Hoy es un chorrito, mañana serán gotitas y en un futuro no muy lejano el abasto que da la llave de los recursos públicos, será insuficiente.
Las arcas del dinero público podrían no alcanzar ya sea para atender la demanda de educación pública, servicios de salud, el combate a la pobreza, acceso al agua, saneamiento o servicios públicos de cualquier tipo o los retos socioeconómicos del país; esto pese a los cambios establecidos para este año en materia fiscal.
Además de la baja recaudación por impuestos que equivale a 13.1 por ciento -el índice más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)- preocupa el envejecimiento de la población y la caída de la fertilidad que provocará un cambio radical en la estructura laboral y mayor presión a las finanzas públicas, advierte el reporte “Reforma Fiscal: punto de partida hacia la igualdad postpandemia en México”.
Bajo este panorama es urgente que la administración actual retome la integración de una Reforma Fiscal de fondo que, entre otros cambios, límite privilegios fiscales a grandes contribuyentes, mejore la recaudación de impuestos como el predial y grave el patrimonio y la riqueza.
“Para poder tener una recuperación postpandemia se tienen que tomar medidas fiscales porque las reasignaciones de gasto dadas por las medidas de austeridad ya llegaron a un límite, al igual que las acciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de mejorar la recaudación, que se reconoce como una labor importante pero que no van a ser suficientes”
En 2021, el gobierno de la Cuarta Transformación falló a su promesa de integrar esta Reforma Fiscal para el segundo semestre del año y en cambio se presentaron modificaciones en la Miscelánea Fiscal 2022 con el objetivo de incrementar la base de contribuyentes, entre ellos la creación del nuevo Régimen Simplificado de Confianza al que están llamados a integrarse las personas físicas y morales con características específicas, y en ambos casos con responsabilidades distintas.
Sin embargo, estos cambios son similares a los que hicieron en administraciones federales del pasado con el mismo objetivo de incrementar la recaudación y base de contribuyentes. En 1998 se creó el Regimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos), que fue sustituido por el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y este se cambió por el Régimen Simplificado de Confianza.
“Es un buen intento pero estas estrategias de política fiscal para simplificar y aumentar la base tributaria siempre se implementan en cada sexenio y lo que hemos visto es que los resultados no han sido del todo exitosos… Todavía estamos a tiempo de poder atender los problemas, pero sí se va a convertir en un problema en cuatro, cinco años, si no se toman las medidas necesarias para tener un balance fiscal”.
El reporte además señala que los ingresos petroleros, que solían compensar los escasos ingresos tributarios ya no podrán hacerlo toda vez que esta entrada a las arcas públicas ha mostrado una tendencia a la baja durante los últimos años.
Riesgos latentes ante escasez de recursos públicos
El estado de los recursos públicos actuales no solo impactará el destino de recursos a la infraestructura pública, los servicios y el gasto social enfocado en reducir la pobreza, sino también la capacidad para atender el pago de pensiones, que para 2022 será del orden de 5.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
México también se encuentra al final de la tabla respecto a inversión pública entre los países de la OCDE, de acuerdo con el reporte Government at Glance 2021 publicado en junio de 2021.
Cabe destacar que entre 2015 y 2021 el gasto público en inversión total en el país -que abarca el gasto de obra pública, gasto de capital diferente de obra pública y otros gastos de inversión- disminuyó 1.8 puntos porcentuales, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaría (CIEP).
El reporte apunta a que los potenciales cambios se pueden enfocar a un sistema fiscal más distributivo, es decir, que los ciudadanos con mayores ingresos contribuyan más, pero también que las personas más vulnerables reciban mejores bienes y servicios públicos que garanticen su acceso a los derechos básicos.
“Un sistema fiscal que sea sostenible y equitativo, es decir, que en el momento presente el endeudamiento se utilice para hacer inversiones con retornos positivos para la sociedad y la economía en el mediano y largo plazo; y que tal inversión se realice en las necesidades prioritarias de la sociedad”.
