La fiscalía guatemalteca acusó formalmente ayer al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti de ser los jefes de una megaestructura que cooptó el Estado con el fin de lavar dinero para financiamiento ilícito y beneficio propio.
El caso denominado “La cooptación del Estado” señala a 70 personas, entre exfuncionarios públicos, empresarios y particulares, de haberse coludido para saquear las arcas del estado.
La estructura “estaba dedicada a cometer varios ilícitos entre ellos el financiamiento ilícito, cohecho y lavado de dinero”, dijo el fiscal Julio Barrios Prado a Pérez Molina frente al juez.
El exmandatario, actualmente en prisión y bajo proceso por otro caso, rechazó las nuevas acusaciones en su contra.
La fiscalía dijo que para cometer estos hechos Pérez Molina se unió al Partido Patriota, que lo llevó a la Presidencia en 2012, y que para ello recibió millones de quetzales en efectivo y a través de sociedades anónimas como financiamiento ilícito, dinero al cual le daban apariencia de legalidad. (AP)
