Entre los deportados hay periodistas, fotógrafos, investigadores, funcionarios de la ONU, miembros de ONG, que han pasado a engrosar la lista negra del gobierno cada vez más autoritario de Daniel Ortega
Tras la detención en circunstancias poco claras de ciudadanos mexicanos en Nicaragua, así como su posterior aislamiento y la presunción de violación a sus derechos humanos, las autoridades mexicanas se han puesto en alerta.
El pasado 27 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una advertencia a los mexicanos que viven en Nicaragua y a los turistas con planes de viaje a la nación centroamericana, para que tomen medidas de seguridad debido a la situación que priva en aquel país.
Sin embargo, los mexicanos no han sido los únicos afectados de la hostilidad del gobierno del presidente Daniel Ortega, durante su mandato muchos extranjeros han sido expulsados del país.
Entre los deportados se encuentran periodistas, fotógrafos, investigadores, funcionarios de la ONU, miembros de ONG, que han pasado a engrosar la lista negra del gobierno cada vez más autoritario.
La situación en el país centroamericano es preocupante para los visitantes, Nicaragua está alejándose de la imagen de una nación próspera, abierta al mundo y con buen recibimiento para los extranjeros.
Ahora se habla de detenciones sin justificación, encarcelamiento en lugares que son denunciados como centros de tortura, hostigamiento y expulsión para aquellos a los que el gobierno considera como una amenaza para la estabilidad del país.
En este contexto se advierte que quienes corren mayor riesgo de ser violentados son los periodistas, fotógrafos, investigadores o académicos, que arriban a Nicaragua para estudiar y dar a conocer la realidad de lo que se vive en dicha nación y se vuelven presencias no gratas para el gobierno.
Incluso los organismos de derechos humanos en Nicaragua se han pronunciado por las detenciones y expulsiones que se han suscitado en el país en los últimos meses, calificándolas como medidas extremas y arbitrarias.
Mexicanos non-gratos
El primer caso que prendió las alarmas para las autoridades mexicanas se suscitó el pasado 1 de junio, con la desaparición del estudiante Jobany Torres, quien hacía sus prácticas profesionales en una empresa minera en Managua, capital del país.
Jobany estuvo detenido 15 días en las celdas de Auxilio Judicial, denunciadas por defensores de los derechos humanos como centros de tortura, y después de pagar una multa fue liberado y enviado a México.
El estudiante fue sometido a juicio donde se le declaró culpable de simular su desaparición, y en su audiencia apareció con huellas de golpes, que, según las autoridades nicaragüenses, él mismo se provocó.
La académica mexicana Viridiana Ríos tuvo que abandonar Nicaragua a menos de 48 horas de su llegada, al darse cuenta que la policía de ese país la tenía sometida a vigilancia y ante el temor de ser detenida.
Ríos, investigadora del Wilson Center de Washington, se encontraba en el país centroamericano para realizar una investigación relacionada al crecimiento económico y desigualdad, estudio que lleva a cabo en diversos países.
Al darse cuenta de que era perseguida por la policía, llamó al Consulado mexicano en Nicaragua, donde le recomendaron que dejara el país, finalmente el 23 de junio lo abandonaría por la frontera con Honduras.
Dos días después, el 25 de junio, la policía detuvo a tres ambientalistas mexicanos: Salvador Tenorio Pérez, Emmanuel de la Luz Ruiz y Eugenio Paccelli Chávez Macedo, junto con otras 10 personas de la “Caravana Mesoamericana del Buen Vivir”.
Los mexicanos se encontraban en la comunidad La Fonseca, enseñando a los campesinos a construir estufas y hornos ecológicos, cuando ocurrió una explosión accidental durante la elaboración de estos aparatos.
Los jóvenes fueron acusados de utilizar explosivos sin autorización y permanecieron tres días en las oficinas migratorias.
Tras comprobarse que la explosión fue accidental, fueron llevados a la frontera con Honduras para que abandonaran el país el pasado 28 de junio.
El riesgo de ser extranjero
En los últimos meses se han suscitado otros casos relacionados con ciudadanos extranjeros, como fue el de Evan Ellis, quien estaba en el país para entrevistarse con activistas relacionados al proyecto del Gran Canal Interocéanico.
Arribó el 13 de junio. Al día siguiente la Policía Nacional llegó a buscarlo hasta el hotel donde se hospedaba y lo escoltó hasta el aeropuerto Augusto C. Sandino para deportarlo de vuelta a su país.
El fotógrafo Tom Lafay, quien estaba elaborando un reportaje fotográfico para Amnistía Internacional, fue detenido el 19 de junio y llevado a la estación de Policía de Nueva Guinea, y horas después fue puesto en libertad.
De igual forma, dos funcionarios estadounidenses que llegaron para certificar a empresas nicaragüenses que exportan a Estados Unidos fueron expulsados en días recientes.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, John Kirby, advirtió que la expulsión afectaría la relación bilateral entre ambos países.
Las autoridades nicaragüenses afirmaron que los funcionarios estaban realizando tareas de seguridad incompatibles con su estatus en el país.
La simulación electoral
A la situación de las detenciones y expulsiones arbitrarias se suma el tenso ambiente político que se vive en Nicaragua, con un proceso electoral bajo sospecha que culminará con los comicios del próximo 6 de noviembre.
El actual presidente Daniel Ortega prácticamente se ha asegurado su cuarto mandato, tras deshacerse de la oposición y ser el único candidato importante en unas elecciones que los opositores han catalogado como farsa.
La Corte Suprema de Nicaragua, cuyos magistrados son señalados por estar bajo las órdenes directas del presidente Ortega, en un fallo controvertido ha anulado la candidatura del opositor Luis Callejas.
Ortega, de quien se presume controla todos los poderes del Estado, además del Parlamento, también ha decidido prohibir a los observadores independientes que verifiquen la transparencia del proceso electoral.
Mexicanos deportados
Ciudadanos mexicanos han sido víctima de persecución y deportación en Nicaragua en las últimas semanas:
El estudiante
Jobany Torres viajó a Nicaragua para hacer sus prácticas profesionales en una empresa minera en Managua.
Estuvo detenido 15 días en las celdas de Auxilio Judicial, denunciadas como centros de tortura.
Fue sometido a juicio donde se le declaró culpable de simular su desaparición, y en su audiencia apareció con huellas de golpes, que, según las autoridades, él mismo se provocó.
Tras pagar una multa fue liberado y enviado a México.
La académica
Viridiana Ríos, mexicana investigadora del Wilson Center de Washington, llegó a Nicaragua como parte de la lista de naciones en los que realiza un estudio relacionado al crecimiento económico y desigualdad.
Tuvo que abandonar el país a menos de 48 horas de su llegada, al darse cuenta que la policía la tenía sometida a vigilancia.
Contactó al Consulado mexicano, donde le recomendaron que dejara el país; salió de ahí el 23 de junio.
Los ambientalistas
La policía detuvo el 25 de junio a tres mexicanos: Salvador Tenorio Pérez, Emmanuel de la Luz Ruiz y Eugenio Paccelli Chávez Macedo, junto con otras 10 personas de la “Caravana Mesoamericana del Buen Vivir”.
El grupo trabajaba en la comunidad La Fonseca enseñando a los campesinos a construir estufas y hornos ecológicos, cuando ocurrió una explosión accidental.
Fueron acusados de utilizar explosivos sin autorización y permanecieron 3 días en las oficinas migratorias.
Tras comprobarse que la explosión fue un accidente, fueron expulsados del país a través de la frontera con Honduras.
