El monopolista resiste

Reformar implica romper intereses y, probablemente, el agente económico más afectado por el ciclo reformatorio que emprendió la administración de Enrique Peña Nieto sea América Móvil, la compañía de telecomunicaciones que preside Carlos Slim Domit, hijo de Carlos Slim Helú.

Entre septiembre del 2014 y octubre del 2016, el precio de la acción de América Móvil cayó más de 33 por ciento. En el marco de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la compañía fue etiquetada como un agente económico preponderante, lo que derivó en la imposición de regulaciones asimétricas. Los reguladores del sector pretendían incentivar a América Móvil a desincorporar activos y eliminar prácticas anticompetitivas.

Sin embargo, de acuerdo a Irene Levy, presidenta de la asociación civil Observatel, América Móvil “no ha hecho nada importante para salir de la preponderancia”. Paradójicamente, la acción de la compañía se ha revaluado en un 30.26 por ciento desde finales de octubre del año pasado.

Podría argumentarse que América Móvil no contempla la condición de agente económico preponderante como una etiqueta permanente en las leyes mexicanas. La compañía y sus subsidiarias emprendieron una ofensiva legal para disputar un punto neurálgico de la reforma de telecomunicaciones: las tarifas de  interconexión.

La reforma de telecomunicaciones estableció que los nuevos competidores del sector no tienen que pagarle al agente económico preponderante por utilizar su infraestructura, es decir que existe una tarifa de interconexión de cero pesos.

América Móvil y sus subsidiarias han promovido 39 amparos argumentando que el artículo 131 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aquél que hace referencia a las tarifas de interconexión, es anticonstitucional.

El argumento de la compañía se basa en la presunción de que correspondía al Instituto Federal de Telecomunicaciones y no al Congreso la facultad de imponer esta tarifa.

¿Adiós a la reforma?

Se espera que el caso tenga que llegar hasta el pleno de la Suprema Corte de Justicia y que se discuta antes de la tercera semana de julio. Esto implicaría no sólo la deliberación que concierne a las tarifas de interconexión, sino que, en palabras de Irene Levy, forzaría a un acuerdo simultáneo que resuelva todo incluyendo la preponderancia.

Es decir, que la estrategia legal de América Móvil tiene la capacidad de revertir en gran medida los avances de la reforma de telecomunicaciones. En efecto, uno de los mayores logros económicos de este Gobierno quedaría neutralizado. La administración del presidente Peña Nieto aún no emite algún posicionamiento en este sentido, lo que ofrece poca claridad respecto a cuál será el rol del Gobierno federal en la defensa de uno de los legados más significativos de este sexenio.

No obstante, la pasividad de la administración de Peña Nieto contrasta con el activismo mediático y de cabildeo de los competidores de América Móvil, particularmente el de AT&T, la primera empresa estadounidense en participar en el mercado de telecomunicaciones mexicano a gran escala.

AT&T argumenta que la tarifa de interconexión cero fue uno de los principales factores que los motivaron a invertir en México. La compañía estadounidense compró a Iusacell y a Nextel, además de partes significativas del espectro 4G LTE.

El consenso de analistas refiere que sin la tarifa de interconexión cero, la consolidación del sector sería incierta: Alestra y Axtel se fusionaron en el 2015 y, de acuerdo a versiones periodísticas, Sprint evalúa la compra de Telefónica, así como Verizon analiza una entrada agresiva al mercado nacional.

Será tema del TLCAN

La gestión política de AT&T, que en las últimas dos décadas ha sido una de las 15 organizaciones que más ha invertido en gastos de cabildeo en Washington, ha llevado el tema de las tarifas de interconexión a la mesa de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su siglas en inglés).

Ésta no sería la primera vez que el USTR atiende esta cuestión en México. En el 2011,  respondió al llamado de Marcatel, una (empresa mexicana que cuenta con una subsidiaria estadounidense) para  presionar al Gobierno federal a actuar en relación a una serie de prácticas de Telmex que se consideraron anticompetitivas.

Ahora, el papel del USTR toma mayor relevancia porque éste es el despacho encargado de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que ofrece a AT&T un canal de presión para exigir un mejor acceso a la justicia especializada del sector de telecomunicaciones en México.

Las tarifas de interconexión son un asunto vital para el modelo de negocios de América Móvil. Antes de la implementación de la reforma, éstas representaban uno de los mayores componentes de los ingresos extraordinarios que percibía la compañía como agente dominante.

Si el artículo 131 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es declarado anticonstitucional, los demás concesionarios deberán de pagar, de manera retroactiva, más de 800 millones de dólares a América Móvil, de acuerdo a la agencia Bloomberg.