En total, hay nueve juicios abiertos contra entidades financieras y se estima que 90 ejecutivos podrían estar imputados
Una de las ideas en las que más insistieron activistas vinculados con movimientos sociales después del 15M fue la de que la crisis tenía responsables, personas con nombre y apellidos que habían efectúado actividades financieras ilícitas o bien legales pero que sabían que podrían tener consecuencias nefastas.
Es decir, los activistas querían romper con la creencia de que en el capitalismo los ciclos de crisis se repiten como por arte de magia y por culpa de entidades abstractas como “los mercados” y, además, poner rostro a los culpables y tratar de que éstos fueran juzgados y no quedaran impunes.
En el Estado español, por fin parece que estos reclamos empiezan a tener efecto, aunque sólo en parte.
El amigo de Aznar
Miguel Blesa llegó a ser presidente de Caja Madrid gracias a su amistad con el expresidente español José María Aznar.
Según eldiario.es, “el inmenso poder financiero de Caja Madrid convirtió a Blesa en un auténtico caudillo financiero del Partido Popular (PP) madrileño”.
La semana pasada se convirtió en el primer banquero español que va a la cárcel por abusos que contribuyeron a causar la crisis.
Sin embargo, el sentimiento de justicia duró muy poco. El jueves ingresó en prisión debido a que concurrieron indicios de criminalidad “muy relevantes” en la compra de City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid, pero el viernes salió después de pagar una fianza de 2.5 millones de euros.
Procesos abiertos
Sin embargo, hay más frentes abiertos. En total, según informó El País, hay nueve juicios abiertos contra entidades financieras (Bankia, Caja Madrid, Banca Cívica, CAM, Banco de Valencia, Caixa Penedés, Caja Castilla La Mancha y Eurobank) y se estima que pueden estar imputados unos 90 ejecutivos.
De esa cifra, 74 están siendo juzgados ahora en la Audiencia Nacional y otras 16 de Banca Cívica están pendientes del traslado de la causa.
La judicialización de la actividad financiera, como bien señala El País, no es casual. Las entidades investigadas han recibido 37 mil 700 millones de dinero público en su mayoría. La cifra supera la de los recortes hechos en sanidad y en educación.