La cuestión de la gestión de las telecomunicaciones no solo es una preocupación mexicana.
Por un lado, ayer se conoció que en Venezuela, la mayoría accionaria de la televisora Globovisión –crítica con el gobierno–, será vendida a un empresario tras las elecciones, en lo que algunas ONG ven un golpe a la libertad de expresión.
Los empleados de la televisora estuvieron ayer en una reunión con los propietarios del canal y a la salida confirmaron la venta del 80 por ciento del paquete por ser “inviables económicamente”, “políticamente” y “jurídicamente”. Esto último porque no creen que el gobierno les vaya a renovar la concesión. El otro 20 por ciento pertenece a un banquero pero fue expropiado por el gobierno tres años atrás por presuntas irregularidades y aún está en disputa.
El comprador es Juan Domingo Cordero, gerente de la empresa de seguros La Vitalicia, según indicaron empleados de Globovisión que asistieron a la cita con los propietarios de 80 por ciento del canal, la familia Zuloaga.
Los compradores, según un trabajador que habló con AP, se han presentado como neutrales, aunque se menciona a Cordero como amigo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Por otra parte, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, anunció ayer que enviará al Congreso una ley de telecomunicaciones que ha sido denunciada por organizaciones profesionales como un atentado a la libertad de expresión. Sin embargo, el punto más polémico, la creación de una “Comisión Reguladora de Contenidos”, en la que algunos ven un órgano de censura, prohíbe a los accionistas de una empresa de telecomunicaciones que puedan participar en otras empresas mercantiles, lo que algunos profesionales del periodismo creen que favorecería la independencia de los medios.
Por último, el periodista colombiano Juan David Betancur recibió el jueves pasado una carta bomba –que no llegó a explotar– por informar sobre corrupción. (Fuente: AP)
