La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos mantener los beneficios que trajo la reforma de telecomunicaciones o propinar un golpe en contra del bolsillo de los usuarios de telefonía móvil.
Los ministros de la SCJN resolverán en los próximos días un amparo sobre si el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es constitucional o no y junto con ello beneficiar o perjudicar a los usuarios.
El 11 de junio del 2013 se aprobó la reforma, la cual dictó que el agente preponderante (América Móvil) “no cobrará a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red”, es decir, eliminar el costo por utilizar la red de la empresa de Carlos Slim y llamar a sus teléfonos, que representan el 65 por ciento de todo el país.
La reforma trajo consigo la reducción en costos, el aumento de llamadas, acceso a redes sociales y de millones de miles de mexicanos a la red de internet desde el teléfono.
Estos beneficios están ahora en riesgo por el amparo promovido por América Móvil, que solicita se anule el artículo 131, por considerarlo anticonstitucional.
El reclamo se basa en que el Poder Legislativo no tiene la capacidad jurídica para establecer prohibiciones respecto a lo que puede cobrar o no un concesionario preponderante.
Después de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, los usuarios comenzaron a hablar más, según la consultora The CIU el consumo de minutos de voz creció aceleradamente.
Al caer los precios de voz, otros servicios se abarataron, por ejemplo, en 2015 se eliminaron las tarifas de larga distancia a Estados Unidos y Canadá.
Carlos Slim, el dueño de la pelota
América Móvil tiene la red más grande y con más tiempo de existencia en el país, luego de habérsela comprado al gobierno hace unas décadas por lo que su costo es menor que el de sus competidores y durante mucho tiempo cobraron por utilizar esa red.
Al verse afectado por no poder cobrar por la tarifa cero a su competencia, Carlos Slim comenzó a buscar otros negocios, los datos móviles, así empezó a regalar al consumidor servicios como redes sociales y en algunos casos acceso a servicios de vídeo en línea, sin costo.
En 2013, antes de aprobarse la Reforma, la empresa preponderante por 539 pesos daba al usuario 60 minutos, cinco mensajes de texto y tres gigabytes de datos móviles. En 2017, y después de que le cambiaran la jugada a América Móvil, tuvo que ofrecer por 599 pesos llamadas y mensajes ilimitados, siete gigabytes de datos móviles y redes sociales gratis, así como el servicio de video OTT sin costo.
Implicaciones de aprobarse
Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que la tarifa cero es inconstitucional, el preponderante podrá volver a cobrar a sus competidores por el tráfico llegado a su red, además de reclamar una indemnización retroactiva que podría llegar a 800 millones de pesos por el tiempo de interconexión que no fue cobrado.
Esta incertidumbre pone a temblar a la empresa española Movistar y a la estadounidense AT&T, quienes incluso han amenazado con vender sus operaciones y salir del país.
Esto representa para el consumidor ponerse en las manos y acatar los precios del único ofertante del servicio, América Móvil.