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La izquierda brasileña parece darse cuenta de que si regresa a la presidencia con Dilma Rousseff, el impacto sobre el partido sería peor y dañaría más su intención de ganar la elección del 2018
El responsable del presupuesto permitió a Rousseff enmascarar el estado real del presupuesto federal en 2014 que, casualmente, fue un año de elecciones”
Después del peor debut posible para una administración -con la renuncia de varios de sus ministros a pocos días de la formación del nuevo gobierno por sospecha de corrupción y obstrucción de la justicia-, el presidente interino Michel Temer dará la bienvenida a los 10 mil 500 atletas de los 206 comités olímpicos.
A pesar de que una investigación en curso acusa a muchos parlamentarios y al expresidente Lula da Silva de haber participado en una vasta red de corrupción, una buena parte de la opinión lo acusa de gestar un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, actualmente excluida del poder.
Y a la espera de una decisión final sobre la destitución de esta última, que deberá tener lugar a finales de agosto, la crisis continúa latente en Brasil: todo el sistema político está en crisis, empezando por el problema de la corrupción.
Cómo revertir la desconfianza de los brasileños contra toda la clase política si desde el 2013 ya se forman grandes manifestaciones contra la corrupción.
Pero también contra los miles de millones de dólares gastados para la Copa del Mundo, en detrimento de los servicios públicos básicos: ¿Brasil podrá recuperarse de la crisis política y social que atraviesa?
A pesar de los esfuerzos, las manifestaciones podrían interrumpir el funcionamiento de los Juegos Olímpicos, pues de acuerdo con una encuesta de Ipsos, citada por BBC Brasil, sólo al 16 por ciento de los brasileños les gustaría que Michel Temer permaneciera en el poder hasta las elecciones presidenciales previstas para el 2018.
De los encuestados, al 52 por ciento les gustaría una convocatoria de elecciones anticipadas, pero ésta seguirá siendo una utopía.
La acusan de irresponsable
Con la llegada de los Juegos Olímpicos de Río, y las vacaciones de los parlamentarios, la destitución de Dilma Rousseff ha estado volando lejos del radar últimamente.
El martes, el senador Antonio Anastasia, relator del proceso de juicio político del Comité Especial de Destitución del Senado, presentó su informe sobre el caso y apoyó la eliminación definitiva de Rousseff.
A lo largo de 441 páginas, Antonio Anastasia afirma que Dilma Rousseff faltó a la Constitución al manipular el presupuesto federal sin autorización previa del Congreso.
El senador tachó a Rousseff de “irresponsable” y la acusa de llevar a cabo una política bajo el precepto “del fin justifica los medios” para asegurar su reelección.
“El responsable del presupuesto permitió a Rousseff enmascarar el estado real del presupuesto federal en 2014 que, casualmente, fue un año de elecciones” señala el informe.
Con ese paso, el voto final sobre el asunto podría celebrarse en septiembre, aunque sabemos que será mientras se lleven a cabo los Juegos Olímpicos.
Y mientras que la administración de Temer está lejos de ser perfecta, los brasileños parecen cansados del estancamiento político que ha corroído la economía del país.
Ni siquiera el Partido de los Trabajadores parece dispuesto a defender a Dilma Rousseff a este punto.
Después de su suspensión, Rousseff se comprometió a denunciar el “golpe” orquestado en su contra, pero desde entonces se le ha visto apareciendo frente a públicos amables, pero cada vez más pequeños.
Esto no es suficiente para motivar a miles de personas que apoyan su causa. Y su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, ya prometió un “ejército rojo” en las calles, con huelgas y manifestaciones de grupos tradicionalmente conectados al partido.
Sin embargo, la izquierda brasileña parece haberse dado cuenta de que si regresa a la presidencia, el impacto sobre el partido podría ser peor que un juicio político.
En primer lugar, porque el partido siempre puede jugar la carta de que había una conspiración política orquestada por los sectores ultraconservadores de la sociedad brasileña, versión que no está demasiado lejos de lo que en realidad sucedió.
En segundo lugar, porque Dilma Rousseff no sería capaz de aprobar ni una legislación con un Congreso hostil.
Sólo empeoraría la crisis, y dañaría aún más las posibilidades del partido para ganar la elección en el 2018, durante el cual se espera que Lula vuelva a postularse.
Sin capital político
Mientras tanto, mañana se inauguran los Juegos Olímpicos, y Dilma Rousseff no aceptará un papel secundario.
La presidenta de Brasil, retirada del poder desde el 12 de mayo, no aparecerá en la ceremonia de apertura en el Maracaná de Río de Janeiro.
La protegida de Lula da Silva, que parece haber perdido todo su capital político, se niega a estar a la sombra del que ella considera un traidor y conspirador: Michel Temer, su vicepresidente, y ahora jefe de Estado en el cargo, el cual pronunciará por ella, la frase simbólica para declarar la apertura de los Juegos Olímpicos.
