Alberto Fujimori podría no quedar en libertad a pesar de recibir un indulto por parte del Tribunal Constitucional de Perú

El caso de Alberto Fujimori, expresidente de Perú (1990-2000), no ha terminado. A 13 años de que fuera encarcelado por crímenes contra los derechos humanos, en cuestión de días podría ser puesto en libertad.

Fue el pasado 17 de marzo que el Tribunal Constitucional tomó esa decisión, luego de que el abogado Gregorio Parco Alarcón argumentara que Fujimori ya no era un peligro para la sociedad, pues era una persona mayor de 80 años y con un estado deteriorado de salud.

Con la aceptación de ese habeas corpus, no sólo cientos de peruanos se manifestaron en contra del Tribunal en las calles de Lima, sino también organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

“La CIDH manifiesta una profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional de Perú que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho de la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la Corte en los casos de Cantuta y Barrios Altos”, dio a conocer la organización.

Bajo esa misma línea, Aníbal Torres, primer ministro de Perú, se manifestó en contra de la posible liberación de Fujimori, asegurando que el actual gobierno federal evaluará cómo revertir la decisión del Tribunal, pues había cometido un “monumental error”.

“Estamos estudiando los caminos que tenemos que seguir para corregir ese error, no tengan la menor duda de que lo vamos a hacer”, detalló Torres a la prensa local.

La postura del primer ministro se dio luego de que el presidente Pedro Castillo se reuniera con familiares de las víctimas agravadas en el periodo de Alberto Fujimori, a quien se le acusó de estar relacionado con decenas de asesinatos a civiles, entre ellos opositores a su mandato, bajo la coartada de la lucha contra el terrorismo.

Fue en noviembre de 1991 que se registraron 15 personas asesinadas en un inmueble de Barrios Altos, al centro de Lima, mientras que en 1992 se confirmó la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta; casos por los que Alberto Fujimori fue sentenciado en 2009.

Ante ese panorama, el maestro Rubén Ruiz, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, opina que aunque aún no se sabe cómo se vaya a resolver el caso sino hasta los próximos días, es difícil que la Corte pueda dar luz verde para mantener el indulto a Fujimori.

En ese sentido, el caso del expresidente se remonta a 2018, cuando la justicia peruana ordenó al político conservador regresar a prisión, a pesar de ser liberado un año antes por decisión del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

“A Kuczynski buscaban dimitirlo, y para evitar eso negoció con una parte del fujimorismo para dar un indulto humanitario al expresidente (…). Entonces, con lo que está sucediendo ahora se revive un beneficio que se le dio a Fujimori hace años”, remarca el investigador del CIALC.

Por otro lado, el maestro deja en claro que en caso de que se le diera libertad al exmandatario, sería poco probable que brindara un mensaje a su nación, ya que en los últimos 13 años no ha optado por ese camino.

Ha sido sólo su hija mayor, la excandidata presidencial Keiko Fujimori, la única que ha hablado del caso de su padre, aunque de manera escasa, debido a que ella también fue señalada por casos de corrupción.

“No creo que (Fujimori) vaya a opinar o decir algo. No lo ha hecho hasta ahora y considero que tampoco tiene mucho qué decir. Está señalado por crímenes muy importantes contra los derechos humanos, así que dudo que las cosas cambien”, sostiene el maestro.

¿Beneficio para el presidente Alberto Castillo?

Al intentar revertir el indulto a Alberto Fujimori por parte del Tribunal Constitucional de Perú, el gobierno de Pedro Castillo no sólo se puso de lado de las víctimas de los casos de Cantuta y Barrios Altos, sino también de las organizaciones internacionales.

Y aunque esa postura podría reforzar su figura a nivel nacional, aún conservaría los bajos estándares que tiene entre quienes buscan destituirlo por una presunta incapacidad moral para liderar al país.

De acuerdo con el maestro Ruiz, aunque sería deseable que la figura de Castillo se impulsara al manifestarse en contra del indulto a Fujimori, el problema es que quienes están buscando su dimisión son los mismos que apoyan la libertad del expresidente.

“Quisiera creer que efectivamente la posición de Castillo ante este caso ha sido razonable, y eso pueda darle unos puntos positivos, pero no estoy tan seguro”, señala el docente.

Con ese escenario, no se prevé que el gobierno federal renuncie a su postura actual, sino que remarque su opinión en contra de las violaciones a los derechos humanos en su país.

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