“La avaricia y la paz se excluyen mutuamente”
Si México cuenta con un elemento a su favor en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es el tiempo. El gobierno mexicano abandonó su objetivo inicial de realizar una negociación expedita, que originalmente buscaba aislar la discusión en torno al acuerdo de la dinámica política inherente al proceso electoral de 2018.
En cambio, se ha asumido una postura mucho más flexible en ese sentido. El equipo negociador mexicano ha insistido en que permanecerá en la mesa de discusión y que seguirá dentro del TLCAN con Canadá, independientemente de lo que decida hacer Estados Unidos.
La semana pasada, Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, dijo que no percibía que la elección presidencial del siguiente año pudiera significar algún riesgo para la continuación de las negociaciones comerciales.
Este cambio en el ritmo de la negociación, que ha sido alargada hasta el 2018, es resultado de una radicalización de las propuestas que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa. El rebase de las líneas rojas de México y Canadá ha colocado un denso velo de incertidumbre sobre el futuro del TLCAN.
Dado que hay una creciente percepción de que la administración de Donald Trump está saboteando la negociación y que se está preparando para retirarse del tratado, el enfoque mediático ha transitado del contenido de las discusiones comerciales a los recursos legales y políticos que pudieran bloquear la decisión presidencial.
En última instancia, el futuro del TLCAN pudiera depender de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, para que esto suceda, antes tendría que ocurrir un largo debate y litigio constitucional que podría durar varios años. El conflicto legal pudiera tardar lo suficiente como para que el gobierno mexicano cambie la narrativa política mediante una campaña de activismo en Estados Unidos, como lo ha sugerido el excanciller Jorge Castañeda, o incluso pudiera haber un nuevo presidente en la Casa Blanca.
Esta condición favorece el que parece ser el objetivo último del gobierno y el empresariado mexicano en relación al TLCAN: la preservación del status quo.
“Si el presidente alguna vez sugiere que los Estados Unidos se retirarán del TLCAN, para deshacer esa relación, tendría que pasar por el Congreso”
Batalla constitucional
La Constitución de Estados Unidos no contempla explícitamente si el presidente tiene la facultad de terminar un tratado comercial internacional sin el consentimiento del Congreso. “Éste es un especie de territorio inexplorado en el que nadie sabe realmente la respuesta”, aseguró Warren Maruyama, quien fuera asesor legal para los presidentes Ronald Reagan y George Bush.
Lo único certero es que si el presidente Trump decide retirar a Estados Unidos del TLCAN, se iniciaría un profundo debate constitucional para definir fronteras entre las facultades del poder legislativo y el poder judicial.
Esta coyuntura sería explotada por los grupos que se han opuesta tajantemente a la terminación del acuerdo, notoriamente la industria automotriz, los grandes conglomerados de agronegocios y la American Chamber of Commerce, la organización empresarial más importante de Estados Unidos que, de acuerdo al diario The Wall Street Journal, ya está preparando una ofensiva legal para salvar al TLCAN.
El consenso de especialistas jurídicos argumenta que la Constitución plantea claramente que el manejo de la política comercial, incluida la negociación y terminación de tratados, corresponde al Congreso.
Por otra parte, el argumento afín a la Casa Blanca reside en que hay precedentes de presidentes que han terminado tratados internacionales. No obstante, Gary Hufbauer, un economista del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés), refiere que estos casos aluden a tratados de índole no comercial. “No existen ejemplos en los que un presidente haya decidido terminar de manera unilateral un acuerdo comercial, lo cual es una facultad exclusiva del Congreso”, escribió Hufbauer en un artículo para el portal del PIIE.
Al respecto, Richard Neal, un congresista demócrata de Massachusetts, declaró: “Si el presidente alguna vez sugiere que los Estados Unidos se retirarán del TLCAN, para deshacer esa relación, tendría que pasar por el Congreso”.
El argumento está fundado en un reporte del Servicio de Investigación del Congreso del poder legislativo: “A pesar de la habilidad del presidente para retirarse de un tratado, el desmantelamiento de las provisiones estatutarias que implementan el TLCAN requieren de la aprobación del Congreso”.
Expresamente, se refiere a la Ley de Implementación del TLCAN, que ofrece validez a todas las estipulaciones del acuerdo, notoriamente la eliminación de aranceles. Huelga decir que el poder ejecutivo no tiene la facultad para derogar este tipo de provisiones estatutarias.
“Si el presidente Trump propone notificar la terminación del TLCAN sin el consentimiento del poder legislativo, los exportadores estadounidenses, los consumidores e incluso los miembros del Congreso podrían interponer una demanda”, aseguró el profesor de derecho de la Universidad Tufts, Joel Trachtman,
De tal suerte, explica Trachtman, alguna corte federal expedirá un mandato parecido a aquellos que han inhabilitado las órdenes ejecutivas de restricción migratoria del presidente Trump.
Tim Meyer, profesor de derecho en la Universidad de Vanderbilt, sentencia: “Veremos a la industria automotriz en la corte el día después de que se envíe la notificación, tratando de obtener una orden judicial”.
“Si el presidente Trump propone notificar la terminación del TLCAN sin el consentimiento del poder legislativo, los exportadores estadounidenses, los consumidores e incluso los miembros del Congreso podrían interponer una demanda”
En última instancia, el futuro del TLCAN pudiera depender de una decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos
