El gobierno español negó el viernes que esté acosando al expresidente catalán Carles Puigdemont, quien fue puesto en libertad por una corte alemana bajo fianza mientras resuelve sobre su extradición a España.
La fiscalía de Alemania dejó en libertad a Puigdemont tras el pago de una fianza de 75.000 euros (92.000 dólares). Él tendrá libertad de desplazarse dentro del país a la espera de la resolución de su extradición a España. Sus seguidores dijeron que ofrecerá una conferencia de prensa en las próximas horas el viernes.
El vocero del gobierno en Madrid, Íñigo Méndez de Vigo, dijo sobre Puigdemont que “no se trata de un perseguido político, sino de un prófugo de la justicia”.
En la habitual conferencia de prensa de los viernes, Méndez de Vigo dijo que el gobierno respeta las decisiones de las cortes españolas y alemanas, y no se entromete en sus fallos.
El gobierno español “cumplió con su obligación” al asumir el gobierno de Cataluña después que Puigdemont y otros separatistas organizaron un referendo prohibido sobre la independencia.
El gobierno sostiene que el intento separatista no es un asunto político sino legal.
La Corte Suprema ha acusado a Puigdemont y otros 13 separatistas de rebelión, que conlleva una condena de hasta 30 años.
Puigdemont proporcionó la dirección de un domicilio en Alemania en el que residirá hasta que los jueces decidan sobre su entrega a las autoridades españolas, señaló la fiscalía de Schleswig.
El líder independentista catalán, de 55 años, fue detenido el 25 de marzo en territorio alemán tras cruzar la frontera desde Dinamarca. España había emitido una orden europea de detención y busca su extradición por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos para organizar un ilegalizado referéndum secesionista el año pasado.
El tribunal estatal de Schleswig falló el jueves que Puigdemont no puede ser extraditado por rebelión porque la acusación equivalente en el código penal germano supone una amenaza o uso de la fuerza suficiente para doblegar la voluntad de las autoridades. Podría ser devuelto a España por el cargo de malversación.
La decisión de los jueces alemanes fue un revés para los esfuerzos de la justicia española en su intento por frenar el movimiento secesionista en la región del noreste del país. Además supone golpe embarazoso para el gobierno central conservador de Madrid, que ha insistido en que la disputa sobre la independencia de Cataluña es un asunto legal y no político, y se negó a sentarse a negociar con Puigdemont o sus partidarios desde la polémica consulta de octubre.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el ejecutivo respetará el fallo de la justicia alemana y esperará a tener más detalles antes de decidir sus próximas acciones.
