Los abogados de niños migrantes que llegaron solos a Estados Unidos criticaron las nuevas normas del gobierno del presidente Joe Biden, que calificaron de insuficientes para garantizar su seguridad mientras están bajo custodia en el país.
Los representantes legales afirmaron que no deberían reemplazar un acuerdo que requiere supervisión por parte de las cortes y que fue establecido hace décadas a partir de una resolución judicial.
Por su parte, los abogados gubernamentales participaron el viernes en una audiencia en un tribunal federal de Los Ángeles, allí argumentaron que la supervisión judicial bajo el Acuerdo Flores ya no tiene razón de ser y se requieren nuevas reglas.
Los abogados proporcionarían más detalles a la jueza el próximo lunes antes de que ella emita su fallo, incluida información sobre cómo asegurarán la supervisión de instalaciones no gubernamentales que atienden a niños con necesidades acuciantes.
¿Cómo funciona la custodia de los niños migrantes detenidos en EU?
El Departamento de Salud entrega a la gran mayoría de los niños no acompañados a parientes cercanos, mientras jueces de migración deciden qué pasará con su situación legal.
El gobierno de Biden pide a la corte que ponga fin al acuerdo con el departamento, que asume la custodia de los niños no acompañados tras cumplirse 72 horas de su arresto por parte de la Patrulla Fronteriza.
El acuerdo aún sería aplicable cuando los niños se encuentran en manos de la Patrulla Fronteriza y de su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, incluido un límite de 20 días a la detención de niños solos y de padres que viajan con un niño.
Ante el aumento en el flujo migratorio, las instalaciones de detención de la Patrulla Fronteriza han experimentado hacinamiento extremo, la ocasión más reciente fue en 2021.
Abogados podrían ver limitada su capacidad para defender a los niños
El gobierno de Biden le pidió a la corte el mes pasado que suspendiera parcialmente las normas, semanas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos publicara sus propias reglas, que entrarán en vigor el 1 de julio.
De acuerdo con el secretario Xavier Becerra, se establecerán “estándares claros para el cuidado y el trato de niños migrantes no acompañados”.
El Departamento de Salud afirma que sus nuevas normas cumplen, y de ciertas formas exceden, los estándares establecidos en el acuerdo judicial, pero los abogados de niños migrantes no están de acuerdo.
Los representantes legales afirman que el gobierno federal ha sido incapaz de desarrollar un marco regulatorio en estados que revocaron las licencias de instalaciones que atienden a niños migrantes o podrían hacerlo en el futuro.
Actualmente, los activistas que representan a niños migrantes tienen amplia autoridad para visitar instalaciones de custodia y efectuar entrevistas al personal y a otros migrantes, y se les permite presentar quejas ante la corte, que puede ordenar cambios.
Leecia Welch, subdirectora de litigación en el organismo activista Children’s Rights, que representa a los niños en el caso, dijo que la supervisión judicial es ahora más necesaria que nunca.
Para los abogados, el Acuerdo Flores ha sido decisivo para garantizar condiciones seguras para los niños, en especial en medio de crecientes detenciones fronterizas durante los últimos dos años, que incluyeron a casi 300 mil niños migrantes que viajaban solos.
“Llega un momento en que todos los acuerdos de conciliación necesitan llegar a su fin, pero ahora no es ese momento”, declaró Welch.
Los abogados afirman que las nuevas normas tampoco abordan debidamente a las instalaciones que atienden a niños con necesidades más apremiantes.
Texas y Florida —encabezados por gobernadores republicanos opuestos a los flujos migratorios sin precedentes— revocaron licencias en 2021, dejando lo que según activistas es un vacío en la supervisión, el cual pone en riesgo la seguridad de los niños.
¿Qué es el acuerdo Flores que las autoridades de EU quieren suspender?
El acuerdo Flores surge en 1997 como el resultado de más de una década de litigio entre abogados que representaban a los niños migrantes y el gobierno federal, luego de una serie de denuncias generalizadas por malos tratos en la década de 1980.
Cuatro adolescentes presentaron la demanda original, entre ellos Jenny Lisette Flores, una chica de 15 años oriunda de El Salvador. Los abogados acusaron cómo el gobierno mantuvo detenidos a Flores y a los otros querellantes por periodos prolongados, con frecuencia en instalaciones junto con adultos desconocidos para los menores. Además, no recibieron educación ni atención médica adecuada.
En 2014, un incremento en la llegada de niños migrantes sin compañía a la frontera generó un mayor escrutinio por parte del gobierno federal. Desde entonces se han incrementado los arrestos de niños que viajan solos en la frontera con México, detenciones que el año pasado superaron 130 mil.
Con información de AP