Amnistía Internacional expresa preocupación por compra de armas taser en Argentina

Amnistía Internacional mostró su preocupación ante una medida impulsada por el Gobierno federal de Argentina, la cual tiene que ver con la compra de armas taser.

La organización envió un pedido de acceso a la información a las autoridades de Seguridad nacionales luego del anuncio del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, de que se compraron armas de electrochoque en octubre pasado.

En la solicitud de información se pidió dar detalles sobre el tipo y la cantidad de armas eléctricas compradas, qué efectivos las utilizarán y cuáles serán los criterios de selección, así como qué capacitaciones se brindarán y los procedimientos de rendición de cuentas, entre otros.

De acuerdo con información oficial, el Gobierno de Argentina compró 100 pistolas taser que serán destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales. Sin embargo, el ministro Aníbal Fernández declaró al periodista Gustavo Sylvestre, de Radio 10, que aún no tenían en su poder las armas.

🔴 Lo confirmó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que anticipó que serán destinadas a grupos especiales de las fuerzas federales.

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— Perfil.com (@perfilcom) February 23, 2023

Fue en mayo de 2019, siete meses antes de que el presidente Alberto Fernández tomara el poder, que el gobierno del entonces mandatario Mauricio Macri autorizó la política de uso de armas eléctricas.

A través de la Resolución 2019-395-APN-MSG, se detalló que las armas “de uso no letal” permitirían abordar situaciones operacionales en las que se resulte necesaria la utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego, siendo “un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes”.

Las armas electrónicas no letales de tipo “Taser” se incorporan en el cuidado de la ciudadanía. Hoy se dictó el reglamento de uso. ¡Un paso más contra la delincuencia!https://t.co/H9qXcRbj5P pic.twitter.com/UehmkHJkEm

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 7, 2019

Desde 2010, cuando Macri era jefe del Gobierno de Buenos Aires, autorizó que la Policía Metropolitana usara armas taser, pues desde su perspectiva se trataba de “tecnología avanzada” que se usaba en otras partes del mundo.

Ante ese panorama, recientemente Amnistía Internacional enlistó las preocupaciones que tiene sobre el uso de las armas taser para los derechos de las personas.

De acuerdo con la organización, las pistolas de electrochoque presentan un alto riesgo al utilizarse de manera excesiva, debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento, aunque de manera interna pueden causar lesiones penetrantes en la piel, los ojos, la cabeza y los órganos, además de contracciones musculares y ritmo cardiaco rápido, lo cual puede provocar una muerte súbita.

“Tienen la capacidad de infligir dolor severo pulsando un botón, pero casi no dejan huellas en la persona, y el sufrimiento serio causado no es visible para la fuerza de seguridad que lo está utilizando”, apunta la ONG.

Asimismo, expone que si el gatillo de la pistola eléctrica se presiona reiteradas veces o se mantiene apretado con la intención de infligir dolor, equivale a “tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

De igual manera, la organización reitera que se suelen subestimar los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas.

“Aparte del dolor extremo al impacto que suponen las armas de electrochoque y de las lesiones secundarias que pueden derivarse de la caída al suelo de la persona, hay perfiles que por determinadas condiciones físicas son más vulnerables frente a este tipo de armas. Entre ellas se encuentran los menores de edad, las personas mayores, embarazadas, gente con riesgos cardíacos como arritmias o que usan marcapasos”, detalla Amnistía Internacional.

Entre las recomendaciones sugeridas por la ONG al Gobierno del presidente Alberto Fernández, está suspender las compras de armas de tipo taser y otras de electrochoque, así como su uso hasta que no se realice una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre su utilización y efectos.

También sugiere establecer un marco legal que limite estrictamente el uso de pistolas eléctricas en situaciones en las que la alternativa sería el uso de la fuerza letal, de acuerdo con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego.

Finalmente, pide que todos los funcionarios argentinos reciban formación adecuada y basada en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.

Una preocupación de años

Antes de poner el foco en la compra de armas taser en Argentina, desde hace décadas Amnistía Internacional investiga el uso de estas pistolas en países como Estados Unidos, donde también ha expuesto su preocupación.

Mientras que en 2007 la organización se puso en alerta por el hecho de que las armas taser se estaban desplegando de forma generalizada en la Unión Americana antes de que se conocieran los resultados de pruebas rigurosas e independientes sobre posibles riesgos para la salud, en 2012 volvió a emitir el aviso.

Hace 11 años, Amnistía Internacional registró la muerte de 500 personas desde 2001 tras recibir descargas de pistolas electrónicas a manos de la policía durante su detención o mientras estaban en prisión.

La ONG también ha hecho énfasis en la situación de Países Bajos, donde desde 2011 algunas unidades especiales de las fuerzas de seguridad comenzaron a usar armas de electrochoque.

En 2018, además de que la organización dio a conocer las consecuencias que pueden provocar las armas taser, halló que en muchas ocasiones se usaban las pistolas eléctricas en contra de las personas más vulnerables, como gente con discapacidad mental.

Ante esos antecedentes internacionales, se espera que las autoridades argentinas analicen los casos con el uso de las armas taser para aprobar o no su uso.