En el marco de la reestructura que el presidente electo Enrique Peña Nieto ha decidido impulsar, y que propone recortar a las Secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública, queda la pregunta evidente: ¿habrá otras dependencias que merecen la misma suerte?
Una secretaría que inmediatamente se viene a la mente es la de Economía, cuyas responsabilidades parecen ser difusas para la mayoría de los mexicanos.
Creada originalmente en 1864 como Ministerio de Fomento y ya en su noveno cambio de nombre, a esta dependencia le corresponde, entre otras cosas: regular las políticas de precios, el comercio exterior, los estímulos fiscales oficiales como los subsidios y proteger al consumidor y la propiedad intelectual.
Como desde hace algunos años la composición económica del país ha cambiado extraordinariamente, estos roles se han vuelto cada vez menos relevantes, o se podrían hacer de manera diferente.
Por ejemplo, hoy en día pocos precios de la economía son “oficiales” o controlados.
Y la mayoría de los otros objetivos inclusive no son facultad propia. Tanto los estímulos fiscales como los subsidios deben ser acordados con la Secretaría de Hacienda, y la política de comercio exterior, con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ante todo esto, y en vísperas de una oportunidad en un nuevo sexenio, sería sabio cuestionarnos la viabilidad de la institución y lo que se puede hacer para mejorarla.
El modelo americano
En Estados Unidos existen una serie de dependencias cuyas atribuciones son parecidas a esta secretaría.
El Departamento del Comercio establece lineamientos de aranceles e importación, mientas que la Administración de Negocios Pequeños se encarga del fomento a las pequeñas y medianas empresas.
No obstante, en ese país la existencia de ellas también han sido duramente criticadas.
Especialmente, durante las campañas para candidato presidencial de los republicanos, la Administración de Negocios Pequeños fue señalada como innecesaria y digna de un recorte.
Pero la diferencia principal con Estados Unidos es que en esa nación el ejecutivo federal cuenta con un órgano independiente y apartidista que aconseja sobre la economía.
El Consejo de Asesores Económicos, puede incluso llegar a ser más poderoso que el Departamento del Comercio porque tiene los oídos directos del presidente.
Comúnmente este consejo se ha integrado por académicos expertos en temas de desarrollo o historia económica, lo que garantiza que no tendrán incentivos partidistas de por medio.
Además, al ser un Consejo con relativamente muy poco presupuesto, no es de interés de los consejeros incrementar el presupuesto a su dependencia, sino simplemente aconsejar.
En la práctica, lo que las mentes de este organismo proponen termina siendo implementado por las dependencias parecidas a la Secretaría de Economía en México.
Más consejos, menos de–pendencia.
El hecho de que no exista un consejo de alto nivel para el presidente en México obliga a que sus asesores tengan una visión parcial de la problemática.
Por ejemplo, el trabajo de primera instancia del Secretario de Hacienda es recaudar ingresos, pero termina sirviendo en la práctica también un asesor.
Parece difícil imaginar otro país en el cual el encargado de la recaudación también es asesor de política de desarrollo.
El Secretario de Economía, por su parte, indirectamente depende del presupuesto federal que el ejecutivo propone, por lo que será más renuente a aceptar que algunos programas de su dependencia no funcionan y más propenso a intentar acaparar más presupuesto.
El Banco de México termina siendo el asesor más imparcial por de facto, pero aun así, la meta de la institución es mantener la estabilidad de precios, no necesariamente el crecimiento económico.
Nueva secretaría
Un modelo nuevo podría delimitar las funciones de la Secretaría de Economía y absorber otras.
Algunos programas de fomento como Pro México han sido reconocidos por su éxito. En vista de ello, las atribuciones de comercio exterior deberían permanecer dentro del organismo.
Así mismo, se podrían expandir sus facultades para incluir el fomento al turismo, eliminando así a la secretaría encargada de ello y ahorrando bastante dinero.
Pero más importante, Economía debería fungir más como promotor y consejero, que como implementador de política económica.
Un Consejo de Asesores Económicos autónomo, profesional y académico sería bienvenido.
Los subsidios y las políticas de precios fácilmente podrían pasar a ser facultad de la Secretaría de Hacienda, y los apoyos a pequeñas empresas funcionarían mejor en un banco de desarrollo.
Finalmente, la Comisión Federal de Competencia podría volverse todavía más independiente, como el INEGI.
Ante los cambios que el presidente electo ha anunciado, la Secretaría de Economía parece intocable, pero si se está considerando un cambio positivo en la administración pública, esta dependencia también debería entrar al debate.
Regular políticas
Hoy en día, pocos precios de la economía son ‘oficiales’ o controlados.
Comercio exterior
La política de comercio exterior se establece junto con Relaciones Exteriores
Estímulos fiscales y subsidios
Tanto los estímulos fiscales como los subsidios deben ser acordados con la Secretaría de Hacienda.
Protección a consumidor
La Procuraduría Federal del Consumidor se encarga de la equidad de la seguridad jurídica de los consumidores
Protección a la propiedad intelectual
El Instituto Nacional del Derecho de Autor protege el derecho de autor y derechos conexos, entre otras cosas.