El conflicto legal entre la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s (S&P) y el gobierno de los Estados Unidos se está calentando.
La calificadora ahora acusa al gobierno de haber lanzado una demanda por 5 mil millones de dólares en su contra como venganza por la reducción que S&P hizo a la calificación crediticia del país en el 2011.
S&P ha indicado previamente que piensa que la demanda, presentada por el Departamento de Justicia (DoJ, por sus iniciales en inglés) en febrero de este año, tiene motivos políticos, pero el lenguaje utilizado en los documentos que la compañía presentó el martes ante una corte federal es el más agresivo hasta la fecha, según reporta The Wall Street Journal.
“(El DoJ) ha comenzado esta acción en respuesta al ejercicio (de S&P) de sus derechos de libertad de expresión con respecto a la solvencia crediticia de los Estados Unidos”, indicó el equipo legal de S&P en los documentos de su defensa legal. El DoJ ha descrito como “absurdas” las acusaciones de la empresa.
Por su parte, el DoJ acusa a S&P de describir engañosamente su proceso de evaluación crediticia durante los años previos a la crisis financiera del 2008. La empresa ha respondido que los reclamos del gobierno “no tienen mérito”.
El DoJ argumenta que algunos bancos y cooperativas de crédito, asegurados por el gobierno federal, adquirieron activos que habían recibido una calificación alta por parte de S&P porque pensaron que eran menos riesgosos que otros con menores calificaciones.
Para el DoJ, tras bambalinas S&P estaba asignando altas calificaciones a estos activos para complacer a algunos bancos y otros de sus clientes. El gobierno busca obtener una compensación de 5 mil millones de dólares por las pérdidas que estos activos tóxicos causaron.
¿Justicia?
La demanda contra S&P es un enfrentamiento legal clave para el DoJ, que busca demostrar que está haciendo lo necesario para que las instituciones que considera responsables de crear las condiciones de la crisis financiera rindan cuentas por sus acciones.
Para S&P, subsidiaria de McGraw Hill Financial, el riesgo es bastante grande. La suma demandada por el gobierno es equivalente aproximadamente a las ganancias operativas de seis años para la compañía.
Respecto a la credibilidad de S&P, sus abogados argumentan que, aunque sus calificaciones son independientes, cualquier declaración acerca de su objetividad es “sólo publicidad” y no debe ser tomada tan seriamente por la comunidad financiera.
El juez encargado del caso calificó el argumento de S&P como “profunda e inexorablemente preocupante”.
