En Myanmar, la democracia sigue siendo un objetivo inalcanzable. A un año del golpe de Estado, la inseguridad y el desequilibrio político continúan azotando al país, en espera de un cambio verdadero.
Desde que los militares se apoderaron del gobierno con el argumento de que la unidad nacional estaba en peligro por un supuesto fraude electoral, las manifestaciones en su contra no han cesado, así como tampoco los enfrentamientos con miembros de la policía.
Y aunque los muertos han disminuido con el paso del tiempo a diferencia de los más de 100 registrados en marzo pasado cuando pedían la liberación de la consejera nacional, Aung San Suu Kyi, las acciones de represión siguen estando presentes en las calles.
En diciembre pasado, por ejemplo, cinco personas perdieron la vida luego de que fueron arrolladas por un vehículo minutos después de que expusieran su desacuerdo con la junta militar, según medios locales.
Ante estas medidas, organizaciones como Human Rights Watch han expuesto las faltas del ejército, detallando en un informe publicado el pasado 25 de enero que los uniformados han llevado a cabo “una represión a nivel nacional contra los manifestantes anti-juntas, los activistas y la oposición política, con asesinatos, torturas y otros abusos generalizados que constituyen crímenes de lesa humanidad”.
#ACN convoca una jornada de oración por #Myanmar el 1 de febrero.
El 1 de febrero se cumple un año del golpe de estado en Myanmar. Un año de terror y sufrimiento que ha trastocado el rumbo del país asiático. 👇https://t.co/PXUgMxM8Ah pic.twitter.com/AXWZfVBn71
— IglesiaNecesitadaMex (@ACNMex) January 27, 2022
Pero no sólo se han señalado las acciones contra la ciudadanía, sino también hacia los líderes políticos que representaban a la nación asiática previo al golpe de Estado, como es el caso de la Premio Nobel de la Paz, Suu Kyi, quien este mes recibió cinco supuestos nuevos casos de corrupción por parte de la junta militar, entre ellos el alquiler de un helicóptero con fondos estatales.
Debido a estas acusaciones, Suu Kyi ha permanecido tras las rejas en el último año, siendo cada día más difícil poder volver al escenario político y a las elecciones generales que los militares prometieron realizar tras tomar el poder en Myanmar.
Según la junta militar al mando de Min Aung Hlaing, en estas fechas se realizaría una jornada presidencial, dejándole el camino libre al partido que resultara vencedor.
El 8 de noviembre de 2020, el grupo político de Suu Kyi, Liga Nacional para la Democracia (NLD), arrasó con la mayoría parlamentaria, mientras que el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), comandado por los militares, se quedó con la minoría; un resultado que ellos calificaron como “antidemocrático”.
En entrevista, la maestra Beatriz Escobar, especialista en Estudios de Asia y África y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, opina que aunque las elecciones han sido parte de la presión ejercida por la comunidad internacional, lo cierto es que es poco probable que se realicen.
“Parece que los militares no están dispuestos a ceder el poder, y en caso de que sí se llevaran a cabo las elecciones con candidatos maquillados, ellos pensarían mucho en realizarlas”, menciona.
Ante ese panorama, Escobar puntualiza que es posible que el gobierno militar se mantenga al frente del gobierno por un buen tiempo, ya que por más que la población se manifieste en su contra a través de múltiples protestas, no tiene la capacidad de enfrentarlos, ocasionando que sólo se genere más descontento en Myanmar.
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Un llamado a la comunidad internacional por Myanmar
Ante las pocas posibilidades de que los militares respeten su promesa de impulsar elecciones generales, la comunidad internacional no ha hecho más que manifestarse en favor de la democracia cuando se dio el golpe de Estado.
Sin embargo, se esperaría que naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, y los miembros de la Unión Europea, impongan sanciones económicas específicas a los líderes de la junta militar y a las empresas que controlan, sobre todo en materia de gas natural, un suministro que les permite generar más de mil millones de dólares estadounidenses en ingresos extranjeros.
Al generar esa presión, la organización Human Rights Watch hace ver que los militares se quedarían con el mínimo de sus recursos económicos para seguir sosteniendo al país, orillándolos a dejar el poder.
“Los líderes de las juntas no van a alejarse de su brutalidad y opresión a menos que los gobiernos les impongan una presión financiera significativa”, declaró John Sifton, director de incidencia en Asia de la ONG.
Last Friday, @TotalEnergies announced plans to withdraw from Myanmar, but natural gas revenue to the junta will continue because other companies will take over their operations. The US and EU must impose new sanctions on that revenue.https://t.co/Jwrg0a0EvG
— John Sifton (@johnsifton) January 25, 2022
Y aunque la presión económica podría desequilibrar al mando del militar Min Aung Hlaing, la maestra Beatriz Escobar ve lejano que por ahora la comunidad internacional se involucre en Myanmar, ya que está enfocada en otros temas, como la posible invasión a Ucrania.
“En la agenda de muchos países hay una mayor preocupación por otros temas, como el COVID-19, Afganistán, y la crisis de Ucrania, que ahora realmente no llegan a considerar a naciones más periféricas con Myanmar, entonces es probable que sigan en la misma tónica. Sin embargo, sin duda sería importante que no olviden este golpe militar”, señala.
