Va EU contra calificadora

En una acción inédita por parte del Gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil contra una de las calificadoras más importantes a nivel mundial, Standard & Poor’s, y pide una compensación de 5 mil millones de dólares al acusarla de defraudar a los invesionistas.

Inédito porque antes de esta ocasión el Gobierno Federal nunca se había propuesto demandar a una calificadora de riesgos. 

El litigio surge debido a irregularidades en la calificación de bonos relacionados a hipotecas, que en parte detonaron la crisis. 

Como reporta Wall Street Journal, durante cuatro meses se intentó llegar a un acuerdo que no se logró. La compañía calificadora sentía que pagar por un acuerdo hubiera deteriorado su imagen y credibilidad, lo que podría poner en riesgo su funcionabilidad. 

El Departamento de Justicia buscaba un acuerdo donde la empresa pagara mil millones de dólares, lo cual le pareció excesivo a S&P. Esto desembocó en la demanda federal, que ahora busca una compensación de 5 mil millones de dólares.

Lo que hará más difícil el caso para la compañía es la unión a la demanda por parte de los gobiernos de 16 Estados y el Distrito de Columbia.

La calificadora afirma que los cargos son “enteramente sin mérito factual o legal”, pues argumenta que sus competidores habían dado las mismas calificaciones a los casos por los cuales se le cuestiona.

Ningún individuo fue acusado en la demanda y no está claro de inmediato por qué el Gobierno se enfocó en S&P y no en sus rivales Moody’s Corp o Fitch Ratings, que también ofrecieron calificaciones a esos títulos.

¿Por qué la demanda?

Para entender más a profundidad porqué se está demandando a esta empresa, hay que entrar un poco en contexto. 

La crisis financiera que comenzó en Estados Unidos hace pocos años se ha atribuido a una burbuja inmobiliaria como la causa principal.

Lo que ocurrió fue que el mercado de derivados con bonos hipotecarios creció de manera impresionante en los años que precedieron a la crisis. Se volvió fácil para los consumidores conseguir una hipoteca, ya que sus bancos las aseguraban vendiéndolas como bonos a otras instituciones financieras.

Las instituciones financieras vendían estos bonos como productos llamados CDO’s (Obligación de Deuda Colateralizada, por sus siglas en inglés). Cuándo el precio de las hipotecas aumentó de manera rápida, los consumidores dejaron de pagarlas y el mercado de CDO’s cayó de manera abrupta. 

Estos instrumentos de deuda recibieron la calificación crediticia más alta posible, tanto de parte de Standard & Poors, como de sus principales rivales, Moody’s y Fitch. 

Esto se señala como una de las causas que condujo al préstamo excesivo. 

En el documental Inside Job que ganó el Oscar en el 2010, ya se exhibía una crítica a las calificadoras, al alegarse que éstas sabían del riesgo de las mencionadas CDO’s, y sin embargo no redujeron la calificación. 

La demanda se enfoca en alrededor de 40 instrumentos financieros de este tipo, como reporta el New York Times. 

Estos productos se desarrollaron en fechas cercanas a la burbuja inmobiliaria y le generó cerca de 13 millones de dólares de ingresos a la compañía por calificarlos. 

Subraya este diario, que la compañía le dio a las autoridades alrededor de 20 millones de páginas con correos electrónicos para la investigación. Dentro de estos correos se encontraron mensajes de los empleados mostrando preocupación por las calificaciones a dichos instrumentos. 

¿Problema de incentivos?

Uno de los problemas que desde hace años se ha discutido en el sistema financiero es la forma en que funcionan las calificadoras de crédito. 

El principal ingreso de dichas compañías es por medio de honorarios que pagan las compañías que emiten los bonos. Si una compañía le paga a la calificadora para que le otorgue una calificación a su instrumento de deuda, puede existir presión para reportar una mejor situación de la deuda de la que en verdad existe. 

Esto le daría al mercado una impresión errónea de la situación verdadera de la deuda y los inversionistas podrían perder grandes cantidades de dinero injustamente, de lo que ahora se acusa a S&P. 

En el documental mencionado se entrevistó a personas que trabajaban en las calificadoras y estos alegaban que las calificaciones que otorgaban era subjetivas, por lo cual podría existir un margen de error. 

Sin embargo, la demanda civil alega que a pesar de que S&P sabía del estado deteriorado de los instrumentos de deuda hipotecarios, la compañía no modificó sus modelos estadísticos con tal de retener un segmento de mercado importante y seguir recibiendo grandes ingresos. 

La calificadora se defendió ayer a través de un comunicado y sostiene que el Gobierno tendrá dificultades para demostrar sus señalamientos.

“Las acusaciones de que deliberadamente mantuvimos altas las calificaciones cuando sabíamos que deberían ser bajas simplemente no son verdad”, dijo la compañía.