Más de 100 mexicanos fueron detenidos en las redadas del miércoles pasado en Misisipi, Estados Unidos. Las autoridades mexicanas exigieron la lista de personas arrestadas desde el jueves pasado, sin embargo, no pueden hacer mucho por ellas ya que el gobierno del presidente Donald Trump actúo según lo estipulado en sus leyes migratorias.
Las representaciones mexicanas en Estados Unidos pueden ofrecer asesoría legal a sus ciudadanos e intentar proteger sus derechos mientras se encuentran en los centros de detención, no obstante, no tienen las facultades para lograr que sean liberados de inmediato.
Los mexicanos fueron detenidos en su lugar de trabajo. Las autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron operativos de cateo en diferentes procesadores de alimentos la semana pasada. Los empleados que no pudieron comprobar su estancia legal mediante visas de residencia temporal o permanente, visa de trabajo o permisos expedidos a jóvenes con estatus DACA fueron aprehendidos por las autoridades.
El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que hasta el momento se tiene confirmado que son 107 mexicanos detenidos en este operativo. Detalló que personal del consulado en Nueva Orleans atiende a los connacionales, tanto en Misisipi como en otros puntos cercanos.
El canciller Marcelo Ebrard sostuvo que el Gobierno de México solicitó a las autoridades de Estados Unidos identificar a los ciudadanos mexicanos y se instruyó al personal de los consulados en la región que se desplazaran a los lugares correspondientes para poder identificar a los connacionales involucrados.
Lizbeth Mateo, abogada en temas migratorios, explica que los detenidos pueden pedir ayudar al gobierno mexicano mediante los consulados, no obstante, la representación mexicana solo puede apoyar con intérpretes o mediante la explicación de algunos aspectos legales.
“El gobierno puede exigir que salgan en libertad, pero Estados Unidos no responderá a sus peticiones. Sus opciones son proveer recursos para que las personas estén bien representadas y sepan cuáles son sus derechos, entre ellos no cooperar con los agentes migratorios cuando los amenacen para firmar su deportación”, explica la abogada.
Lo que pueden hacer las autoridades es determinar si puede haber una moción ante una corte de inmigración para solicitar su liberación bajo fianza
En este sentido, Ebrard dio a conocer desde el jueves pasado que la Secretaría de Relaciones Exteriores activó la red de abogados PALE en los casos en los que se identifique la posibilidad de alguna vía de regularización o alivio migratorio a corto plazo y sobre todo, para garantizar la adecuada defensa legal de todos los detenidos de origen mexicano.
El canciller aseguró que los connacionales repatriados serán acompañados por autoridades de la Secretaría de Gobernación y recibirán propuestas de empleo, salud y educación.
Mateo agrega que el gobierno de México también podría exigir que se respete el derecho de permanecer en Estados Unidos para las personas que fueron víctimas de crímenes y comenzaron el trámite para el estatus No Inmigrante U (visa U).
“Hay personas que son detenidas y deportadas a pesar de que tienen una visa U pendiente”, explica la abogada.
De acuerdo con la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la visa U se entrega a las personas que fueron víctimas de ciertos crímenes como violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de extranjeros, entre otros.
La abogada denuncia que la administración de Trump no espera los resultados del proceso de solicitud de la visa U y deporta a las personas que la solicitaron. En este sentido, la litigante recomienda que el gobierno de México exija que se respete el debido proceso en este trámite.
Acoso detrás de las detenciones en redadas
Por otra parte, Mateo agrega que una de las grandes aportaciones que podría hacer el gobierno de México es investigar por qué las autoridades de Estados Unidos realizan redadas contra migrantes irregulares en la actualidad.
Las personas detenidas en Misisipi, muchos de ellos miembros del sindicato United Food and Commercial Workers Union (UFCW), eran empleados de una empresa llamada Koch Foods Inc.
Algunos migrantes integrantes de la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) interpusieron una demanda por acoso sexual y discriminación a esta empresa. En 2018, después de una batalla legal de casi ocho años, Koch Foods Inc tuvo que pagar 3.7 millones de dólares para resarcir los daños a los empleados, de acuerdo con el sitio de noticias laborales Payday Report.
La demanda presentada por la EEOC contra Koch Food Inc menciona “que los supervisores tocaban y/o hacían comentarios sexuales a las empleadas hispanas y las golpeaban”.
Como parte de su acuerdo, Koch Foods Inc. acordó un decreto de consentimiento federal de tres años para cambiar sus prácticas discriminatorias hacia las latinas.
En el documento de consentimiento, la empresa fue obligada a crear una línea directa bilingüe disponible las 24 horas del día para que los trabajadores puedan presentar sus quejas.
En la historia de Estados Unidos se han usado redadas de inmigración para detener y deportar trabajadores que quieren mejores condiciones laborales. No sé si eso sucedió aquí, pero la comunidad local piensa que sí
La abogada asegura que el gobierno mexicano puede exigir que se siga un protocolo justo y que no usen las redadas para sembrar miedo o como represalias en contra de trabajadores que deberían tener los mismos derechos que el resto de ciudadanos estadounidenses.
Janeth Moreno, titular del Despacho Moreno Law en Boston, comenta que se hay una serie de acciones inmediatas que se pueden hacer en materia de protección para los mexicanos detenidos en redadas como pedir derecho a fianza.
“Lo que pueden hacer las autoridades es identificar en qué partes están detenidos los mexicanos para poder darles acceso a representación legal, determinar si puede haber una moción ante una corte de inmigración para solicitar su liberación bajo fianza o para solicitar una fianza ante el mismo departamento de Seguridad Nacional”, precisa la aboga.
Además, la litigante menciona que el gobierno mexicano también tiene que cuidar que se respeten los derechos humanos de los migrantes que fueron detenidos en Misisipi.
“Lo que se tiene que cuidar es que no haya violaciones a derechos humanos y si las hay tratar de estudiar cuál sería el mecanismo conveniente para denunciar esas posibles violaciones”, comenta Moreno.
En este sentido, Ebrard informó que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que su próxima visita a México, a realizarse a partir del 15 de agosto, se extienda también a los centros de detención en los Estados Unidos.
Lo anterior para garantizar los mismos estándares de derechos humanos, tanto en México y otros países de América Latina como en Estados Unidos, respecto a personas detenidas en operativos como el ocurrido en Misisipi.
La también colaboradora en la organización Agenda Migrante asegura que el gobierno mexicano no puede hacer mucho para que no se repitan las redadas porque es un asunto de política doméstica de Estados Unidos, pero entre sus facultades se encuentra realizar actividades preventivas para evitar que más mexicanos sean detenidos.
“Puede continuar con talleres informativos hacia la comunidad de migrantes para que estén preparados en caso de que lleguen los agentes de migración a su lugar de trabajo. Cursos para que los mexicanos sepan cómo actuar y cómo solicitar acompañamiento legal”, concluye Moreno.
Por ahora, el gobierno mexicano solo le puede ayudar a los migrantes detenidos con representación legal y procupar que sus derechos sean respetados.
