Telecom politizado

La iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones fue presentada el lunes en el Congreso, y casi de manera inmediata surgieron voces de protestas.

El debate en torno a la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto se intensifica con los ataques entre políticos que acusan a sus contrapartes de ni si quiera haber leído el texto oficial antes de rechazarlo.

De acuerdo con Abel Hibert, economista experto en telecomunicaciones, la propuesta de ley va en contra del espíritu de la reforma constitucional al otorgar injerencia innecesaria al poder Ejecutivo en la regulación.

A través de la figura de “opiniones no vinculantes”, diversos organismos de esta rama de gobierno tendrán garantizada el uso de su voz en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Uno puede decir que (no hay problema porque la opinión) es no vinculante, pero por qué tendría que tener una opinión el poder Ejecutivo si al final de cuentas lo que se estaba buscando era quitarle la discrecionalidad al poder Ejecutivo en el otorgamiento de concesiones”, explicó el excomisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Un ejemplo es el caso de las prórrogas de las concesiones, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) tiene las facultades de dar al IFT su opinión.

“Se puede prestar a cuestiones de conflicto que, por una razón totalmente política, se quiera negar la prórroga de un concesionario o por las mismas razones le quiera dar la prórroga a un concesionario aún y cuando el IFT haya detectado un interés público de rescatar, por ejemplo, la banda de este servicio”, afirmó Hibe rt.

A pesar de sus fallas, la nueva ley representa un avance significativo en la regulación de las telecomunicaciones y sería un exceso denominarla, como algunos opositores hacen, la “Ley Televisa Reloaded”.

“Sí hay un avance con respecto a la Ley Televisa, eso sí fue un atraco en despoblado”, comentó quien fue comisionado de la Cofetel cuando se aprobó esta ley en fast track.

La falta de competencia en telecomunicaciones ha convertido esta reforma en un tema delicado entre los mexicanos. 

Otros problemas

La particularidad del sector de telecomunicaciones ha demandado una legislación especial. El abuso manejado por empresas preponderantes como Televisa, TV Azteca, Telmex y Telcel han impedido el acceso a servicios de calidad a millones de mexicanos.

No obstante, se debe tener cuidado con no cargar la balanza hacia el otro lado y dañar los incentivos del libre mercado.

Regular a una empresa solo porque es muy grande genera un ambiente adverso a la inversión. Ninguna compañía estaría dispuesta a mejorar y eficientar su negocio si existe la posibilidad de una desincorporación de activos si ganan muchos clientes.

En opinión de Abel Hibert, la nueva ley no establece los candados necesarios para que este abuso de las autoridades no suceda. La única condición que se establece para aplicar una regulación asimétrica a una empresa es que tenga más del 50 por ciento del mercado.

“Regular a las empresas grandes en principio es un buen deseo. Sí hace falta que tengan mayor control del que tienen ahorita, pero también ver que no se les vaya a pasar la mano y haya repercusiones después en las inversiones; es un equilibrio bien delicado”, dijo.

En ese sentido, no se debe perder de vista que el objetivo de la reforma es aumentar la competencia en el sector y mejorar el servicio de los consumidores.

En ocasiones los inconformes con la legislación desean ver un cambio inmediato en la realidad, pero una cosa es la ley y otra es la práctica. 

El instrumento legal no garantiza por si solo que los objetivos se vayan a cumplir, existen muchas variables y las malas costumbres de funcionarios y empresarios a menudo se presentan fuera del marco legal.

Pelea por Telecom

Las leyes secundarias en telecomunicaciones debieron aprobarse a más tardar en diciembre del año pasado. 

A pesar de esta demora, el Congreso obtuvo apenas esta semana la iniciativa, pero fue descalificada de manera inmediata por la bancada opositora.

Los líderes de las bancadas del PAN, Luis Alberto Villarreal y Jorge Luis Preciado acusaron como irresponsable el rechazo que hizo su dirigente de partido Cecilia Romero.

Además de los conflictos internos del PAN, se argumentó que la iniciativa acababa de ser presentada y todavía no se podía tener un dictamen preliminar por el simple hecho de no haber tenido tiempo de leerla.

Al mismo tiempo, Grupo Televisa emitió un comunicado en el que protestaba en contra de la propuesta legislativa. La queja giraba en torno a un supuesto aumento en las obligaciones que tendría la televisora como agente económico preponderante y que no se encuentran en ningún instrumento jurídico en el mundo.

Mientras el debate continúa, ya existen cambios concretos en esta controversial industria. Las nuevas cadenas de televisión están en camino de ser licitadas y tanto Telmex como Televisa tienen la obligación de compartir su infraestructura para garantizar el acceso a nuevos competidores.

Analistas concuerdan que los consumidores podrían estar viendo un cambio en su servicio a partir de finales de este año y principios del 2015.