Sacudida fiscal
Con las nuevas reglas de operación para las aplicaciones de transporte privado en la Ciudad de México las empresas deberán someterse a un régimen fiscal que presionará sus finanzas y las obligará a no subir las tarifas a sus usuarios
Nayeli Meza Orozco“Hay varios temas que aún deben resolverse para generar una competencia leal”
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomó el volante. Las empresas tecnológicas como Uber, Cabify, Didi, Beat, Laudrive y Bolt deberán manejar sobre el camino que el organismo a cargo de Margarita Ríos-Farjat les trace en el mapa.
El órgano fiscalizador estableció un esquema opcional en el que a estas compañías se les aplicará una retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que dependerá de su nivel de ingresos mensual y ocho por ciento por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
De entrada, este cambio de dirección impactará de forma significativa en los costos de operación de las plataformas. Por principio, porque para registrar a cada uno de sus conductores ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) las tecnológicas deberán realizar un desembolso de entre mil 800 y mil 900 pesos por unidad, con lo que el SAT podrá recaudar hasta 400 millones de pesos.
Además, los vehículos deberán pasar revista, la cual tendrá un costo de 63 mil pesos, cantidad que también será absorbida por las compañías.
Otro costo que no está asociado necesariamente con lo económico es el tiempo que cada socio deberá invertir en el proceso para poder estar en regla con este nuevo régimen.
A pesar de las implicaciones que estas medidas traerán a las finanzas de las aplicaciones de transporte privado, todas muestran interés y apertura en colaborar a favor de una movilidad eficiente en la Ciudad de México.
80
Ramón Escobar, director de Cabify en México, opina que en este momento la industria está bajo la lupa del fisco y de los reguladores, algo que no lo ven con malos ojos, pues esto les permite mejorar sus estándares de calidad, sin embargo, quedan puntos pendientes que deben discutirse entre el sector y el gobierno.
“Las disposiciones del SAT son un intento por formalizarnos y no es que antes estuviéramos fuera de la ley, pero ahora se abre una categoría especial que reconoce nuestras operaciones. Considero que es un gran paso, aunque las autoridades deben dejar bien en claro hacia dónde se quiere llegar con este esquema”, precisa el directivo.
400
En la actualidad, laboran más de 400 mil conductores dentro de la industria de transporte privado en el país, quienes mueven a casi nueve millones de personas en las 40 ciudades donde las aplicaciones están presentes en la República Mexicana.
Piso parejo
Desde el arribo de las plataformas a territorio nacional en 2014 comenzó una disputa con los conductores de taxis tradicionales, quienes reclamaban que esta clase de servicio no respetaba el reglamento y tampoco existía una regulación adecuada para que pudieran operar.
Con el paso de los años las tensiones disminuyeron, aunque los taxistas de la capital del país aún no están conformes con las medidas que se les han aplicado a las firmas tecnológicas
La principal exigencia es que, en teoría, todos los socios de las plataformas deben estar bajo el régimen de incorporación fiscal, pero la realidad es que muchos de ellos no cumplen con este requisito y tampoco pagan impuestos.
Roberto Colín, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), asegura que en este momento el principal objetivo del SAT es poner en el mismo coche a todos los participantes, sean públicos o privados, con el objetivo de equilibrar la balanza.
“Desde el punto de vista fiscal es evidente que no hay un piso parejo con aquellas empresas que prestan servicios a través de aplicaciones. La autoridad busca recaudar con estas compañías que reciben ingresos en el país y casi no pagan impuestos”, detalla el especialista.
El tema de que las plataformas digitales con presencia en México paguen impuestos no es nuevo, pero sigue cobrando relevancia conforme el número de competidores aumenta.
En septiembre del año pasado se presentó ante la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales, la cual buscaba que las empresas nacionales y extranjeras pagaran un impuesto equivalente a 3 por ciento de sus ingresos brutos totales generados por la prestación de sus servicios.
Esta idea replica el modelo que se está implementando en algunos países de Europa, donde se discute la aplicación de impuestos a firmas como Facebook, Amazon, Google y Apple.
Aunque la medida se mandó al congelador en su momento, el nuevo esquema opcional del SAT abre la puerta para que en las próximas semanas ocurra un anuncio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ramón Escobar asegura que desde hace seis meses Cabify se mantiene en negociaciones con las autoridades del SAT y entiende que el órgano busca establecer las mismas reglas del juego para todos, pero considera que esta no es la mejor solución.
“El uso de transporte privado por aplicaciones va en aumento y la imposición de cargas fiscales no crea condiciones igualitarias, al contrario solo daña a los competidores en vez de fomentar la competencia. Se deben crear las condiciones necesarias para cada uno de los participantes; nosotros queremos contribuir a impulsar la economía de México”, dice.
“Necesitamos trabajar juntos para reactivar la economía del país y una buena forma de hacerlo es apoyando a industrias como la de movilidad”
Usuarios a salvo
Al menos por ahora, el bolsillo de los mexicanos que utilizan Uber, Cabify, Didi, Beat, Laudrive y Bolt está a salvo, ya que las aplicaciones buscan que las condiciones del nuevo régimen del SAT no se les transfiera.
El rubro de transporte es uno de los más importantes para los mexicanos. Cerca de 19 por ciento del gasto de los hogares se destina a su movilidad, que equivale a mil 815 pesos mensuales, de acuerdo con el Índice de Movilidad Urbana elaborado por el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO)
Los ingresos de las plataformas digitales se han mantenido a la sombra, situación que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha destacado que si se transparentarán, las autoridades podrían gravar sus servicios de mejor forma elevando los ingresos del país.
Roberto Colín hace hincapié en la necesidad de que se anteponga la seguridad y bienestar de los usuarios antes de que el gobierno implemente nuevas regulaciones y se dupliquen esfuerzos para que éstas empresas sean más claras con sus finanzas.
“La intención del SAT es buena, pero a nivel de país no resuelve el problema, porque aún con estas medidas las grandes plataformas no están contribuyendo con sus impuestos como deberían”.
