Amnistía Internacional analiza políticos de Colombia para proteger a defensores de derechos humanos
La organización humanitaria también destacó que el expresidente Iván Duque lanzó medidas en favor de la seguridad de los defensores, pero no eran suficientes
Fernanda MuñozSer defensor de los derechos humanos en Colombia no es una tarea simple, trae consigo violencia y muerte, a lo cual han intentado responder los dos últimos gobiernos.
Entre 2016 y 2022, antes de que la primera administración de izquierda en el país tomara el poder, el Programa Somos Defensores registró que fueron asesinados mil colombianos defensores de derechos humanos; es decir, uno cada 61 horas.
En Colombia, la Constitución demanda que cuando se obstaculiza la defensa de los derechos humanos, se afecta el conjunto de la sociedad, por lo que “el gobierno debe garantizar la protección de toda persona individual o colectivamente frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria”.
🧵🇨🇴Colombia is one of the world’s most dangerous countries in which to defend human rights. A new report from Amnesty International shows that despite a noteworthy change in direction from the government, human rights defenders remain at serious risk. pic.twitter.com/JoPvdKdgqj
— Amnesty Norway (@Amnesty_Norge) November 9, 2023
Iván Duque respondió en favor de sus defensores de derechos humanos
Ante esas obligaciones, hace tres años Amnistía Internacional publicó un informe en el que no solo registró los antecedentes de violencia que viven los defensores de derechos humanos en el país, sino que emitió al gobierno en turno diversas sugerencias para llevar a cabo.
Aunque la organización encontró que la administración de Iván Duque respondió a los hallazgos de violencia con “una abundante respuesta normativa” tanto a la protección individual como colectiva, algunas de sus normas no eran suficientes para proteger a las personas.
Para solucionar la problemática, la administración de Duque se enfocó en fortalecer el uso de vehículos para transporte, chalecos antibalas, teléfonos satelitales y botones de pánico, o a la asignación de personal de protección encargado de velar por la vida y seguridad de las personas defensoras; una visión que “si bien es necesaria en algunos casos, no eran suficientes para proteger a las personas y enfrentar las causas estructurales de la violencia”.
El gobierno de Duque terminó su mandato en 2022 con 197 asesinatos de personas defensoras, según registros del Programa Somos Defensores; sin embargo, la Defensoría del Pueblo calculó 215 y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 116.
“A pesar de las diferencias en las cifras, que son naturales ante un fenómeno con tal extensión y complejidad, todos los registros coincidieron en lo mismo: La violencia homicida aumentó respecto del 2021”, dio a conocer Amnistía Internacional.
MAÑANA | Este martes 7 de noviembre tendremos un diálogo abierto con @AmnistiaOnline sobre ataques y amenazas a personas defensoras de #DDHH en Colombia. ¡No se lo pierdan!
📍Auditorio de Dejusticia: Calle 35 # 24 – 31, Bogotá.
📺O sigue el evento por el Facebook de Dejusticia. pic.twitter.com/irkiC2e808— Dejusticia (@Dejusticia) November 6, 2023
¿Qué medidas ha implementado el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en favor de los defensores de derechos humanos?
A tres años de que Amnistía Internacional emitiera el primer informe sobre la inseguridad en la que viven los defensores de derechos humanos colombianos, publicó un nuevo documento dirigido al gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
En el documento titulado “Esperanza bajo riesgo. La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia continúa”, la organización puntualiza que el gobierno de izquierda inició 2023 con un redoble de esfuerzos para plasmar su aproximación a la protección de personas defensoras de derechos humanos.
El gobierno de @petrogustavo debe adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales detrás del riesgo que corren quienes defienden los derechos humanos en #Colombia. #ProtegeAQuienesNosProtegen 👉 https://t.co/syj7vkzqIt
— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) November 10, 2023
En primer lugar, la administración de Petro y Márquez reforzó la planta de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que juega un papel protagónico en la formulación de la política pública de protección y en la articulación interinstitucional para la reacción estatal a los ataques y amenazas y, en segundo, avanzó en los primeros pasos para la racionalización normativa del sistema de protección y la formulación de la política de protección que por tanto tiempo solicitada al Estado colombiano.
“Amnistía Internacional considera que Colombia está ante una oportunidad inmejorable de revertir la historia de violencia contra personas defensoras de derechos humanos.
“El gobierno de Gustavo Petro ha sido explícito en su intención de mejorar la respuesta institucional a la crisis con un enfoque participativo de derechos humanos, en línea con las recomendaciones que durante años ha recibido el Estado colombiano”, se lee en el informe.
La violencia continúa contra los defensores a pesar del buen inicio de Petro
A pesar del avance que demuestra la administración de izquierda, la organización humanitaria señala que se enfrenta a un panorama difícil, pues la violencia continúa y, en algunos momentos del último año, se ha agravado.
Muestra del desafío que enfrenta Colombia actualmente es que los distintos grupos armados se han fortalecido y persisten en una búsqueda de control social, político y económico que se materializa en buena parte en el ataque a personas defensoras y procesos organizativos.
De acuerdo con la organización, de nada sirve la formulación de políticas, la racionalización del esquema normativo o la concentración en los planes de protección colectiva si las instituciones no son capaces de entregar soluciones “prontas, integrales y complementarias y proteger la vida de quienes defienden derechos humanos”.
En ese contexto, Amnistía Internacional llama al Estado colombiano a redoblar esfuerzos y adoptar medidas a corto, mediano y largo plazo para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, incluidas las que defienden la tierra, el territorio y el ambiente.
Esto implica materializar el compromiso con la implementación del enfoque de protección colectiva, solucionar los baches de operación interinstitucional y resolver el problema de la falta de políticas vinculantes con perspectiva de derechos humanos para atender la situación.
