La senda en materia de energía que sigue el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está generando incomodidades entre sus socios comerciales más importantes: Estados Unidos y Canadá.
Ayer, la administración de Joe Biden inició el proceso para solicitar consultas de resolución de disputas, que podrían derivar en la solicitud de un panel de solución de controversias contra México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Estados Unidos señala que existen políticas discriminatorias que afectan a empresas estadounidenses a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
El gobierno de Canadá siguió los pasos de su vecino del sur y también anunció que lanzará sus propias consultas con México sobre sus políticas energéticas.
“Estos cambios de política afectan los intereses económicos de los Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable. Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el Gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones pero, lamentablemente las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México”, señaló Katherine Tai, representante Comercial de Estados Unidos a través de un anunció publicado ayer.
La Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por sus siglas en inglés) señala directamente a las enmiendas que se intentaron hacer a la Ley de la Industria Eléctrica que buscaba priorizar la distribución de energía generada por la CFE para dejar en un segundo plano a las centrales eléctricas eólicas y solares, así como las de ciclos combinados de empresas privadas.
Sin embargo, también se señala las denegación y demoras en los permisos para que las empresas privadas operen en el sector energético de México; la extensión de tiempo que únicamente se otorgó a Pemex para cumplir con los requisitos máximos de azufre bajo la norma de combustibles diésel automotriz aplicable en México en diciembre de 2019; y una acción que favoreció a CFE, Pemex y sus productos en el uso de la red de transporte de gas natural de México.
A partir de ayer la Secretaría de Economía cuenta con un periodo de 75 días para presentar sus argumentos para solucionar la controversia planteada tanto por Estados Unidos y Canadá, cada uno con un proceso diferente corriendo por su parte, señaló la Secretaría de Economía, a través de un comunicado.
En caso de no llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio, Estados Unidos o Canadá tendrán que solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre el asunto.
Se prevé que este conflicto llegue hasta un panel de solución de controversias toda vez que es poco probable que se resuelva en la etapa no contenciosa, afirma Jose Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la UNAM.
“Es muy importante que el jurídico de la Secretaría de Economía arme muy bien su expediente para demostrar que con base en el artículo 8.1.2 del T-MEC, México ha actuado apegado a esos principios.
“Estados Unidos argumenta un hecho que no se ha dado, es decir, no ha sido ratificado por el Congreso la reforma eléctrica, la CRE no ha fallado para que las empresas de Estados Unidos suspendan sus actividades y no tenemos el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la CFE ¿Cómo es que Estados Unidos dice que se está afectando a las empresas cuando no hay un acto jurídico que demuestre que se le está afectando?”, señala el coordinador del LACEN.
