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El gobierno federal, según reportó Reuters el lunes, prepara una reforma en materia financiera que busca impulsar los créditos para empresas pequeñas y medianas en el país.
Y es que de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, sólo 15 por ciento de los créditos otorgados van a parar a pequeñas y medianas empresas, mismas que generan 75 por ciento de los empleos en el país.
Considerando que muchos mexicanos usan sus tarjetas de crédito para financiar la expansión de sus negocios y que además, tan sólo el 26 por ciento del PIB se financia por medio del sector privado, mucho menor que en países como Brasil, Argentina y Chile, la necesidad de incrementar el acceso al crédito es evidente para el crecimiento.
Economistas de Casa de Bolsa Banorte estiman que la reforma, sumada a otra en el sistema de seguridad social, podría incrementar la tasa de crecimiento de la economía en 0.5 y 1 puntos porcentuales, respectivamente. La estimación bien podría ser demasiado optimista, pero nadie parece discutir que sumaría al menos dinamismo a la economía.
Para que funcione la reforma que hoy presentará el presidente Enrique Peña Nieto, una de las metas más importantes a plantearse debe ser la eliminación de términos ambiguos que caracterizan actualmente a la leyes del sistema financiero mexicano.
Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, el Banco Central “propiciará que las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas otorguen préstamos o créditos en condiciones accesibles y razonables”.
En la práctica, definir “razonables” puede ser increíblemente complejo de hacerlo.
Tan solo en las tarjetas de crédito, que tienen tasas generalmente altas, se puede volver todo un dolor de cabeza decidir cuándo están “accesibles”.
De acuerdo con el último reporte publicado en octubre por el Banco de México, las tasas pueden variar dependiendo del tipo de tarjeta, el banco y los hábito de pago del consumidor desde 20.2 por ciento hasta un 62.2 por ciento anual.
Una ley ambigua, por más bienintencionada que sea, deja con pocos recursos a los órganos reguladores para ponerla en práctica.
Avance en garantías
Pero la ambigüedad no sólo afecta a los reguladores, sino a los mismos bancos que argumentan tener pocos incentivos por prestar. Por ejemplo, para retomar un activo que no se pagó o declarar a una empresa en bancarrota, la misma ley hace lento y difícil el proceso de cobranza.
Las instituciones financieras argumentan que si bien el riesgo de moratoria no es muy alto en México, tomar los bienes que dejaron en garantía quienes piden préstamos y no pagan incrementan sustancialmente el costo de prestar, lo que, según ellos, se traduce en altas tasas de interés.
Aunado a ello, ha resultado mucho más provechoso para los bancos ofrecer crédito al consumo, como tarjetas de crédito, porque no se necesita incurrir en muchos costos de investigación y análisis de riesgos.
Para ello, la actual reforma, de acuerdo con el resumen previo que ofrece Reuters, busca reducir los trámites y expeditar el proceso de reclamar bienes que se dejan en garantía.
Desde luego que transparentar las reglas y mejorar el proceso con el cual se pueden retomar las garantías ofrecidas a cambio de créditos, se trata de un avance en la dirección correcta.
La citada reforma también tiene como propósito usar la enorme infraestructura de bancos de desarrollo que se ha creado en los últimos años, para impulsar competencia en el sector.
El documento de más de 800 páginas contiene un cambio que pondría fin a las reglas sobre préstamos múltiples a un solo deudor o límites sobre créditos de corto plazo en Banjército, el banco de desarrollo afiliado a las fuerzas armadas.
Así mismo, se espera que se relajen algunos límites que existen actualmente sobre la inversión de capital extranjero en el sector, lo que podría atraer capitales para incrementar la competencia.
La iniciativa puede ser un paso en la dirección correcta si logra solucionar los problemas de ambigüedad presentes en las leyes mexicanas y que afectan a reguladores, bancos y consumidores por igual.
Pero existe una probabilidad de error enorme: más leyes que suenan bien en papel, pero son difíciles de aplicar en la práctica o que al gobierno “se le pase la mano”, impulsando el crédito de manera poco sustentable a largo plazo.
Queda por esperar los pormenores de la reforma, mientras tanto seguiremos esperando que llegue el fin de la ambiguedad.
