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El costo de la matrícula universitaria en Estados Unidos ha crecido rápidamente en las últimas décadas. El encarecimiento de la educación crece incluso a un ritmo mayor que la inflación del país. Esto significa que una mayor proporción del ingreso del hogar debe destinarse a pagar la educación.
Sin embargo, lo más común en este país no es dedicar el ingreso familiar a la educación de los hijos, sino recurrir al crédito para pagar la colegiatura.
De 1981 al 2011 la colegiatura promedio de las universidades privadas saltó de 14 mil 747 dólares a 36 mil 993. Sin embargo, el monto máximo que un estudiante universitario puede obtener por el programa de crédito federal actualmente es de 31 mil dólares.
Debido a la falta de programas de ayuda económica del gobierno federal, se ha desarrollado un mercado de préstamos por parte de la banca privada.
Este es un mercado riesgoso ya que los estudiantes no cuentan con garantías apropiadas, además de que toman el préstamo teniendo un futuro profesional incierto.
Cuando una pequeña empresa toma un crédito, el banco tiene información sobre el proyecto en el cual se va a destinar el fondo, sin embargo, en el caso del crédito escolar no se tiene claro el posible ingreso futuro del estudiante.
Un problema adicional del incremento de los créditos educativos es que el costo de la matrícula no se presiona a la baja. Si ante el alza de los precios el alumno decide solicitar un crédito en lugar de no ingresar a la universidad, estas instituciones no se van a ver en la necesidad de reducir o mantener su valor de colegiatura.
En julio expira en Estados Unidos el programa de subsidio al crédito estudiantil, el cual ha mantenido la tasa de interés en 3.4 por ciento. En caso de no extenderse la tasa se duplicaría para llegar al 6.8 por ciento. Proponer extender el subsidio es una política que le sirve a los candidatos en la actual carrera presidencial para asegurar el voto de la juventud, sin embargo ha sido criticado por diversos economistas.
Extender el programa tan solo un año más costará 6 mil millones de dólares, y la crítica viene en el sentido del uso de esta cantidad de dinero. Entre los argumentos publicados en Freakonomics por el académico Justin Wolfers subraya lo siguiente:
En cuestión de distribución, “si el gobierno va a distribuir dinero, por qué lo haría a estudiantes con estudios universitarios, quienes generalmente tienen mayores ingresos”.
Como política macroeconómica, “la gente a la que se le perdonaría la beca ahorra una fracción mayor de su ingreso que las clases bajas, por lo que no sería el mejor estímulo por medio del consumo nacional”. Como política educativa, “se le perdona la beca a quienes ya realizaron sus estudios, por lo que no se fomenta la educación”.
Sin dinero para pagar
Es tanto el problema de la incapacidad de pagar por parte de los estudiantes graduados, que actualmente existe un movimiento ciudadano que busca que se perdone la deuda.
Este movimiento, que ya reúne más de 672 mil firmas, presenta como slogan: “¿Quieren un estímulo real a la economía y plan de fomento laboral? Perdonen la deuda estudiantil”.
Al tener que recurrir al crédito, los individuos sopesan el ingreso esperado con el valor del crédito y lo toman si creen ganar lo suficiente después de graduarse para pagar la deuda.
Mark Kantrowitz, quien dirige una organización dedicada a informar exhaustivamente sobre los créditos universitarios, indica que “no se debería pedir más dinero durante toda la universidad que lo que se espera ganar en el primer año de salario”.
Vemos que esto no está ocurriendo a raíz del movimiento tan grande para que se perdone la deuda estudiantil. Aunado a la falta de empleo, y mucho menos bien remunerado, para los alumnos recién graduados.
El argumento central para promover la educación superior es el beneficio social que trae consigo. Para el individuo es un incentivo estudiar al tener mejores oportunidades de trabajo. Para la sociedad en conjunto es benéfico al tener una fuerza laboral con mayores habilidades para innovar y así generar desarrollo económico.
La crisis de pago del crédito se agrava debido a la falta de empleo, y mucho menos bien remunerado, para los alumnos recién graduados.
Lo que ha ocurrido es que los estudiantes forzados a tener créditos optan por desarrollarse en áreas que crean que son más rentables. Así, han disminuido las carreras más riesgosas que involucran innovación tecnológica o aquellas con beneficios directos a la sociedad como las dirigidas al sector público.
Esto se observó en un experimento en NYU donde se contrastó la diferencia en financiamiento, donde algunos estudiantes del departamento de derecho tuvieron acceso a beca y otros a préstamo.
Hubo una diferencia significativa en el sentido que los estudiantes que cargaban con la obligación de pagar su deuda, se enfocaron en trabajar para despachos privados de abogados, mientras que los que recibieron becas lo hicieron en oficinas públicas.
No es negativo ni necesariamente menos benéfico para la sociedad un abogado que haga una carrera profesional en el sector privado. Lo peligroso es tener una sociedad en la cual sus individuos basen sus decisiones de profesión por sus obligaciones a pagar debido al estado del sistema educativo y no por sus intereses verdaderos o aspiraciones personales.
En México, las colegiaturas de las universidades privadas también se han encarecido. Un semestre de carga completa en el ITESM cuesta alrededor de 79 mil 20 pesos, y en la Universidad Iberoamericana, 78 mil 831 pesos. Aunque sean de las universidades más caras en México, el alza del costo de sus colegiaturas es representativo a lo largo de las universidades privadas en el país.
Es claro que hace falta un esquema de fomento a la educación superior, pero al observar los problemas del vecino del norte se debería tomar en cuenta el peligro de recurrir a un mercado de créditos.