Secuelas del recorte

Las promesas de un mayor crecimiento para México se encuentran en tela de juicio.

El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un recorte del gasto público para este año de más de 124 mil millones de pesos.

Esto representa una disminución del 2.65 por ciento de un presupuesto gubernamental de 4.6 billones de pesos. La principal razón por la que se realizó el recorte es el impacto que están sufriendo los ingresos públicos por motivo del desplome del precio internacional del petróleo.

Aunque el recorte de gastos es la mejor opción que pudo tomar Hacienda ante la situación, esto no significa que  no tendrá consecuencias negativas.

Las autoridades afirman que el impacto del recorte será sólo marginal, por lo que mantienen su pronóstico de crecimiento económico intacto entre el 3.2 y 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año.

Pero no todos son tan optimistas. El primero en recortar sus pronósticos ha sido la calificadora Moody’s quien estima un crecimiento de 2.5 por ciento del PIB en este 2015, en lugar del 3.3 por ciento que había contemplado antes del recorte.

Las expectativas para los siguientes años también se tambalean. En el 2016, el Gobierno no contará con la misma ayuda por parte de las coberturas petrolera y la reforma energética está condenada a tener un menor impacto de lo esperado por la caída del crudo.

Problemas de dinero

Desde mediados del año pasado a la fecha, el barril petróleo mexicano ha perdido más del 60 por ciento de su valor. Esto pone en aprietos a las arcas del Estado que dependen en una tercera parte de la venta de crudo.

En un principio, las autoridades aseguraron que no habría ninguna modificación a las perspectivas de crecimiento o presupuesto. Después, se afirmó que las coberturas petroleras estabilizarían los ingresos del 2015 sin tener que ajustar el gasto.

Sin embargo, dichas coberturas sólo protegen las finanzas del Gobierno y no los ingresos de Pemex. Además, el cobro de este pago asegurado no es inmediato, por lo que se debe contar con una alternativa en el corto plazo.

Ante las presiones, Hacienda realizó un importante recorte de gasto en pleno año electoral. El consenso de los analistas y líderes de la inversión privada han aplaudido la medida tomada por la actual administración.

La reducción del recorte no fue una decisión difícil. El complicado panorama económico obligaba a una compensación por la falta de ingresos. Las únicas alternativas para lidiar con la situación hubieran sido un aumento del déficit público o de los impuestos.

Cualquiera de estas opciones acarrea sus propios problemas. Por un lado, organismos como el Fondo Monetario Internacional han encendido alarmas por el alto nivel de endeudamiento del país, afirmando que México es la tercera economía emergente con más deuda del mundo.

De manera similar, otro aumento de impuestos podría resultar desastroso para el país. La reforma fiscal aprobada en el 2013 todavía es culpada del pobre desempeño nacional y otro ajuste similar corre el riesgo de prolongar el impacto negativo.

Postura oficial

Después de la crisis económica de 1995, la prioridad número uno de la política económica mexicana ha sido la de procurar la estabilidad de los fundamentos macroeconómicos del país.

Las recientes medidas de responsabilidad fiscal refrendan el compromiso de las autoridades económicas de mantener una posición sólida frente a la volatilidad en los mercados financieros globales.

En el anuncio de los recortes al gasto público, Luis Videgaray, Secretario de Hacienda, refirió que el Gobierno de la República actuará con total disciplina y prudencia.  

Durante las últimas dos décadas, la política económica nacional ha privilegiado la estabilidad y la fortaleza de las finanzas públicas sobre el crecimiento impulsado por el sector público.

El año pasado, Moody’s le otorgó a la deuda soberana nacional la calificación A3. 

Sin embargo, en los últimos 20 años, el país creció en promedio apenas por encima del 2 por ciento anual.

Un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, elaborado por el economista Gabriel Fernández, considera que el modelo económico nacional a partir de 1995 se ha apegado al Consenso de Washington.

Éste es un conjunto de recomendaciones de política económica elaborados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que apuntan hacia una política de reglas.  Su primer premisa establece el control del déficit de la cuenta pública mediante la disciplina fiscal.

Las medidas de austeridad del gobierno mexicano convergen con la intención expresa de la Secretaría de Hacienda de reducir el déficit fiscal a cero por ciento para el 2017.