Las Sociedades Financieras Populares (sofipos) cambiaron el sistema financiero. Estos organismos permiten a las personas de bajos ingresos acceder a fondos o recursos monetarios que muchas veces no pueden adquirir con los grandes bancos.
Sin embargo, su estructura ha sido utilizada para cometer delitos de defraudación, hecho que las pone en la mira, a pesar de que el problema muchas veces no radica en ellas, sino en una inadecuada regulación.
En la actualidad se encuentran autorizadas 39 sofipos y sus activos totales ascienden a 32 mil 035 millones de pesos, de acuerdo con datos disponibles en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Las sofipos atienden a 3.8 millones de personas en el país permitiéndoles mejorar su calidad de vida. Edward Martin Regalado, socio en Regalado & Galindo Abogados, considera que existe un problema estructural en las sofipos y durante años los vacíos legales han permitido que se utilicen para incurrir en delitos.
Se han impulsado algunas iniciativas para mantener un mejor control sobre estas entidades, sin embargo, no son suficientes y la prueba de ello es que los ahorros de miles de personas han desaparecido y nunca se les devolvieron. Ficrea fue la punta del iceberg, pero el problema es mucho mayor
Aunque la CNBV y la Condusef llevan registro de las entidades existentes, uno de los mayores problemas es que algunas sofipos operan de forma clandestina.
Sofipos en la mira de nuevo
La Fiscalía General de la República (FGR) comenzó una investigación en contra del abogado Juan Collado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Collado es abogado de personajes clave en la vida política del país, como Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), quien por más de 30 años ha mantenido el control de la central obrera.
Poco después de la detención, la empresa Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad), informó mediante un comunicado la renuncia temporal de Collado a la presidencia de su Consejo de Administración hasta que su situación jurídica sea aclarada y resuelta.
El caso del abogado puso de nuevo a las sofipos en la discusión y aunque en este caso no existe una relación que pudiera afectar a la entidad, Edward Martin Regalado opina que una forma de contener algún daño fue tomar la medida anunciada.
“Lo que hizo Caja Libertad fue lo más adecuado para evitar que se le vinculara con el tema dada la fragilidad de este sector”, expone el socio en Regalado & Galindo Abogados.
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Caso Ficrea
El 30 de marzo de 2014, Ficrea anunció que dejaría de ser una sofipo para constituirse como banco. En ese entonces, sus activos sumaban 2 mil 750 millones de pesos (mdp).
Pocos días después, la CNBV detectó una triangulación no transparente de recursos, en la que se utilizaba a la sociedad anónima llamada Leadman para transferir recursos a los acreditados de Ficrea, esa misma organización también pagaba las amortizaciones de los créditos.
La comisión intervino y dio aviso a los ahorradores un mes después de que se había optado por la liquidación de la empresa debido a que su operación se había vuelto inviable, principalmente porque se había registrado un desvío de fondos.
Esta situación generó incertidumbre entre los clientes de Ficrea, pues sus ahorros se vieron comprometidos y sus temores se hicieron más grandes cuando la comisión les dijo que solamente podrían rescatar hasta un máximo de 130 mil pesos, ya que era el monto que el seguro cubría.
Al menos 6 mil 700 personas sufrieron alguna clase de perjuicio a su patrimonio, la mayoría de la tercera edad, por un total de 7 mil mdp aproximadamente. A más de cuatro años de lo ocurrido, el caso sigue abierto sin que el Estado pueda hacerse responsable.
Con el cambio de gobierno, 300 afectados pusieron sus esperanzas en que la administración de Andrés Manuel López Obrador les ayudara a resolver algo.
Sin embargo, hasta la fecha, los ahorradores no han obtenido una respuesta por parte de las autoridades y tras el cambio del presidente de la CNBV las esperanzas se diluyen, a pesar de que Rafael Olvera, principal accionista de Ficrea, fue detenido a finales de mayo pasado en Estados Unidos.
Edward Martin Regalado, quien también es abogado de varios defraudados por Ficrea, comparte que en este momento el caso se encuentra en una etapa crucial y confía en el papel de las autoridades.
“Nos encontramos en la última instancia y esperamos que por fin se haga justicia en este caso. Es importante que evitemos que esto vuelva a ocurrir y una forma de lograrlo es mejorar el actuar de la CNBV”.
