Empresas atropellan los derechos de los migrantes refugiados.
José —el nombre fue cambiado para proteger a la persona— es un migrante centroamericano que trabaja en Pixza, una cadena de restaurantes en Ciudad de México que define su producto como la primera y única pizza de maíz azul del mundo con ingredientes 100 por ciento mexicanos que alimenta y emplea a jóvenes en situación de calle.
Cuando fue contratado, el joven que se encuentra en proceso de tramitar asilo en México creyó que por fin tendría un sueldo fijo para cubrir sus gastos, pero sus jefes le descuentan las propinas por llegar diez minutos tarde a su hora de entrada o le piden trabajar durante la media hora asignada para comer.
De acuerdo con el sitio oficial de Alejandro Souza, él es el fundador de Pixza y la define como una una plataforma de empoderamiento social que se dedica a la “reinserción socioeconómicamente productiva de jóvenes previamente en situación de calle mediante un empleo formal en la pizzería”.
No obstante, José considera que la situación laboral en la que se encuentra es injusta. En la sucursal de Pixza en la que trabaja es mesero, cajero y monta pizzas. Gana mil 25 pesos a la semana y 20 en propinas al día.
Las violaciones a sus derechos son claras en el reglamento que José firmó hace dos meses. El abogado laboralista Roberto Bravo identificó al menos dos violaciones a la Ley Federal del Trabajo en este documento que se titula Reglamento Pixza 2020.
En el segundo punto del apartado Horario, el texto menciona que si los empleados llegan dentro de los siguientes diez minutos después de la hora establecida para entrar se podrán quedar, pero no recibirán propinas.
El siguiente punto añade que si el encargado llegara a autorizar, por situación específica, la entrada después de esos diez minutos, se tomará como medio día la jornada laboral y/o podrá realizar la actividad.
“No se le puede prohibir a un trabajador de gozar de sus prestaciones por el hecho de llegar tarde. La única potestad que tiene el empleador o el patrón es no dejar entrar a ese trabajador, pero si lo deja entrar no le puede quitar sus derechos como recibir propina. Esto viola el derecho a un trabajo digno”, comenta el abogado.
Bravo añade que estos puntos no respetan el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. El apartado de la norma estipula que es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.
Otro de los puntos del reglamento menciona que el empleado tendrá 30 minutos al día para comer y deberá de solicitar su horario de comida al encargado. El documento añade que si se requiere de su apoyo durante este periodo, deberá suspender y recuperar el tiempo.
El artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo refiere que durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos.
“El trabajador no está obligado a contestarle al patrón cuando esté en su momento de reposo o de comida… Respecto a lo laboral, sólo está permitido lo que dice la ley y no dice eso”, menciona el abogado.
Bravo recuerda que todos los derechos de los migrantes están protegidos por el artículo 1 de la Carta Magna mexicana. Este punto menciona que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
José narra que cuando le mostraron a él y sus compañeros el nuevo reglamento, la directora de la sucursal leyó el documento rápido y no se detuvo a contestar ninguna pregunta.
“No dejaba que nuestra mente procesara nada y al terminar dijo que esas eran las nuevas reglas, que había que acatarlas, que teníamos que firmarlo y si no lo hacíamos, era una renuncia. Todos firmaron”, detalla el joven migrante.
Dos empresas más que dan empleos a migrantes
José asegura que encontró el empleo en Pixza mediante Intrare, una organización que ayuda a personas solicitantes de asilo y refugiados a localizar trabajo en México.
El migrante recuerda que una monitora de Intrare se encargó de su caso y empezó a investigar opciones laborales hasta que lo dirigió a la cadena de pizzerías.
Hannah Töpler, fundadora y directora de Intrare, explica en entrevista que su organización trabaja con diez empresas socias que se comprometen a dar empleos justos a personas migrantes.
“Todas las empresas socias se comprometen con nosotros a dar empleos justos a personas migrantes y refugiadas, esto significa que son trabajos con salarios dignos, que las condiciones son de ley y que son exactamente las mismas que reciben las personas mexicanas y que además el empleador cuida que haya un buen ambiente laboral”, comenta la fundadora de Intrare.
Töpler añade que su organización aún tiene un reto a superar: la única manera en que pueden monitorear a las empresas socias es mediante preguntas a los migrantes empleados y directamente con los representantes de las compañías.
Töpler agrega que en dos ocasiones Intrare dejó de trabajar con empresas porque observaron que éstas no respetaban los derechos de los migrantes, por ejemplo, no entregaron contratos formales, no respetaron las ochos horas laborales estipuladas por ley y no proporcionaron los salarios acordados.
José es un ejemplo de las personas migrantes que buscan oportunidades laborales en México, pero se topan con empresas que aprovechan su situación de vulnerabilidad para violar sus derechos.