La justicia ecuatoriana rechazó un pedido legal por parte de la defensa de Julian Assange, la cual buscaba impedir la aplicación de un protocolo de convivencia que, según el australiano, afectaba sus derechos como protegido de la embajada de este país en Londres.
En ese sentido, la jueza Karina Martínez dictaminó que no se vulneraba ninguno de los derechos del exdirector de WikiLeaks, y reconoció que la cancillería tiene la potestad de decidir políticas en sus embajadas, las mismas a las que puede someterse Julian Assange en caso de continuar acogiéndose al asilo.
Los abogados del programador presentaron un requerimiento pidiendo el respeto a los derechos del activista, luego de que el gobierno de Ecuador impusiera desde el pasado 12 de octubre estrictas normas para visitas.
Además, le pedía a Julian pagar su servicio de internet, lavandería y servicios médicos, así como el cumplimiento de las normas de comportamiento mínimo al interior del cónsul del país latino en Gran Bretaña.
Luego de que Ecuador rechazara el pedido de Julian, el canciller del país centroamericano, José Valencia, comentó que quedaba claro que el protocolo fue adecuadamente emitido, y que se materializó sobre la base del estricto respeto al derecho internacionalista.
