 126 del Código Penal. En ellos se establece un castigo de uno a tres años de prisión a las mujeres que terminen con la gestación sin importar el tiempo de embarazo que tengan. Entre 2014 y 2022, dos mil 758 mujeres fueron criminalizadas por ello.

El fin de semana después de la aprobación en el Cámara baja, más de 10 mil personas, en su mayoría mujeres y niñas, marcharon por las calles de Sao Paulo en la protesta más grande del país, llegando a Rio de Janeiro, Brasília y Manaus.

Las protestas surgieron efecto. Ayer, el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, una de las figuras más cuestionadas durante las manifestaciones por acelerar el proceso legislativo, anunció que la propuesta será discutida de manera amplia durante el segundo semestre del año.

“Nada avanzará que haga daño a las mujeres”, declaró el diputado después de que el tema acaparara la sesión del órgano legislativo.

El presidente de los diputados adelantó que se formará una “comisión representativa” con la meta de involucrar a toda la sociedad en la toma de decisión, y aseguró que no se revisarían los derechos ya garantizados, por lo que llamó a sus pares a no huir de la responsabilidad de legislar al respecto.

A diferencia de otros países de la región que han dado pasos en favor de la paridad de género en puestos políticos, en Brasil el Congreso está compuesto con tan solo 17 por ciento mujeres.

La respuesta feminista a la propuesta de ley en Brasil

Los grupos feministas que organizaron las protestas en todo Brasil argumentan que la ley daría penas más largas a las mujeres que decidan terminar con el embarazo producto de una violación que al violador mismo. Esto, debido a que los impulsores de la ley no consideraron ninguna excepción por casos de violación, riesgo de muerte o anecefalia, que son las tres causales permitidas en el Código Penal brasileño.

Sobre esta decisión legislativa, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva la calificó como “una locura” de propuesta. Pese a sus declaraciones, no está claro si el mandatario ejercerá su derecho de veto en caso que el proyecto sea aprobado en la Cámara de Senadores.

La ley fue redactada por el ministro evangélico Sóstenes Cavalcante y cuenta con el apoyo de los bloques religiosos, agropecuarios y armamentísticos del Congreso brasileño, lo cual puede frenar al presidente, pues para tanto para él como para su partido el voto evangélico es muy importante.

En las elecciones pasadas, Lula da Silva buscó el cobijo de las comunidades evangélicas, uno de los mayores bloques de votantes de su rival Jair Bolsanaro, y firmó una carta en la que se posicionó en contra del aborto. Pese a la victoria del izquierdista en las elecciones presidenciales, su grupo político, el Partido del Trabajo, no obtuvo mayoría en la Legislatura, por lo que enfrenta problemas para materializar su agenda legislativa y pelear contra el embate de los grupos de derecha en materia de salud reproductiva podría ser costoso políticamente.

Pese a haber escogido a un gobierno progresista, Brasil no ha asegurado los derechos reproductivos como otros países de la región. En los últimos años, Colombia, Argentina y México presentaron recursos legales o proyectos de ley que descriminalizan o legalizan el aborto hasta diferentes etapas de gestación; en Chille, el presidente Gabriel Boric hizo una propuesta similar.

La postura de Lula ante la criminalización del aborto en Brasil

El presidente Lula da Silva no ha sido el único en posicionarse en contra de la iniciativa, la primera dama, Rosângela da Silva, también criticó la propuesta al declarar que las mujeres y niñas víctimas de abuso deben de ser protegidas, no castigadas ni revectimizadas. Pese a su posición personal, el mandatario ha insistido que el aborto debe tratarse como un asunto de salud pública.

Antes de la aprobación de la propuesta de ley que castiga de homicidio a las mujeres que abortan después de las 22 semanas de gestación, se estima que todos los años se realizan dos mil abortos legales en el país, menos del uno por ciento de los realizados clandestinamente. Mientras que solo en 2021 la Encuesta Nacional de Aborto reportó 500 mil interrupciones del embarazo, entre 2012 y 2021 un total de 11 mil 837 mujeres pudieron acceder al procedimiento de manera legal por villación, riesgo de muerte o anecefalia.

Otras cifras que puntualizan la necesidad de un cambio en la legislación es la cantidad de mujeres que son hospitalizadas al año por complicaciones relacionadas con procedimientos clandestinos: 150 mil mujeres tan solo en 2021. De acuerdo con cifras oficiales, una de cada 28 gestantes que abortan mueren por las condiciones en la que se realiza el procedimiento, la estadística se dobla en caso de las mujeres negras, quienes interrumpen su embarazo con más frecuencia.

Brasil fue el primer país latinoaméricano en legislar previsiones en materia de aborto cuando en 1940 asentó excepciones a su Codigo Penal; sin embargo, la lucha por los derechos reproductivos no ha parado. El año pasado, antes de retirarse la ministra y presidenta del Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, abrió la votación a una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos que penalizan el aborto.

Pese al impulso otorgado por Weber, la votación fue pospuesta por su reemplazo, Luis Roberto Barroso, quien también se declara a favor del derecho a decidir y puede volver a abrir la votación.

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