Estados Unidos comenzó este jueves una batalla con Cuba por los terrenos o edificios. Los ciudadanos estadounidenses pueden presentar desde esta semana demandas a cualquier empresa extranjera que se beneficie de sus propiedades confiscadas en la isla tras la Revolución de 1959.
Esto es posible gracias a la entrada en vigor del título III de la ley Helms-Burton, suspendido por todos los presidentes de Estados Unidos desde 1996 hasta este jueves.
Como respuesta inmediata, las primeras demandas de ciudadanos estadounidenses comenzaron a presentarse contra empresas internacionales por lucrar con propiedades confiscadas por el régimen castrista.
El grupo de cruceros Carnival, con sede en Florida, es el objeto de las primeras dos demandas. Los autores de estos procesos son Javier García Bengochea y Mickael Behn, descendientes de los antiguos propietarios.
Los dos son los primeros porque habían notificado al demandado con 30 días de antelación, una formalidad que les permite ahora litigar por tres veces el valor de la indemnización.
Ambos piden reparaciones por el usufructo de los puertos de Santiago de Cuba y de La Habana respectivamente, por un monto que según los abogados ascenderá a decenas de millones de dólares.
Behn, que reclama sus derechos sobre los muelles de La Habana, dijo que esta iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump permite que pueda recuperar la propiedad de su abuelo.
“En la década de 1960, los hermanos Castro y sus amigos del Partido Comunista robaron la propiedad de mi abuelo (…) Finalmente podemos obtener justicia después de 60 años”
No son los únicos que pelean por sus propiedades. De acuerdo con cifras del Departamento de Estado estadounidense, existen más de 200 mil reclamaciones de cubano-estadounidenses que aseguran que sus bienes fueron confiscados por la Revolución de Castro.
No obstante, Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hacendados Cubanos, organización que representa desde hace años a medio centenar de posibles demandantes, explicó a distintos medios de comunicación que no todos los afectados son elegibles para presentar una demanda.
De acuerdo con la ley Helms-Burton, sólo se pueden recuperar propiedades del tipo comercial valuadas en más de 50 mil dólares en el momento de la confiscación y en las que no vivan ciudadanos cubanos comunes.
Además, los estadounidenses no pueden pedir una propiedad si es una embajada o residencia diplomática y se debe pagar una cuota de casi 6 mil 700 dólares para iniciar el proceso legal.
“Estas demandas pueden tomar años y costar mucho dinero, pero esperamos que puedan llegar antes a acuerdos entre las partes y se compense al dueño por el uso de la propiedad”, asegura Gutiérrez
Entre los posibles denunciantes, el presidente de la Asociación de Hacendados Cubanos mencionó a la familia Sánchez Hill, cuyos descendientes planean un proceso legal en contra de los grupos Meliá y Blau por utilizar hoteles en los más de 57 kilómetros de costa que les fueron confiscados en la oriental provincia de Holguín.
Otro de los casos que ejemplifica la aplicación de la ley es el de José Ramón López Regueiro, quien asegura ser el dueño del Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, y de la aerolínea Cubana de Aviación.
Cuando José Ramón tenía seis años, su padre, José López Vilaboy, escapó de la isla cuando su amigo, el entonces dictador Fulgencio Batista, fue derrocado por los líderes revolucionarios.
Los bienes de López Vilaboy fueron confiscados por Fidel Castro, entre ellos, cuatro hoteles y un periódico. Además, era el principal accionista del aeropuerto de Rancho Boyeros en la capital cubana.
Con la entrada en vigor de la norma López Regueiro podría iniciar un litigio para recuperar sus predios, aunque los estadounidenses aún tienen dudas sobre cómo funciona la nueva normativa.
También está la situación de Viriato Carillo, quien afirma que su familia era dueña de ocho ingenios azucareros, una fábrica de comestibles, otra de fósforo y de la destilería de ron Santa Cruz, donde la firma francesa Pernod Ricard produce el ron Havana Club en la actualidad.
El gobierno de La Habana siempre ha estado abierto a negociar una posible compensación para ciudadanos estadounidenses afectados por las confiscaciones y grupos de trabajo de ambos países se han reunido en varios ocasiones para discutir este asunto.
Sin embargo, Cuba pide como requisito que Estados Unidos pague también por los daños que le ha ocasionado el bloqueo a la isla durante los últimos 60 años, que estima en más de 933 mil 678 millones de dólares , según el último reporte oficial de 2018.
Estados Unidos y Cuba no son los únicos países implicados en la aplicación del título III de la ley. Para la alta representante comunitaria para la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, la entrada en vigor del tercer título de la ley, supone una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos Unión Europea (UE) – Estados Unidos de 1997 y 1998.
Con el derecho que tienen ahora los estadounidenses a reclamar sus propiedades confiscadas en Cuba, las demandas contra multinacionales empezarán a llegar a empresas europeas que operan en terrenos expropiados tras la Revolución Cubana.
Bloqueo completo
Por otra parte, Trump propuso a Cuba una apertura si retira su apoyo a Nicolás Maduro, de lo contrario amenaza con un embargo más duro que el actual.
“Con el movimiento correcto, a Cuba le podría ir muy bien, podríamos hacer una apertura. Si las tropas y milicias cubanas no cesan inmediatamente sus operaciones militares y de otro tipo con el objetivo de causar muerte y destrucción a la Constitución de Venezuela, se impondrá a la isla de Cuba un embargo completo, junto con sanciones del mayor nivel”, dijo Trump en la cadena Fox Business.
Un día después, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció las ofensas contra Cuba por parte de Estados Unidos y dijo que no hay fuerza, amenaza o bloqueo que pueda apartar a Cuba de sus principios solidarios hacia sus aliados
La ley para la Libertad y Solidaridad con la Democracia en Cuba o Helms-Burton fue aprobada después de que los republicanos recuperaran el control de las dos Cámaras del Congreso estadounidense en 1995.
La norma fue creada en respuesta al derribo en 1996 de dos avionetas operadas por pilotos estadounidenses de origen cubano que volaban en espacio aéreo jurisdiccional de la isla.
