Amnistía Internacional (AI) aprobó ayer una controvertida política de apoyo a la despenalización del comercio sexual tras rechazar las quejas de algunos grupos feministas de que esa postura equivale a defender la legalización de los proxenetas y la propiedad de los burdeles.
En su foro de toma decisiones en Dublín, el grupo de derechos humanos aprobó una resolución en la que recomienda la “despenalización absoluta de todos los aspectos relacionados con el trabajo sexual consensuado”.
Afirmó que su investigación apunta a que la legalización es la mejor manera de defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
“Reconocemos que este tema crítico de derechos humanos es muy complejo y por eso lo abordamos desde la perspectiva de la normativa internacional de los derechos humanos”, dijo Salil Shetty, secretario general de AI (Fuente: AP).
