El pacto de cortesía entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Banco de México (Banxico) empieza a mostrar algunas grietas.
Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obradror en torno a la gestión de esta entidad autónoma han escalado hasta el punto en el que el pasado 21 de mayo el mandatario afirmó que no propondría a Alejandro Díaz de León para un segundo mandato como gobernador de Banxico.
En su conferencia matutina el presidente de la República señaló que en su lugar propondrá a un “economista de mucho prestigio, un profesional que va a cumplir con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera”, además agregó que sería un economista con dimensión social y partidario de “la economía moral”.
El artículo 38 de la Ley del Banco de México establece que es facultad del Ejecutivo Federal nombrar al gobernador de la institución y el artículo 40 señala que la persona designada durará en su cargo seis años. Sin embargo, el periodo de Díaz de León está por vencer pese a que lleva cuatro años en el cargo, debido a que éste se integró al periodo iniciado por su predecesor Agustín Carstens, quien dejó su cargo para dirigir el Banco Internacional de Pagos.
Además del gobernador, la Junta de Gobierno de Banxico está integrada por cinco subgobernadores, de los cuales Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja han sido propuestos por López Obrador.
Pero los señalamientos a los actuales encargados del rumbo de la política monetaria del país no han sido el único señalamiento hecho por el presidente mexicano. AMLO también se refirió en su conferencia matutina del 20 de mayo a la pensión de 184 mil pesos que recibe Francisco Gil Díaz, que fungió como subgobernador de 1994 a 1997.
Transparencia en remanentes de Banxico
Aunque desde el inicio de su gestión, López Obrador se comprometió a respetar la autonomía del banco central mexicano, eso no ha evitado que haga señalamientos en torno a la gestión de éste y entre los más constantes está la transparencia o entrega de remanentes.
“En la pasada administración sí hubo remanentes y ahora no hubo. Nada que el director del Banco de México, con todo respeto, pues trabajaba en Hacienda y fue hasta director de Nacional Financiera, muy cercano a Meade, a Videgaray. Entonces, ahora pues ya no es lo mismo.
Pudieron destinar una parte del remanente a ayudar para vacunas, recursos etiquetados; además, de acuerdo a las disposiciones legales, ese dinero se debe de utilizar en pago de deuda, o sea, no es para que se derroche, y pagar deuda pues significa ahorrar en el pago del servicio de la deuda. Pudieron haber hecho algo, pero son otras circunstancias”, afirmó López Obrador.
El banco central está obligado a entregar al gobierno federal el importe de su remanente de operación al cierre del ejercicio fiscal a través de hacienda, que resulta de las utilidades de la disminución acumulada del peso cuando se deprecia frente al dólar.
Pero este no es el primer cuestionamiento en torno a los remanentes, en abril de 2020, mientras la pandemia por COVID-19 amenazaba con impactar severamente la economía mexicana, López Obrador señaló que se podría encontrar un mecanismo para que se adelantaran dichos recursos y poder salir de la crisis sin endeudar al país.
Sin embargo, el artículo 55 de la Ley de Banxico señala que se entrega el importe íntegro de su remanente de operación a más tardar el mes de abril del ejercicio inmediato siguiente al que corresponda el remanente y siempre y cuando ello no implique la reducción de reservas provenientes de la revaluación de activos.
Se esperaba que para abril de este año se entregará el remanente de 2020, sin embargo, los estados financieros de Banxico revelaron que no hubo utilidad. El resultado del ejercicio por aplicar del banco central se ubicó en 165 mil 17 millones de pesos.
El subgobernador Gerardo Esquvel explicó a través de su cuenta de Twitter que el 74 por ciento del resultado del ejercicio se utilizó para amortizar pérdidas acumuladas de ejercicios previos y el resto a capital contable.