La Oficina del Alto Comisionado de la ONU exhorta a la comunidad internacional a coordinar el desmantelamiento del Talibán. Foto: Especial

Afganistán: sin derechos humanos y bajo el yugo talibán

A tres años de asumir el poder los fundamentalistas han llevado a las 29 millones de habitantes del país a una crisis humanitaria, en particular a las mujeres cuyas condiciones son consideradas como un crimen de lesa humanidad

En agosto de 2021 el gobierno de Afganistán cayó en cuestión de días ante el asedio del Talibán, tres años después, el movimiento fundamentalista islámico ejerce un mandato sin limitaciones constitucionales que viola de manera recurrente los derechos humanos de toda la población, en especial de mujeres y niñas.

En el último año, las autoridades del Talibán han intensificado la institucionalización de la opresión a mujeres y niñas al haber emitido 80 decretos que las despojan de sus derechos y criminalizan sus acciones, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El régimen Talibán ha prohibido a las mujeres participar en la mayoría de actividades públicas. Pese a que la educación básica es uno de los pocos trabajos permitidos para las afganas en el sector público, en los últimos dos meses a 4,500 de ellas se les negó una posición en el sistema educativo. Vetadas de eventos deportivos, restaurantes, parques y salones de belleza, en ciertas áreas del país también es castigada su aparición en público o realizar viajes sin la compañía de un hombre.

La segregación y persecución sistemática que han descrito las mujeres afganas es considerada por la Comisión Internacional de Juristas como crímenes de lesa humanidad.

El régimen argumenta que las leyes y edictos que gobiernan su país están fundamentados en el sistema legal islámico y en enraizadas tradiciones afganas; sin embargo, para Naciones Unidas el manejo interno de Afganistán es incompatible con la legislación internacional basada en principios inalienables de libertades fundamentales.

La Oficina del Alto Comisionado exhorta a los países miembros de la ONU a coordinar el desmantelamiento del Talibán como medida de prevención de más violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, llama a no normalizar el gobierno del grupo fundamentalista y a contribuir con un plan de asistencia a la crisis humanitaria que vive la nación afgana; sin embargo, el plan de este año solo se encuentra financiado al 12 por ciento de lo necesario.

¿Cuál es la situación de derechos humanos en Afganistán?

Si bien el sector que más amenazas enfrenta es el femenino, toda la población de Afganistán vive bajo el yugo del Talibán. Arrestos ilegales, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y violencia sexual son eventos cotidianos en el país controlado por el grupo fundamentalista. La misión de asistencia a Afganistán de Naciones Unidas reportó que en los primeros dos años del régimen Talibán se cometieron 1,095 asesinatos a civiles por parte de grupos armados opuestos a la organización militar.

En su lucha contra los remanentes del pasado gobierno y los grupos disidentes, el Talibán ha cometido no solo masacres, Naciones Unidas reporta al menos 218 asesinatos de antiguos oficiales estatales y castigos colectivos contra poblaciones sospechosas de albergarlos. Los castigos corporales y ejecuciones públicas también se han vuelto comunes, 274 hombres, 58 mujeres y dos niños fueron condenados a flagelaciones entre noviembre de 2022 y abril de 2023.

La Suprema Corte, conformada por clérigos designados por el Talibán, desmanteló el sistema legal mixto en el que convivían principios islámicos, tradiciones locales y códigos civiles e implementa una ley con base en la interpretación ortodoxa de la escuela hanafi de la ley islámica. Con el régimen talibán no solo se han legalizado las sentencias corporales sino también se suspendieron las libertades de credo, reunión y expresión.

Una de las peores crisis humanitarias

La crisis social en Afganistán no solo reside en la violación de los derechos de los cuales son privados los y las afganas, sino también de las necesidades básicas a las que no tienen acceso.

Previo al control talibán, la economía del país dependía de las donaciones internacionales que llegaban al gobierno del régimen reconocido internacionalmente, una administración plagada de corrupción; sin embargo, con la llegada del Talibán el flujo de dinero se detuvo y el limitado comercio cesó prácticamente en su totalidad.

El doctor Hernán Taboada, miembro del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA) de la UNAM, asegura que la pobreza característica de la región se ha acentuado debido a la violencia que siguió a la retirada estadounidense en 2021, que terminó por destruir lo poco que se había construido en materia de formación de un Estado, y la dificultad de prestar ayuda humanitaria sin beneficiar al Talibán.

“Hasta hace poco se hablaba que esta era la peor situación humanitaria del mundo. Todos los problemas de los países pobres son agravados por la violencia y por la negativa de muchos países a ofrecer ayuda si no mejoran las condiciones de derechos humanos y esto va a ser muy difícil.

“Desde el regreso del Talibán (sus integrantes) declaran que serán menos estrictos y legalmente no lo han sido, pero la práctica es la misma (…) En caso de que llegara ayuda debería ser más de la que llega ahora a cuenta gota, pero hay que ser escépticos porque en los 20 años de ocupación militar, cuando había la posibilidad de repartir la ayuda, las nuevas libertades llegaban solo a una minoría en una región también muy pequeña”, anota el académico.

Terremotos, inundaciones y sequías han generado escasez de alimentos, rozando en la hambruna. Naciones Unidas estima que en los años de control fundamentalista las personas en necesidad de ayuda humanitaria alcanzan los 29 millones, 2.3 millones de niños sufren desnutrición.

En opinión del doctor Taboada, ni las grandes potencias internacionales ni los países con influencia regional tienen la posibilidad o el interés de forzar al Talibán a apegarse a los mínimos estándares de derechos humanos, ya que la legitimidad del régimen es disputada por grupos igual o más ortodoxos.

“En cuanto algún grupo pretenda hacerlo va a ser inmediatamente desplazado por los otros grupos; su fuente de legitimidad es mantener este régimen de exclusión. Cuando llegaron (los talibanes) dijeron que iban a permitir más libertades porque con eso iban a congraciarse con las agencias de ayuda internacional, pero no pudieron; los que querían esas políticas fueron desplazados y eso es lo que va continuar ocurriendo porque los grupos más radicales son los que se benefician de esta situación”, finaliza el especialista.

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