El escándalo estalló en Pennsylvania después de que la Corte Suprema del estado develara los resultados de una investigación, que venía realizando desde años atrás, y que concluyó que al menos 1000 niños y niñas fueron sido abusados sexualmente a lo largo de setenta años por más de mil sacerdotes católicos.
En una conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Josh Shapiro, denunció que la situación fue solapada durante décadas por altos funcionarios de la Iglesia en Pennsylvania e incluso en el Vaticano con el objetivo de evitar que el escándalo se mediatizara, algo que con las revelaciones de hoy ha sucedido finalmente.
La investigación, de más de mil 400 páginas, revela que durante años seis de las ocho diócesis del estado se dedicaron a evitar que los casos fueran ventilados… “Varios diocesanos, incluidos los obispos, disuadieron a menudo a las víctimas para que no denunciaran ante la policía y realizaron ellos mismos investigaciones deficientes y sesgadas sin informar de los crímenes a las autoridades correspondientes”.
La narración de cómo se cometieron algunos de los abusos por parte de sacerdotes dejó petrificado a más de uno en la sala donde se realizó la conferencia. A decir del fiscal Shapiro a algunas de las víctimas les entregaban cruces de oro y los obligaban a portarlas “para distinguirlos de los demás”. A algunos más los manipularon con alcohol y con pornografía e incluso una adolescente quedó embarazada de un padre.
Al conocer la información, el ahora arzobispo de Washington, Donald Wuerl, quien era obispo de Pittsburgh cuando se cometieron los abusos, dijo que él estaba enterado de los mismos y que realizó “lo correcto” para proteger a los niños victimizados.
Wuerl, quien estuvo a cargo de la diócesis de Pittsburgh por 18 años, dijo que enfrentó las denuncias y se involucró de lleno en el proceso, “me reuní con sobrevivientes y sus familiares e hice lo que pude para darles consuelo y facilitarles la sanción”.
Afirmó que instauró una política de “tolerancia cero” hacia cualquier miembro del clero que hubiera cometido abusos, e impuso un proceso para examinar cada denuncia.
Wuerl expresó esperanzas de que “una evaluación justa de mis acciones, pasadas y presentes, y mi continuo compromiso con la protección de niños descartará cualquier idea hacia lo contrario contenida en este reporte”.
Con todo y la revelación, se espera que la mayor parte de casos queden sin castigo pues la mayoría de los curas católicos identificados como abusadores ya han fallecido o no pueden ser procesados penalmente pues los hechos en cuestión ocurrieron hace demasiado tiempo.
