Los derechos de los mexicanos están más protegidos después de la visita al país de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Michelle Bachelet.
El resultado más importante del encuentro diplomático entre la agencia de la ONU y el gobierno mexicano fue la firma de un acuerdo para la formación en materia de derechos humanos y operación de la Guardia Nacional.
De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), este nuevo convenio con Naciones Unidas se rige según los estándares internacionales de derechos humanos.
Tras la firma del acuerdo, Bachelet dijo que no puede haber seguridad pública sin respeto a los derechos y las garantías fundamentales no se pueden respetar sin un contexto de seguridad.
En el mismo sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el acuerdo prueba tanto el compromiso con la paz y la seguridad, como la confianza que el gobierno mexicano deposita en el Sistema Universal de Derechos Humanos.
Reconoció el valor de este sistema internacional para asegurar la protección y respeto a los derechos y libertades fundamentales, así como para promover la cooperación internacional en temas comunes con todas las naciones.
“La Guardia Nacional tendrá los más altos índices de derechos humanos en su formación y en su operación, y esto estará avalado por la ONU. Que quede claro, habrá seguridad pública, con pleno respeto a los derechos humanos”, dijo el mandatario.
Además, el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó que el acuerdo permitirá incorporar los estándares más altos de protección y respeto de los derechos humanos a través de capacitación y asesoría en protocolos de actuación por parte de Naciones Unidas al gobierno mexicano.
Ebrard agregó que el acuerdo incluye brindar asesoría en tres áreas fundamentales. Primero: apoyo de la ONU en el diseño de programas de formación de capacitadores y su certificación en materia de derechos humanos.
Segundo: asesoría en el desarrollo de protocolos de actuación, en temas como uso de la fuerza y prevención de violaciones a derechos humanos, particularmente aquellos que involucran la protección y atención específica a mujeres, así como a grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente niños, niñas y adolescentes y personas indígenas.
Finalmente, el tercer punto consta en colaboración en el diseño de acciones para el fortalecimiento de capacidades del sector de seguridad pública y en mecanismos de participación ciudadana.
Ante la firma del acuerdo, Tomás Caparroso Franco, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asegura que cualquier documento que se firme con las Naciones Unidas es importante para el gobierno mexicano porque se trata de un organismo serio que permite la paz en el mundo.
Avances de la Guardia Nacional
La Guardía Nacional todavía está en proceso de conformación. Hace un par de semanas en Tijuana, López Obrador señaló que esta fuerza armada trabajará desde 266 coordinaciones territoriales, comenzando por 150, y que en la primera etapa sus agentes procederán de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal. Luego del proceso de reclutamiento, se incorporarán elementos de Sedena y Semar.
En la misma fecha, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que se avanza simultáneamente en materia legislativa, presupuestal, administrativa, de infraestructura y reclutamiento para la conformación definitiva de la Guardia Nacional.
De acuerdo con Durazo Montaño, los elementos de la Guardia Nacional percibirán un salario aproximado de 15 mil pesos mensuales y se cumplirá la instrucción del presidente de homologar prestaciones y percepciones.
Respecto al armamento de este órgano, Durazo Montaño señaló que se realiza una evaluación del marco jurídico internacional que impone algunas restricciones para el uso de determinado armamento para tareas de seguridad y en zonas urbanas.
Otros momentos de su visita
El último día de su visita, Bachelet también hizo un balance de la crisis de derechos humanos en el país. En conferencia en el Centro Cultural de España, la expresidenta chilena destacó que México tiene cifras de muertes violentas propias de un territorio en guerra: 252 mil 538 desde 2006, sin embargo, la alta comisionada considera que el problema central del país son las desapariciones forzadas.
“El caso de Ayotzinapa reveló al mundo un problema central y transversal en México: el de las más de 40 mil personas desaparecidas, un cuarto de ellas mujeres. A la par, existen 26 mil cuerpos sin identificar registrados por el Estado y se han localizado más de 850 fosas clandestinas. Estos datos son aterradores”, expresó Bachelet.
Ante esta situación, Ebrard y la alta comisionada también firmaron un acuerdo el pasado lunes para que la ONU proporcione asesoramiento en el caso de los 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Bachelet lanzó frente a los padres de los 43 y funcionarios un llamado a todos a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible. Por otra parte, el domingo, la representante de Naciones Unidas visitó a un grupo de organizaciones de víctimas de desaparecidos en Saltillo, Coahuila.
Además, Bachelet mencionó la tortura generalizada en centros de detención en el país, especialmente la tortura sexual sufrida por mujeres en detención, la violencia ejercida contra los defensores de derechos humanos y los periodistas.
“En lo que vamos de año, al menos, 9 personas defensoras de derechos humanos y 4 periodistas han sido asesinadas. Al menos doce informadores fueron víctimas de homicidio en 2018 y otros doce en 2017”, subrayó.
La titular de la ONU para los Derechos Humanos estuvo en México de visita oficial del 4 al 9 de abril. Asumió su cargo actual en el organismo internacional el pasado 1 de septiembre de 2018.
Puntos del acuerdo
1 Asesoría en el diseño de programas de formación de capacitadores en materia de derechos humanos
2 Asesoría en el desarrollo de protocolos de actuación
3 Colaboración en el diseño de acciones para el fortalecimiento del sector de seguridad pública y en mecanismos de participación ciudadana